Ignacio Ferreras cree que los reequilibrios no han primado a la empresa aunque elevan el precio del contrato a 1.647 millones

El director técnico general de la Dirección General de Administración e Infraestructuras, Ignacio Ferreras, consideró hoy que los tres reequilibrios aplicados por los modificados de obra y equipamiento en el proyecto inicial del Hospital de Burgos no han beneficiado a la concesionaria, aunque afirmó que han elevado el precio del contrato a los 1647 millones de este momento.

En la su comparecencia en la comisión de investigación sobre los repetidos sobrecostes, el estado actual de su infraestructura, las modificaciones de las adjudicaciones y el presupuesto final del Hospital Universitario de Burgos, Ferreras detalló los tres reequilibrios financieros del contrato con la sociedad concesionaria y afirmó que tampoco alteró su precio, aunque podía haberlo hecho de ser favorables, las cuatro resoluciones de interpretación contractual entre la Administración y la firma que ejecutó la obra por el modelo público privado.

El técnicó apuntó al respaldo judicial tanto del TSJ como de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que archivó en marzo de 2015 la denuncia del PSOE de Burgos en la que no apreció responsabilidad contable. Así, explicó que el Tribunal de Cuentas compartió el auto del ministerio fiscal de enero de 2015 en que se modificó el contrato para establecer los reequilibrios cumplió la legalidad y no hubo menoscabo a los fondos de la Comunidad.

El primer reequilibrio de noviembre de 2010 aumentó el precio del contrato en 133 millones, que se abona en 13 pagas anuales entre 2013-2025; el segundo en 152 millones, que se amortiza en 11 pagas entre 2012-2022; y el tercero en 179 millones para incorporar los costes de explotación y las inversiones temporales, que se abona a través de un canon mensual durante la vida de la concesión.

El socialista Luis Briones calificó el expediente del Hospital de Burgos como un “saco sin fondo en el que cada vez que la concesionaria ha hecho saber un gasto, sin riesgo y ventura, se ha pagado por la Junta”, algo que no compartió el compareciente, quien aseguró que la Administración “siempre ha sido beligerante” tanto en defensa de la legalidad, lo que enmarcó en que han tenido en cuenta las reclamaciones de la concesionaria aunque les “dolera, siempre que fueran razonables”, y de los intereses generales.

Así, manifestó que en el primer y segundo reequlibrio se recogieron la mayor parte de las consideraciones de la concesionaria al ser "coherentes" con la oferta inicial, pero añadió que en el tercero, a su juicio, "las pretensiones de la sociedad concesionaria se alejaban más de la oferta del contrato" y fueron rechazadas en su mayor parte y está en el juzgado.    

Briones precisó, en relación a la denuncia interpuesta por su partido, que el fiscal si observó responsabilidades en el aumentó de la inversion inicial de 209 a 314 millones, pero añadió que se corrigió esa interpretación tras las alegaciones de la Consejería de Sanidad. Aun así, insistió en que los modificados y los reequilibrios a los que dio lugar no están justificados para su grupo.

José Sarrión (IU) censuró el “grave error” de la Administración al no realizar un seguimiento de la obra y llegar a un retraso desde el quinto mes de inicio sin que fuera sancionado por el órgano de contratación. “Se legitimó el retraso”, remarcó, a la vez que centró sus criticas en un “modelo económico que ha lastrado el gasto público”.

Laura Domínguez (Podemos) se mostró “más preocupada” por que el aumento del coste se deba a necesidades que no ve justificadas en este momento, así como por servicios no recogidos en el proyecto inicial. “Se ha sido extremadamente genero, igual se han pagado dos veces el mismo concepto”, incidió Manuel Mitadiel (C's).

El popular Ángel Ibañez separó el aumento del precio del contrato, un 37 por ciento, del aumento de la inversión, un 50 por ciento, derivado de nuevas necesidades, como antes explicó Ferreras, además valoró que éste utilizara la palabra “beligerante” con la legalidad y concluyó que en caso de que se hubiera querido favorecer a una empresa por parte de un político los técnicos habrían “salvaguardado los intereses económicos y la legalidad”.

Retraso en la explotación

Ibañez se detuvo en preguntar si a la vista de los reequilibrios se ha beneficado a la concesionaria y en si el compareciente estaba de acuerdo con las conclusiones de la denuncia socialista. “Los reequilibrios, a mi juicio, no han beneficiado a la concesionaria”, respondió Ferreras, que explicó que paga lo mismo y que han querido reproducir el modelo económico inicial.

En tal sentido, opinó que la oferta era la más económica, rayando la “temeridad”, y añadió que “es posible que no obtenga ningún beneficio”. También, cifró en 654 millones las discrepancias entre Junta y empresa y recordó que el tercer reequilibrio está en el juzgado.

Tras escuchar esa argumentación, Ibañez valoró que se desmonta la denuncia de la oposición de que exista “trato de favor” a la concesionaria y de que la sanidad sea un “negocio” en Burgos y Castilla y León. “Ha sido una intervención muy esclarecedora”, zanjó.

En relación a que se haya tenido que compensar a la empresa por 17 meses de retraso en la explotación, algo por lo que preguntaron Mitadiel y Briones, en concreto, el técnico explicó que la concesionaria esperaba contar con ingresos en 2010 y 2011 -la obra se inició en 2006- pero los modificados realizados por la Gerencia de Salud llevaron a una ampliación de plazo en la puesta en servicio de la infraestructura. Así, indicó que se termina el 14 de diciembre de 2011 y en noviembre del mismo año se acuerda el plan de equipamiento.

Durante su comparecencia, Ignacio Ferreras no entró en el modelo de concesión, cuestionado en particular por Sarrión y Briones, ni en los modificados, al entender que se produjeron por nuevas necesidades argumentadas y justificadas por los expertos médicos y sólo habló de la legalidad al emitir los informes sobre los reequilibrios.