Justicia y derecho para el Aula

Tras 350 días de sanción Miguel Ángel Peñas volvió al banquillo del Aula. Casi un año apartado de las pistas por unas desafortunadas declaraciones. Sólo palabras.

No voy a entrar en el fondo, ni en la forma de aquella rueda de prensa. Tampoco en la idoneidad o el acierto de los Comités de la Federación, ni la motivación poco jurídica del Tribunal Administrativo del Deporte.

Lo que merece comentario es que una sanción de seis meses haya durado casi un año. La sanción, sin precedentes, fue impuesta con rigor excesivo, tras las inapropiadas amenazas de castigo ‘implacable’ del presidente de la federación.

El artículo 68 del Reglamento Disciplinario sanciona «con la inhabilitación para ocupar cargos, suspensión o privación de licencia federativa y/o acreditación estatal, de un mes a dos años, o de cuatro o más encuentros en una misma temporada, y/o multa de 601,00 a 2.405,00 euros» una serie de infracciones, entre las que se encuentran, en la letra, ‘c’ «Las manifestaciones públicas desconsideradas y ofensivas hacia personas o entidades integradas en la organización federativa … .» El abanico de posibles sanciones contemplaba desde cuatro partidos, o un mes de suspensión, o 600 euros, como sanciones más leves, hasta la más grave suspensión por dos años.

A pesar de que el Comité dijo tener en cuenta el arrepentimiento, la sanción no aplica el grado mínimo -al existir una atenuante, así debía ser-, sino el grado medio de una de las opciones previstas; es decir, sin computar atenuante ninguna.

Además, el Reglamento disciplinario señala, en el artículo 21, que «… la sanción…, se computará de fecha a fecha, suspendiéndose su ejecución a partir del último partido anterior a la interrupción o finalización de la competición oficial concreta y reanudándose desde el reinicio de ésta». Es decir, no cuenta el largo parón veraniego, ni el parón por el Campeonato del Mundo de selecciones.

No parece que el artículo 21 cumpla con principios del derecho sancionador o deportivo, rozando derechos constitucionales. Puede ser «conforme a derecho», pero no me resulta «conforme a Justicia», si se me permite la expresión. Quizás, la Federación Española debería revisar ese párrafo del Reglamento Disciplinario. Para evitar atropellos como el de Peñas.

Juan Hernández es Socio-Abogado de Negotia-Sportlex