Incomprensible impago de multas medioambientales
SORPRENDE comocer que la mitad de las multas por daños al medio ambiente no llegan a pagarse, por más que la Consejería que dirige Juan Carlos Suárez Quiñones ofrezca argumentos para explicarlo. Son argumentos a todas luces insuficientes, que no explican por completo la impunidad de muchos infractores.
En el periodo comprendido entre 1012 y 2015, los agentes medioambientales o la Guardia Civil elevaron a las distintas delegaciones territoriales de la Junta un total de 35.473 denuncias por cuestiones tales como vertidos tóxicos, caza o pesca ilegal, tala de árboles, etcétera. Del total de denuncias, iniciaron la tramitación un 89,1%, lo que dio lugar a 20.934 expedientes sancionadores a particulares, empresas o incluso ayuntamientos. Por tanto, solo el 59% de las presuntas infracciones acaba en sanción.
La explicación de la Consejería de Medio Ambiente a tan escaso porcentaje se apoya en que en ocasiones no se llega a identificar al infractor, no puede probarse la infracción o se traslada el expediente a otra administración. Si estas circunstancias podrían tal vez explicar que un 41% de los expedientes queden en nada, más difícil es entender las deficiencias en la recaudación. Y es que sólo la mitad de las 20.934 sanciones interpuestas han sido cobradas por la Consejería de Medio Ambiente, que ha ingresado por este concepto 3,9 millones de euros. La provincia con menos ejecución de las sanciones es Valladolid, donde solo se pagan el 24%. En el lado opuesto, en Burgos la efectividad de los expedientes sancionadores a la hora de cobrar alcanza el 98%.
Sobre el elevado porcentaje de multas impagadas, el departamento de Suárez-Quiñones lo atribuye a que pueden encontrarse recurridas en alzada, estar en la vía de apremio, o en periodo voluntario de pago. Lo extraño es que esto ocurra en algunas provincias y no en otras, como se observa con Valladolid y Burgos.
Tampoco son argumentos que convenzan a los agentes medioambientales de la Junta, encargados de denunciar las infracciones, y al a oposición socialista, que considera escandaloso el asunto.
El procurador socialista José Luis Aceves, que protagonizó un fuerte encontronazo con el consejero en las Cortes sobre este asunto, no descarta llevar a la fiscalía sus sospechas de que algunas denuncias se retiran en las delegaciones territoriales. En positivo, propone incluir el pronto pago o agilizar el procedimiento sancionador con un buen sistema informático.
Ambas medidas parecen razonables para combatir la impunidad de los infractores, porque la Administración no debe permitir ni que exista tal impunidad, ni renunciar a unos ingresos que siempre son necesarios.