El 'número 3' de Rajoy
8 DE ENERO de 2009. El consejo de administración de Caja España acuerda por unanimidad aplazar el pago de las deudas de empresas vinculadas a su presidente, Santos Llamas, por 48,2 millones de euros. Al entonces número 1 de la principal entidad financiera de Castilla y León le era imposible pagar los intereses desde finales de 2008. Cuatro años después, en mayo de 2013, tras una genérica denuncia de IU, el fiscal comunica al juez que los administradores de la Caja, entre ellosFernando Martínez-Maíllo, han incurrido en «hechos que pueden ser constitutivos de delito de administración desleal». El ahora flamante número 3 de Rajoy en la dirección del PP, Martínez-Maíllo, autorizó la operación como un administrador más de la Caja y tendrá que declarar tras el verano como imputado.
El fiscal advierte al juez, tras sus investigaciones, que los administradores de Caja España, Maíllo entre ellos, han podido causar un perjuicio a la entidad «que se puede cifrar en torno a los 60 millones». Dado que ha recibido ayudas públicas millonarias a través del Frob, el Ministerio Público, que presenta denuncia contra todos ellos, constata que «indirectamente» han perjudicado los «intereses generales».
Al fiscal se le acababa el tiempo para formular la denuncia y no llegaban los informes del Banco de España. Fue la juez la que tuvo que pedirlos en junio de 2013. Y llegaron en agosto de ese año; con una contundencia sorprendente y acusaciones de gran calado. Sugieren los peritos del Banco de España que hubo trato de favor de los administradores a Llamas, que le permitieron ser presidente de forma ilegal pues no podía serlo alguien que tuviera deudas con la Caja; que le refinanciaron sus créditos sin que aportara más garantías; que incumplieron con él la propia política de riesgos de la entidad; que los administradores eludieron los consejos de los técnicos a la hora de aplazarle pagos porque «no había certeza» de que el constructor Llamas pudiera pagar las deudas en ese plazo…, que le llegaron a devolver de forma «irregular» intereses superiores a un millón de euros, que le daban créditos por encima de la tasación de los activos hipotecados…
¿Conocía Rajoy estas acusaciones antes de nombrar a Maíllo vicesecretario de Organización? Eso sólo lo sabrán él y pocos más. Con que hubiera preguntado a Guindos bastaba. Faltan meses aún para saber si la juez de Instrucción de León archiva el caso o sienta en el banquillo al número 3 de Rajoy en el PP. Todo puede pasar, pero Maíllo tendrá que declarar como imputado porque el fiscal dice que cometió un delito de administración desleal y causó perjuicios a la caja y a los intereses generales. Basta con leer el voluminoso expediente para enterarse.