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Los sindicatos replican: «Los servicios no se resienten con las 35 horas»

Cerca de 1.500 personas exigen en la sede de la Junta que se respeten el acuerdo firmado

J. AYUSO SANTAMARÍA / VALLADOLID
18/10/2019

 

«Cómo y cuándo», esta es la pregunta que los 85.000 empleados públicos de la Comunidad se hacen para saber el método y la fecha para que la Junta de Castilla y León implante la jornada laboral de 35 horas. Desde los sindicatos instan a cumplir el acuerdo firmado y replican que la calidad del servicio está garantizada y que no se va a ver perjudicada con la reducción de horas, «como ya ha estado durante la jornada estival», defendió Carlos López, secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

Los sindicatos están ‘en pie de guerra’ con la Junta con la jornada de las 35 horas. Fruto de ello son las 1.500 personas «de toda la Comunidad» que se movilizaron ayer en la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León - a la vez que se estaba produciendo el Consejo de Gobierno-, según afirmó Carlos Hernando, presidente autonómico de CSIF. Los manifestantes acudieron convocados por UGT, CCOOy CSIF bajo el lema «Junta de Castilla y León, cumple tus acuerdos. 35 horas ya».

En el manifiesto, que firman las tres centrales, que se leyó exige «el cumplimiento del acuerdo» y recordaron que por «la Ley de 2012» se les obligó «a cumplir una jornada semanal de 37 horas y media».

Los sindicatos critican que la Junta no hable «de los beneficios de las 35 horas, como es la creación de empleo, con la siguiente aportación a las arcas públicas, el asentamiento de población en una Comunidad tan necesitada de cotizantes, que no tendrá que buscar trabajo en otras comunidades, conciliación de la vida laboral y familiar, y la más importante, la mejora en la calidad de los servicios públicos».

«Más allá de estar abierta al diálogo -la Junta-, no pone nada encima de la mesa», expone López. El secretario de CCOO criticó, en declaraciones a este periódico, que se ponga como justificante la pérdida de calidad del servicio, ya que durante los cuatro meses de verano estuvo vigente la jornada laboral de 35 horas «y que, al menos, no era menor la calidad».

Desde los sindicatos critican que la Junta está «escudándose en problemas de financiación primero y de calidad asistencial» parar tratar «de aplazar lo inaplazable, eso sí, disfrazándolo con excusas como la falta de profesionales o el elevado coste que supondría».

Sobre la financiación de la reducción jornada, la Junta estimó que el coste de 35 horas supondría unos 120 millones de euros a la Administración. Tomás Pérez, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, manifestó que el coste que el Ejecutivo autonómico plantea «no llega a la mitad» de los 120 millones. Pérez desveló que en las negociaciones mantenidas la cuentas eran diferentes: «de entre 20-25 millones de euros en Educación, de 40-45 millones en Sanidad» y que el resto «no contaba al ser asumible». «Lo que pasa es que la Junta no apuesta por lo público sino por lo privado», apuntilló.

Sobre el coste de 120 millones de euros Hernando concretó que esa cantidad no es «ni de lejos». Misma postura desde CCOO, López defendió que «no es cierta» e ironizó con que «al ser otoño aparece como las setas».

Los tres sindicatos convocantes de la manifestación de ayer coincidieron en indicar que la Junta pone en tela de juicioy pidieron una «demostración de responsabilidad». Además, sus delegados mencionaron que en la convocatoria para la próxima reunión del 21 de octubre no se les concreta ninguna propuesta exacta. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta, tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, desveló que el motivo que está detrás de esta falta de propuestas en el mensaje se debe a que la Junta quiere que sean los sindicatos los primeros en conocer las medidas planteadas.

A falta de una solución final para la jornada de las 35 horas y a expensas de la reunión el 21 de octubre, los sindicatos mantienen su hoja de ruta de movilizaciones. Estas continuarán con un paro de 2 horas y media el 25 de octubre y una huelga total del sector público el 6 de noviembre a la que están citados los 85.000 empleados públicos de Castilla y León.

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