Investigan a 16 personas por fraude en la conservación de carreteras de Zamora
El juzgado encausa a cuatro funcionarios de Fomento y empleados de la concesionaria del mantenimiento de la N-525, A-52 y A-66
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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Puebla de Sanabria (Zamora) investiga a 16 personas, entre ellas, cuatro funcionarios del Ministerio de Fomento y directivos, titulares y trabajadores de la empresa concesionaria de las obras de conservación de las carreteras N-525, A-52 y A-66, por defraudar al Ministerio de Fomento en el mantenimiento de estas vías.
Esa instancia judicial acordó que continúen las diligencias abiertas por el presunto fraude al Ministerio de Fomento en la gestión del mantenimiento de las carreteras en las comarcas de Sanabria y La Carballeda por los trámites de procedimiento abreviado contra esas 16 personas, a las que se les atribuyen delitos como prevaricación, estafa, apropiación indebida, fraude, cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos y hasta pertenencia a organización criminal, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Los hechos juzgados, que se produjeron entre los años 2006 y 2011, se refieren a la facturación al Ministerio de Fomento por cantidades de sal destinada al período de vialidad invernal muy superiores a las realmente adquiridas por la UTE o esparcidas en las carreteras.
Además, se baraja la posibilidad de que se haya adquirido sal procedente de Portugal, de desecho de bacaladeras para extenderla en las carreteras y que se facturó como sal de mina o sal marina. «Incluso uno de los investigados llegó a constituir una empresa para tal fin», precisaron las mismas fuentes.
Viviendas particulares
Igualmente, el Juzgado investiga la realización de diversos trabajos en viviendas particulares para funcionarios y trabajadores, con cargo al Ministerio de Fomento, y el gasto en comidas, viajes, estancias en hoteles, asistencias a cursos y espectáculos públicos, compra de regalos, reportajes de gasolina y hasta el alquiler de un vehículo para uso personal de una de las personas investigadas, informa Ical.
El Juzgado ha dado traslado al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado para que, teniendo en cuenta la «complejidad y extensión» de la causa, en el plazo de 20 días soliciten la apertura del juicio oral, formulando un escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. Contra dicha resolución se puede interponer recurso de reforma ante el Juzgado en el plazo de tres días hábiles y, en el plazo de cinco días hábiles, recurso de apelación directa o subsidiaria ante la Audiencia.
La causa, iniciada en 2012 y declarada secreta durante casi dos años, conllevó una labor exhaustiva por parte del Juzgado de Puebla de Sanabria, en colaboración con la Fiscalía Provincial de Zamora y con la Policía Judicial de la Guardia Civil de Zamora. Comprende catorce tomos principales y una pieza separada que fue transformada posteriormente en diligencias previas por delitos de estafa, cohecho y falsedad documental, entre otros.
En esa pieza figura como investigado un funcionario de Fomento que ostenta la misma condición en el procedimiento principal. Respecto a esta pieza separada, se dictó auto de Procedimiento Abreviado el 2 de junio contra 7 investigados. La investigación incluyó entradas y registros para recabar documentación, informes periciales y de la Agencia Tributaria, además de la toma de declaración a los investigados y a más de 50 testigos.