Casi mil jóvenes apuestan por emprender en la agroganadería de Castilla y León

La nueva convocatoria de ayudas para la incorporación de jóvenes al sector agrario en Castilla y León ha marcado un punto de inflexión en el relevo generacional del campo. Según los datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, este año se han registrado 958 solicitudes de jóvenes que quieren emprender en agricultura y ganadería, lo que supone un 33 % más que la media de los últimos cinco años. Esta cifra confirma que, pese a las dificultades del sector, el campo se consolida como una opción profesional real para muchos menores de 41 años en la Comunidad, respaldados por un paquete de ayudas públicas que puede alcanzar los 100.000 euros por proyecto y que está diseñado para facilitar la entrada de nuevas generaciones en las explotaciones agrarias.

El volumen de solicitudes no solo es elevado, sino que dibuja un perfil diverso de los nuevos emprendedores rurales. De los 958 expedientes presentados, el 27 % corresponde a mujeres, lo que refuerza el papel femenino en un medio tradicionalmente masculinizado. En cuanto a las orientaciones productivas preferidas, destacan los proyectos ligados a cultivos herbáceos, con 401 solicitudes, seguidos por el bovino de carne (232), las iniciativas mixtas de cultivo y ganado (71) y el sector ovino (62), lo que refleja la importancia de estos segmentos en la estructura agraria de Castilla y León. La convocatoria forma parte de un paquete global de 100 millones de euros que incluye, además de la incorporación de jóvenes, líneas específicas para la modernización de explotaciones —con 1.422 solicitudes— y para objetivos medioambientales, con 233 peticiones, configurando un bloque de apoyos que persigue al mismo tiempo rejuvenecer el sector, actualizar las explotaciones y orientarlas hacia una mayor sostenibilidad.

TENDENCIA AL ALZA

El aumento de interés que reflejan las 958 solicitudes se inscribe en una tendencia de crecimiento continuado en los últimos años. En esta misma legislatura, la convocatoria de 2022 permitió la incorporación efectiva de 609 jóvenes, con 33,4 millones de euros de ayuda pública, mientras que la de 2024 se saldó con 673 jóvenes incorporados y 42,8 millones de euros concedidos. Ahora, el número de aspirantes supera con creces esas cifras, lo que obliga a una tramitación administrativa intensa pero también anticipa un refuerzo notable del tejido productivo agrario si la mayoría de expedientes se resuelve favorablemente. Según la propia normativa, todos los jóvenes que cumplan los requisitos pueden acceder a una ayuda que puede llegar hasta los 100.000 euros por explotación, con un anticipo del 60 % una vez se comprueba el inicio del plan empresarial, lo que proporciona liquidez en una fase clave de inversiones y puesta en marcha. En paralelo, la Junta vincula este interés a un repunte de la formación específica: los ocho centros de Formación Profesional agraria de la Comunidad suman 761 matrículas, un 28 % más que en cursos anteriores, de acuerdo con los datos difundidos por la propia Consejería, reforzando la idea de que existe una base de jóvenes formados dispuestos a profesionalizar su actividad en el medio rural.

El instrumento central que canaliza este relevo generacional son las llamadas ayudas de incorporación, vinculadas a la intervención de desarrollo rural 6961.1 «Establecimiento de personas jóvenes agricultoras». Su objetivo es favorecer el establecimiento de jóvenes en el sector, facilitando la entrada de agricultores adecuadamente formados y, en particular, promoviendo el relevo generacional, la creación de empleo y el desarrollo empresarial sostenible en las zonas rurales de Castilla y León. Estas ayudas se integran en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027 y están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), la Administración General del Estado y la propia Comunidad Autónoma, lo que sitúa estas convocatorias dentro del marco europeo de apoyo al campo.

Los beneficiarios potenciales son agricultores jóvenes que realizan su primer establecimiento y no han recibido con anterioridad una ayuda de primera instalación. La normativa fija una franja de edad muy clara: pueden solicitar la ayuda quienes tengan entre 18 y 40 años en el año de presentación de la solicitud, es decir, quienes no hayan cumplido 41 años durante ese ejercicio. Además, deben acceder por primera vez a la titularidad de una explotación en alguna de las modalidades previstas: titularidad exclusiva, acceso a la cotitularidad, integración como socio en una entidad asociativa con personalidad jurídica o incorporación en titularidad compartida. Uno de los elementos clave de estas ayudas es que exigen un compromiso real con la actividad agraria y con la estructura productiva de Castilla y León, primando a quienes apuestan por explotaciones profesionales y viables en el tiempo.

La capacitación profesional agraria es otro pilar fundamental. Para acceder a la ayuda, el joven debe poseer, en el momento de la solicitud, un nivel de formación suficiente o comprometerse a adquirirlo en un plazo de tres años desde la fecha de establecimiento y, en todo caso, dentro de los cinco años posteriores a la concesión de la subvención. Esa capacitación puede acreditarse mediante diferentes vías: desde un título de Formación Profesional de grado medio o equivalente hasta el certificado del curso de «Incorporación a la Empresa Agraria» impartido por la propia Comunidad, pasando por cursos de capacitación agraria de al menos 150 horas lectivas o certificados de profesionalidad vinculados al sector en el que el joven vaya a trabajar. De este modo, las ayudas no solo cofinancian inversiones, sino que van ligadas a una exigencia de profesionalización y formación técnica que busca elevar el nivel de gestión de las explotaciones.

Junto a la edad y la formación, la normativa exige que el solicitante presente un plan empresarial que demuestre la viabilidad de la explotación. Este plan debe acreditar que la explotación alcanzará un mínimo de renta unitaria de trabajo igual o superior al 20 % de la renta de referencia y un volumen de empleo de al menos media Unidad de Trabajo Agrario (UTA). La ayuda se concibe, por tanto, como un apoyo a proyectos con cierto tamaño económico y capacidad de generar empleo, buscando no solo mantener sino reforzar la actividad agraria en el territorio. Además, la solicitud debe presentarse, como máximo, 24 meses después de la fecha de establecimiento, y quedan excluidos quienes ya figuren en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León (Reacyl) como jefes de explotación o hayan cotizado a la Seguridad Social por actividad agraria en los 24 meses previos a la solicitud, precisamente para asegurar que se trata de nuevas incorporaciones.

Una vez concedida la ayuda, el joven asume una serie de compromisos de permanencia y ejercicio efectivo de la actividad. Entre ellos, debe iniciar la aplicación del plan empresarial y acreditarlo dentro de los 12 meses siguientes a la concesión y el plan tendrá una duración máxima de cinco años desde esa fecha.