El policía vallisoletano, tras la sentencia del TSJ: “Es un aburrimiento tener que estar detrás de la administración”

“Es un aburrimiento tener que estar detrás de la administración”. Así resume un policía vallisoletano de 48 años la sensación que le deja una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), cuya resolución condena al Estado a pagarle 3.600 euros por las secuelas de una agresión que sufrió en acto de servicio hace más de una década. La alegría por el dinero, según asegura, no le compensa, y pesa más el "hartazgo" de un camino que comenzó una madrugada de febrero de 2012 en Aranda de Duero (Burgos).

Los hechos ocurrieron durante un control rutinario en el polígono industrial Allendeduero. “En ese momento había muchos robos en esa zona”, relata el agente.  

La noche de la intervención, dos compañeros dieron el alto a dos personas. La situación se complicó. “Estos chicos eran aficionados a artes marciales, empezaron a contestar mal y se enfrentaron a los compañeros. Nos pidieron ayuda y llegamos allí volados”. Al llegar, la escena era "tensa". "Uno de los sospechosos, un hombre de gran envergadura, estaba en el suelo con mi antiguo jefe. Yo me puse con el más grande. Durante la inmovilización hubo varios golpes", detalla. Como resultado, sufrió la desviación de una falange en el pulgar de la mano derecha. “Cierro la mano con dificultad y temblores”.

Un tribunal condenó a los agresores por un delito de atentado a agente de la autoridad. La sentencia les obligó a indemnizar a los policías. Al protagonista de esta historia le correspondían cerca de 5.100 euros. Pero el cobro se convirtió en un goteo interminable. “Al principio le fueron rascando poco a poco de la cuenta, le pegaban mordidas. Él mantenía su cuenta en mínimos para que no le quitasen. Yo sabía que trabajaba ocho horas, pero había pedido la mitad de jornada para evitar pagarme”. Tras años de pagos mínimos y dos años finales sin recibir nada, la deuda pendiente se fijó en 3.600 euros.

Fue entonces cuando, junto a su sindicato Jupol, decidió reclamar a quien considera el responsable final de su protección, la Administración General del Estado. Inició un procedimiento contencioso-administrativo basado en el principio de indemnidad. Este principio obliga al Estado a resarcir a sus funcionarios por los daños sufridos en acto de servicio cuando el culpable resulta insolvente. La Dirección General de la Policía rechazó su petición. Alegó que la acción había "prescrito", según apunta el sindicato a través de un comunicado.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desmontado ese argumento. La sentencia establece que el plazo de cuatro años para reclamar no empieza a contar desde que ocurrieron las lesiones, ni desde la primera declaración de insolvencia del agresor. La clave está en el momento en que el agente tiene conocimiento oficial y fehaciente de la insolvencia. En este caso, el tribunal fija esa fecha en el 22 de noviembre de 2023, cuando el policía recibió una notificación por correo electrónico. La reclamación administrativa se presentó en marzo de 2024, dentro del plazo legal.

Para el policía, la victoria judicial es agridulce. “La palabra es aburrimiento. El dinero es una alegría que a mí no me lleva a ningún lado”. Lo que le queda es el recuerdo del proceso. “Es el hartazgo de estar detrás de la administración, tener que juntar tanto papeleo, tanto informe médico, forense... Esperar a que se resuelvan las sentencias, luego estar detrás del juzgado. Todo eso genera hartazgo, desgaste y cansancio”. Lamenta además que los intereses de la indemnización se calculen desde que presentó la instancia en 2023 y no desde que se dictó la sentencia original en 2013.

En aquella intervención participaron otros tres compañeros. También sufrieron lesiones, como erosiones y contusiones diversas. “Ellos también fueron valorados para ser indemnizados, si bien desconozco si han llegado a cobrar lo que les correspondía”, explica. Recuerda una particularidad del proceso que le explicaron en el juzgado. “Se paga de las indemnizaciones más altas a las más bajas. Los últimos en cobrar eran quienes habían sufrido menos perjuicios”.