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Redacción de Valladolid
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DESPUÉS del proceso de primarias en el Partido Popular de Castilla y León, resulta chocante que quienes salieron elegidos por sus afiliados autonómicos y provinciales, puestos en la tesitura de encontrar al sucesor de Mariano Rajoy, opten por una candidatura única de consenso, que no obligue a elegir entre diferentes opciones. Viene a ser una confesión espontánea de disgusto con las primarias que los eligieron a ellos mismos. Pero esta nota ambiental, en la festividad salmantina de San Juan de Sahagún, tampoco traspasó los límites de un pleno adormidera, cuyo orondo orden del día no guardaba más sustancia legislativa que la modificación de las áreas funcionales estables fijadas en 2014, cuyo proyecto de ley ocupa tres páginas de texto y dos de apéndices.

Para gestionar estos excesos, el pleno que arrancó con una hora de antelación sobre el comienzo habitual, y las intervenciones de Herrera, que pontifica con la desenvoltura de quien ya ve los toros desde la barrera, fueron fijando posiciones a sus controladores, sin reparar en quienes le aplauden, que ofrecían más de un argumento para el chascarrillo. Por ejemplo, esa incomodidad sobrevenida con el proceso partidario de primarias, que permite sospechar que la fórmula no gusta cuando no se puede controlar. Sí tuvo desparpajo Herrera para servírselo con salitre a los Luises Tudanca, portavoz socialista, y Fuentes, de Ciudadanos. A Tudanca, que preguntó por los efectos de la política de empleo en los servicios públicos, lo despidió con una enhorabuena irónica por su influencia en el nuevo gobierno de España. Y a Luis Fuentes, de Ciudadanos, que interrogó sobre el cumplimiento de su compromiso de investidura para mejorar la calidad política en Castilla y León, le atribuyó su aparente bajo estado de ánimo a que las encuestas no siempre soplan a favor.

Esos arranques irónicos con Tudanca y Fuentes adoptaron un aire más severo con Pablo Fernández, de Podemos, y José Sarrión, de Izquierda Unida, con quienes la disputa verbal fue menos considerada en adornos. Al fin y al cabo, con Tudanca tuvo el espacio de acuerdo de atribuir al esfuerzo de sus empleados públicos el buen resultado de la política sanitaria, educativa y social de la Junta, mientras la disputa se instalaba en los mordiscos a ese empleo público, que el controlador considera menguado y el presidente más amplio que nunca, con un incremento de 9.500 plazas en esta legislatura, hasta alcanzar la cifra de 86.000 empleados públicos. De ellos, 35.400 sanitarios, la cifra más alta gestionada por Sacyl. También con Fuentes, hablando de calidad democrática, tuvo la oportunidad de agradecer sus aportaciones, sin atender los reproches de despilfarro en oficinas exteriores y de bloqueo en la comisión de las eólicas. Ni Pablo Fernández, de Podemos, ni José Sarrión, de Izquierda Unida, ofrecían ese espacio de encuentro desde el que discrepar. Porque Pablo disparó con la creciente precariedad del empleo, que machaca en especial a las mujeres, y Sarrión con la pérdida de 1.400 empleos derivados de la clausura del tercer turno en Renault, apelando a la inspección de trabajo para que controle sus manejos de contratación eventual.

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