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Valladolid Alta Velocidad pide un año más a la banca para devolver 125 ME

Los acreedores exigen antes del 31 de diciembre el primer pago de un crédito de 400 millones / Ayuntamiento, Junta y Adif dicen que no tienen dinero y que ese abono torpedearía el proyecto

M. A. Vergaz
01/10/2015

 

El soterramiento del ferrocarril en Valladolid depende ahora de los bancos. Reclamaron 125 millones a la sociedad Valladolid Alta Velocidad compuesta por el Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla yLeón y Adif. Un dinero al que ninguno de los tres puede ahora hacer frente.

El concejal de Hacienda de Valladolid, Antonio Gato, que asistió a la reunión celebrada en Madrid, en la sede de Adif y explicó a este periódico que los tres socios de Valladolid Alta Velocidad 2003 plantearon sus cartas a los bancos acreedores: o les dan un año más de plazo para hacer frente a esa deuda o el soterramiento no pasará de ser un túnel sin salida, ya que el abono de tan importante cantidad haría imposible realizar el proyecto.

Los 125 millones son una parte de los 400 millones que los bancos prestaron y que, de no alcanzarse un acuerdo, quedarían en gran parte enterrados, ya que el pago de una parte conduciría a un crack, sobre el total que tendría que estar saldado.

En total, se han dispuesto 275 millones, una cantidad superior a la prevista, que obligaba al abono de esos 125 millones antes del 31 de diciembre. Adif tendría que hacer frente a un 50%, la Junta a un 25% y el Ayuntamiento a otro 25%. «Un pago que dispararía el techo de gasto de una manera imposible», indicó ayer Gato, quien aseguró que la petición de un año de moratoria es «muy razonable, ya que los talleres de Renfe ya se están trasladando y daría tiempo a poner parcelas a la venta».

Pero la reunión en la sede de Adif terminó sin acuerdo y con todos sus jugadores con una cara de poker propia de una partida inconclusa y en la que todo el mundo tiene algo que perder. «Por un lado, nos exigen el dinero, por otra parte, señalan que esperaban una propuesta por nuestra parte», explicó Gato y señaló además que la corporación a la que representa se encuentra en desventaja.
«Pedimos el contrato de crédito concedido que hasta ahora no teníamos y que debemos estudiar a fondo. Hasta ahora suponemos que la garantía del préstamo eran los terrenos, pero habrá que ver.Los servicios jurídicos deben estudiarlo.La propuesta para renegociar debe estar en unos 15 días», explicó el concejal de Hacienda.

Añadió que también debía informarse sobre dos refinanciaciones que ha sufrido el crédito original.
La baza de los financieros estaría en reclamar los terrenos que se pusieron como garantía para el préstamo. Pero la valoración de estos ha ido a la baja. De una primera tasación realizada por Tinsa, que los cifraba en 597 millones, se pasó a una valoración posterior de Knight Frank, que los rebajó a 397 millones en el mejor de los casos.

Adif –y, por lo tanto, el Ministerio de Fomento y el Ejecutivo de Rajoy–, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid se enfrentan a un alto precio político. Incluso si desde el punto financiero fuera posible una dación, tendrían que renunciar al soterramiento, «que necesitaría unos 300 millones más para realizarse tal como estaba concebido».

«Un coste inasumible», insistió Gato. Tanto él como el otro representante del Ayuntamiento de Valladolid en el encuentro –el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo Manuel Saravia– recordaron a sus socios y a los bancos que «los vallisoletanos no han visto todavía ningún beneficio de este proyecto a excepción de los nuevos talleres de Renfe que, con ser importantes, no son el meollo de la cuestión: el fin de la división de la ciudad por el ferrocarril».

Además de los ediles vallisoletanos (a los que acompañó el interventor del Ayuntamiento, Rafael Salgado), acudieron al encuentro celebrado ayer en Madrid Elena González, directora de Sociedades de Integración, Filiales y Participaciones de Adif; Cristina González, directora gerente de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, y Ángel Marinero, director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla yLeón, además de varios técnicos en el área económica-financiera.

Por parte de los acreedores asistieron representantes de BBVA, Banco Santander, La Caixa, Bankia, Caja España-Duero y el Instituto de Crédito Oficial.

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