Un "semáforo" detallaba las preferencias de la trama eólica de Castilla y León sobre la tramitación de los parques

Nueva vista este martes en el largo proceso de la trama eólica. El que fuera jefe del Servicio de Industria de Soria desde julio de 1995, Gabriel Ángel Jiménez, ha reconocido que durante el periodo investigado en la 'trama eólica' estuvieron circulando lo que ha denominado como "semáforos" o listados, con los colores verde, amarillo y rojo, que determinaban la fase de tramitación en la que se encontraban las solicitudes de parques eólicos, avalando así la tesis de los acusadores de que los más avanzados se encontraban aquellos que daban entrada en su accionariado a socios locales.

El interrogatorio al exresponsable de Industria en la provincia de Soria durante dieciséis años, ya jubilado desde hace catorce, ha estado centrado en cómo se tramitaban las solicitudes de parques antes de que la Dirección General de Energía y Minas dictara en abril de 2004 la polémica figura de la avocación que concentraba en manos del principal inculpado en la supuesta trama, el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, la facultad de autorizar proyectos que hasta entonces eran validados en las distintas provincias.

Únicamente antes de 2004 se acudía a la Dirección General para que ésta resolviera cuando varios proyectos entraban en competencia y en cada provincia los jefes territoriales de Industria centraban su trabajo, antes de conceder la autorización, en determinar si los promotores de iniciativas que no colisionaban territorialmente habían establecido la evacuación a la red a través de las suministradoras Iberdrola o bien Eléctricas Reunidas de Zaragoza.

El testigo, quien en fase de instrucción llegó a figurar como investigado, ha recordado que a partir de 2004 existían "semáforos, sin sello ni nada", que especificaban el devenir de unos y otros proyectos, los más avanzados o preferenciales en su tramitación en color verde, otros en amarillo en fase más lenta y los últimos en rojo porque se encontraban paralizados, circunstancia esta última que todas las acusaciones atribuyen al hecho de que sus promotores no querían dar participación en su negocio a otros empresarios locales.

El exjefe de Industria de Soria, en declaraciones recogidas por Europa Press, sí ha defendido la conveniencia de la figura de la avocación debido a que por aquel entonces había una "avalancha" de solicitudes, más de cuatrocientas, y, a su juicio, "era normal intentar ordenar, racionalizar o centralizar todo ese volumen", afirmación que ya hizo también en su día durante la fase de instrucción, al tiempo que ha asegurado desconocer que se exigía dar entrada en el accionariado a empresarios locales. "Sólo descubrí la figura del socio local cuando en su momento recibí la querella del Ministerio Fiscal", ha advertido, quien durante su testimonio ha precisado que las indicaciones por aquel entonces las recibía del director de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, y del jefe de Eólicas, Tomás Ciria, "nunca directamente de Rafael Delgado".

También ha declarado su sucesora en el puesto entre 2012 y 2018, María Araceli Conde, quien ha coincidido con el anterior en la "inmensa" lista de solicitudes que se encontró para la promoción de parques eólicos pero ha apuntado que en su etapa ya había sido derogada la figura de la avocación, de forma que las autorizaciones volvieron a manos de los servicios territoriales de Industria. Ha recordado que debido a ese enorme trabajo fue preciso reorganizar el servicio y asignar a dos personas "reordenar los expedientes", algo que no se logró hasta pasados dos años.

No ha sido interpelada la testigo por la existencia de los citados "semáforos", a pesar de que durante la instrucción de la causa llegó también a recordar literalmente que un día se encontró en un "cajón" este tipo de listados que recogían la fase en la que se hallaba la tramitación de los parques eólicos.

Contactos entre Villanueva y el presidente de Red Eléctrica

La nueva jornada celebrada en la Audiencia de Valladolid ha contado también con el testimonio de Luis Imaz Monforte, director de Operación del Sistema de Red Eléctrica entre 1988 y 2016, quien ha recordado que su cometido era la interlocución con las distintas comunidades autónomas, a través de sus direcciones generales de Energía y Minas. Eran las CCAA las que autorizaban los proyectos eólicos y REE se encargaba de calcular si las potencias de esas iniciativas respetaban las capacidades en megavatios de los distintos nudos de evacuación.

Lo más llamativo de su declaración se ha producido a preguntas del abogado de Rafael Delgado sobre un escrito que el responsable de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, le dirigió al testigo el 30 de septiembre de 2008 con un listado de parques eólicos en funcionamiento y en construcción que había sido actualizado en una reunión previa entre el entonces consejero de Economía, el ya fallecido Tomás Villanueva--estuvo investigado en la causa--y el presidente de Red Eléctrica.

"Parece ser que sí, que había interlocución entre ambos mandatarios", ha contestado Imaz pese a advertir de que no recordaba dicho escrito con el que la defensa de Delgado pretende avalar la tesis de que su cliente se limitaba a cumplir las órdenes que le daba directamente el máximo responsable de la Consejería de Economía y vicepresidente de la Junta.

Quería la mitad de las acciones

Por su parte, el vicepresidente segundo de la empresa Preneal, Héctor García, ha relatado cómo su objetivo de entrar en el sector eólico se encontró con las exigencias de dar entrada como socio a Iberdrola y cómo su interlocutor en la hidroeléctrica, cuyo nombre no recuerda, mantuvo una actitud que no le gustó nada al imponer sus exigencias, de ahí que buscó como socio local al grupo Collosa y entonces obtuvo el visto bueno.

"Es un señor que me cayó muy mal porque me preguntó si ya habíamos recibido instrucciones de regalar más de la mitad de las acciones", ha incidido el testigo sobre el representante de Iberdrola, quien se supone que ese representante de Iberdrola actuaba en nombre de responsables de la Junta, "de quien más mandara".

La jornada ha servido igualmente para conocer también los devaneos en el mundo del periodismo deportivo del principal inculpado, Rafael Delgado, tras asociarse con Arturo San Emeterio Puertas en la creación de la mercantil 'Ídolos Sport' consistente en la puesta en marcha de un periódico en Valladolid dirigido a divulgar el deporte escolar.

A este respecto, San Emeterio ha explicado que entrenaba a alumnos en Maristas y conoció allí a Delgado porque llevaba a sus hijos. A partir de ese momento contactaron para la puesta en marcha de 'Ídolos Sport', de forma que el testigo se hizo cargo de la parte periodística y Delgado del resto, entre otros cometidos de la búsqueda de patrocinadores, aunque solo recuerda una donación obtenida por importe de 21.605 euros pero no de otras dos más de 21.900 y 24.000 euros que fueron a parar a una cuenta en Ibercaja que habían abierto.

Otro de los acusados en la trama eólica, el abogado Jesús Rodríguez Recio y presunto testaferro del viceconsejero, se ocupó de la facturación de la mercantil periodística.

El juicio prosigue este miércoles con una nueva sesión de testificales. La supuesta 'trama eólica' consistía en exigir a los promotores de parques eólicos ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que debía ser próxima al 40 por ciento.

El conjunto de las penas de cárcel que solicita el Fiscal Anticorrupción para los trece encausados se eleva a 123,5 años de cárcel y 850 millones de euros de multas. La mayor de las penas, 42 años y multa de 239 millones de euros, es para Rafael Delgado, como presunto cabecilla de la trama al dictado de las indicaciones del entonces consejero del ramo ya fallecido, Tomás Villanueva.