Francisco Esgueva atribuye el cobro de 47 M€ de las eólicas a su hermano
El investigado se desmarca de la trama y afirma que se dedicó desde 2005 al sector del cartonaje
Francisco Esgueva, a la derecha, con su abogado a la llegada al juzgado.-ICAL
El empresario Francisco Esgueva, investigado en la ‘trama eólica’ que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, se desmarcó ayer del negocio de los parques eólicos y sostuvo que fue su hermano Alberto, también inmerso en la misma causa, el que se benefició en exclusiva del convenio suscrito en 2004 con Iberdrola que le reportó más de 47 millones de euros, y ello a cambio sólo de una mínima inversión de poco más de 24.000 euros.
El que fuera uno de los administradores de la empresa San Cayetano, quien declaró por espacio de más de dos horas ante la juez del caso Verónica Marcos, negó, fundamentalmente a preguntas del Fiscal Anticorrupción Tomás Herranz, haber obtenido beneficio alguno del convenio que el grupo familiar, integrado por él y su hermano Alberto, firmó en diciembre de 2004 con Iberdrola para el desarrollo de parques eólicos, informa Europa Press.
En su declaración, tal y como desveló su abogado, Fernando Cantalapiedra, el investigado aseguró que él se desvinculó del negocio eólico en enero de 2005 cuando su hermano Alberto se hizo con la totalidad de las participaciones sociales de la filial San Cayetano Wind S.L, a través de la cual este último obtuvo más de 47,1 millones de euros tras vender a Iberdrola su participación en Energía Global Castellana.
Esta sociedad la habían constituido Iberdrola y San Cayetano, al 60% y el 40% respectivamente, para agilizar autorizaciones de parques eólicos que la eléctrica promovía y que hasta la entrada del nuevo accionista estaban paralizados.
«Francisco optó por quedarse con la totalidad del negocio del cartón y Alberto con el de las eólicas, con lo que todo lo acontecido a posteriori, junto con las plusvalías obtenidas lícitamente, atañe única y exclusivamente a su hermano», dijo el letrado del primero de ambos Esgueva, quien hace unos meses fue inhabilitado por un periodo de dos años por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valladolid tras comprobarse su responsabilidad en el concurso culpable de la empresa de cartonajes San Cayetano, sita en Aldeamayor, posteriormente adquirida por una mercantil valenciana.
La jornada de testificales continuó con el interrogatorio, en calidad de investigado, de Marc Nadelar, cuya declaración, en opinión del abogado de Ecologistas en Acción -ejerce como acusación popular- Emilio Martínez, fue la típica de un «testaferro», en el sentido de que el declarante se limitó a indicar que «aceptó domiciliar, constituir y apoderar distintas sociedades tan sólo por amistad con el abogado Jesús Rodríguez Recio», quien ya declaró como investigado y a quien se considera, a su vez, hombre de paja o tesfaterro del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado.
«No sabe por qué ha adquirido parques eólicos y dice que fue sólo por amistad y que no ha cobrado un euro», apostilló el acusador para cimentar su convicción de que Nadelar es un «testaferro de testaferro».
El broche a los interrogatorios lo puso el ya ex jefe del Servicio de Industria de la Delegación Territorial de la Junta en Soria, Gabriel Ángel Jiménez Martínez, quien, también como investigado, reconoció, a diferencia de su anterior declaración ante Fiscalía Anticorrupción, la existencia de una reunión en la que el aludido Rafael Delgado llamó a capítulo a sus homólogos en las distintas provincias para que a partir de entonces dieran preferencia en la tramitación de autorizaciones a empresas concretas que aparecían recogidas en una lista.
«Desde el punto de vista administrativo se pone en evidencia que el tema de las eólicas lo han llevado en exclusiva cuatro personas de los servicios centrales y, aunque formalmente la tramitación se seguía en los distintos servicios territoriales, toda la planificación, decisiones, cambios de accionariado y de promotores lo resolvían estas personas, los sucesivos directores del Ente Regional de la Energía, un técnico informante, el viceconsejero y quien les sometiese a control", resumió Emilio Martínez.
Éste situó en lo alto de la cúspide decisoria o del escalafón al entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, el último de los ser incorporados a la causa como investigado, «salvo que la Administración de Castilla y León esté constituida por un grupúsculo anarquista, que todo puede ser al paso que va la cosa», dijo el letrado irónicamente.