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El Supremo da luz verde al plan para edificar 4.600 viviendas en San Isidro

El Tribunal no admite el recurso de Ecologistas en Acción y cierra un litigio de cuatro años / El desarrollo urbanístico es la compensación a los propietarios por ceder suelo para los talleres de Renfe

F. MARTÍN / VALLADOLID
13/02/2018

 

Una providencia del Tribunal Supremo de apenas un folio fechada el pasado 19 de enero da luz verde, de forma definitiva, al plan parcial ‘Ciudad Jardín San Isidro’, que contempla la construcción de 4.600 viviendas junto a los nuevos talleres de Renfe, en el páramo de San Isidro. El colectivo Ecologistas en Acción, contrario a este plan por considerar injustificado tal número de viviendas, recurrió en casación ante el Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, TSJCyL, rechazara, en marzo de 2017, otro recurso presentado por la asociación ecologista contra la decisión del Ayuntamiento de permitir el desarrollo urbanístico de esta zona.

Ahora, el Alto Tribunal ratifica la decisión del TSJCyL, por tanto da la razón al Ayuntamiento, y rechaza la admisión a trámite del recurso de Ecologistas al no encontrar «interés casacional». Es decir, no entra a valorar la motivación.

Con la decisión del Supremo se cierre un litigio que se remonta a la etapa del PP al frente del Ayuntamiento y permite sacar adelante uno de los planes parciales que se salvaron de la poda realizada por el nuevo equipo de gobierno municipal al llegar a la alcaldía en mayo de 2015.

En este caso, su mantenimiento era obligado. La edificabilidad para construir 4.600 viviendas es la compensación a los propietarios de los terrenos a cambio de la cesión de suelo para la construcción de los talleres de Renfe. Ambas operaciones, la construcción de los talleres y el plan parcial, están vinculadas. Pero han sido necesarios cuatro años de batalla en los tribunales entre el Ayuntamiento y Ecologistas en Acción hasta que hace escasos días el Supremo cerró la puerta.

El origen de lo que luego derivaría en un conflicto judicial se remonta al convenio firmado en 2002 entre el Ministerio de Fomento, la Junta y el Ayuntamiento para acometer el soterramiento, proyecto ahora descartado. En aquel convenio, modificado el pasado mes de noviembre, se recogía la obligación del Consistorio de entregar libre de cargas los terrenos destinados al complejo ferroviario.
Todo el conjunto suma 158 hectáreas, de las que 70 corresponden a los talleres de Renfe, 22 son para espacios libres, pensados como una banda de protección del canal del Duero, y las 66 hectáreas restantes son las que conforman el plan parcial ‘Ciudad Jardín San Isidro’, un espacio residencial para viviendas.

De no haberse aprobado el plan parcial para así compensar a los propietarios, el Ayuntamiento tendría que haber recurrido a la expropiación de los terrenos sobre los que se levantan los talleres de Renfe, con lo que se incumpliría el compromiso recogido en el convenio de entregarlos terrenos de los talleres libre de cargas. Un embrollo que la providencia del Supremo viene a zanjar.

La decisión se recibió con alivio en el Ayuntamiento, aunque hasta llegar a este punto tuvo que sortear una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de febrero de 2013, tras un primer recurso de Ecologistas en Acción, ratificada luego por el Supremo en 2015, que anuló la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, para permitir tanto los talleres de Renfe como de la nueva zona residencial para 4.600 viviendas por no contar con evaluación de impacto ambiental. La sentencia dejó sin cobertura legal los talleres, ya en avanzado estado de construcción.

El Ayuntamiento se vio obligado entonces a realizar las correcciones necesarias y aprobó una nueva modificación del PGOU, en la que justificaba tanto los talleres como las viviendas como una manera de equilibrar el crecimiento residencial y terciario en la zona este y contribuir a la expansión industrial y tecnológica en esta parte de la ciudad.

Ecologistas en Acción volvió a la carga y recurrió de nuevo la modificación, aunque esta vez el TSJCyL desestimó el recurso en una sentencia de marzo de 2017. Ante el rechazo, este colectivo quemaron su último cartucho y acudieron al Supremo, que no lo admite y además les impone el pago de las costas una cantidad máxima de 2.000 euros a abonar a la Junta y un máximo de 1.000 al Ayuntamiento.

 

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