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Tres jueces prohíben la caza en Castilla y León en una decisión inédita

El TSJ considera que no hay información suficiente y prima la protección de la fauna sobre el daño que podría causar la suspensión / Uno de los cuatro magistrados de la sala emite un voto particular en contra

ALBA CAMAZÓN / VALLADOLID
27/02/2019

 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) da la razón al partido animalista Pacma y suspende cautelarmente el decreto que regula la conservación de las especies cinegéticas. En otras palabras, tres de los cuatro jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid prohíben la caza.

La suspensión de las actividades cinegéticas será temporal, en principio; en contra del criterio de un último magistrado, que emitió un voto particular porque no coincidía con la interpretación mayoritaria. Ni la Junta ni Pacma deberán pagar las costas por ejercer una acción pública. El auto no es firme y, por lo tanto, se puede interponer un recurso contra él.

Los tres jueces tomaron ayer esta decisión porque considera que los informes de Coge, Cazdata y Seo/Birdlife aportados por la Consejería de Medio Ambiente a demanda de la Sala no sirven para justificar el decreto que regula las especies cinegéticas ni están lo suficientemente actualizados.

«No consta que se hayan utilizado estudios científicos objetivos, ya que el llamado ‘sistema de censo, seguimiento y estudio de tendencias de las especies cinegéticas en Castilla y León’ se nutre de una información recopilada para otros fines», explican los profesionales en la sentencia, en la que también consideran que la documentación entregada a la sala no es «actual», puesto que los datos más nuevos son de los años 2001 y 2005.

El partido animalista acudió a la Justicia para pedir la suspensión de este decreto porque, sostiene que aplicar esta norma conllevaría «daños de imposible o difícil reparación», puesto que va a autorizar la actividad cinegética de algunos animales «sin contar con los estudios científicos precisos que lo avalen.
Para el TSJ, el decreto de la Junta establece el marco general que ha de servir de cobertura a otras actuaciones: «De ahí la necesidad de que la declaración de una especie como cinegética tenga una base científica suficiente».Algo que, para la mayoría de los magistrados implicados, no sucede en la actualidad.
Dos directiva (2009/147/CE y 92/43/CEE) del Parlamento Europeo consideran que determinadas especies pueden ser objeto de caza y establecen las medidas de gestión de la explotación y recogida de determinadas especies animales y vegetales, siempre que esta actividad sea compatible con su conservación «favorable».

Por lo tanto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo explica que la inclusión de estos animales en las listas no implica que su caza no cause «daños irreparables o de difícil reparación», porque es obligatorio contar con información relativa al nivel de población, distribución geográfica y tasa de reproducción, además de un análisis del impacto que puede tener la actividad cinegética en la conservación de las especies.

«Es importante recordar que la circunstancia de que una especie sea susceptible de ser cazada o ser objeto de gestión no significa que tales actividades puedan realizarse sin más, sino que es necesario que, además, no se vea afectada la conservación de la especie», indica el auto.

Una decisión inédita y única en España, la del TSJCyL, que asegura ser consciente de los «daños» que puede traer consigo esta prohibición de la caza, a pesar de que prioriza la conservación de la fauna porque tiene «el interés más sensible, más frágil y vulnerable y, por ello, más necesitado de protección».

«Los daños para los intereses generales y de terceros están expuestos en términos genéricos y, desde luego, son de más fácil reparación, e incluso pueden ser evitados o corregidos por otras vías», sentencian tres de los cuatro jueces de la sala. Cuando hablan de «términos genéricos», los magistrados se refieren a que no se sabe «en cuánto van a aumentar las especies, ni cuándo y de qué manera», y, porque a veces se utilizan datos de otras Comunidades Autónomas o del Estado para justificar este argumento.
Desde la Consejería de Medio Ambiente, consideran que los daños de la prohibición de la caza serían más problemáticos: «el número de especies que podrían cazarse van a aumentar y producir otros perjuicios y daños tanto para otras especies animales (incluso protegidas) que compiten en el mismo hábitat, como para la agricultura, ganadería e incluso para la salud humana, pudiendo provocar, incluso, un aumento de la siniestrabilidad viaria».

Ahora mismo, solo se están cazando conejos por daños a los cultivos y a algunas infraestructuras, y a algún córvido (ave), puesto que la temporada de caza finalizó el pasado 24 de febrero.

El auto tiene también en cuenta que la sentencia del 17 de mayo de 2017 (procedimiento ordinario 615/2015) razonó que la orden anual de caza no bastaba para regular la caza y conservación de las especies desde el punto de vista ecológico, que era el instrumento al que remitía ese Decreto, constatando que también en este punto y, al menos aparentemente, se incurre en el mismo «defecto».
El magistrado Felipe Fresneda no está conforme con la decisión tomada por sus compañeros de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del TSJCyL y emite un voto particular a favor del decreto de la Junta.

Fresneda cita el informe del jefe del Servicio de Caza y Pesca, que niega que la actividad cinegética prevista vaya a «comprometer o perjudicar» la conservación de las especies, un aspecto sobre el que insiste en varias ocasiones.

El juez sostiene que los documentos que entregó la Junta procedían de fuentes «objetivas y válidas», con bases de datos (de COGE y CAZDATA) de 1991 a 2017 y el estudio de las tendencias de las especies cinegéticas, elaborado por los agentes medioambientales.

Fresneda afirma que no entiende que estos estudios «no puedan ser válidas para justificar el estado de conservación de las especies», puesto que considera que la redacción de un informe expresamente para los jueces «superaría los medios» de la Administración pública.

SENTENCIAS EN CONTRA

Esta no es la primera sentencia en contra de las normas del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, juez en León hasta 2012, cuando inició su carrera política como subdelegado del Gobierno en la provincia.

Solo en 2018, su Consejería ha acumulado cinco sentencias del TSJCyL en contra: la anulación de la orden anual de caza, del Plan de Gestión del Lobo (al norte del Duero), la composición del Consejo Regional de Medio Ambiente, la obligación a elaborar un plan de calidad del aire y la prohibición de quemar rastrojos contra el topillo, cuya efectividad no está «probada».

Todas estas decisiones se han tomado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, presidida por la magistrada Ana María Martínez Olalla, especializada en Urbanismo y Medio Ambiente.

 

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