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Los sindicatos denuncian el cierre de la residencia militar, clausura que niega el director

Cargan contra la «especulación» por la cesión del edificio de la calle Muro a un «fondo buitre» para crear un centro de mayores de alto poder adquisitivo

Í. ARRÚE
08/11/2018

 

Los sindicatos del comité de empresa de la Administración General del Estado (AGE) se movilizarán los próximos días 14 y 21 de noviembre para rechazar el cierre y privatización de la residencia de estudiantes ‘Santiago’ de la calle Muro, cuya titularidad recae en el Patronato de Huérfanos del Ejército del Ejército de Tierra (Pahuet) del Ministerio de Defensa.

Las centrales advierten de que no van a consentir una «especulación pura y dura» que beneficie a un «fondo buitre» a costa de privar a los huérfanos del Ejército y a otros estudiantes de una residencia es «que está dando superávit», año tras año, y que ha sido «recientemente reformada con una inversión de 1,2 millones de euros».

La enajenación de este centro creado en 1891, que previsiblemente se hará oficial, según los sindicatos, en el próximo Consejo Rector de Pahuet del 21 de noviembre, es por medio de una cesión demanial a más 50 años del edificio a un fondo de inversión, para reconvertirlo en una residencia para personas mayores de alto nivel. Los sindicatos estiman que el cánon anual sería de unos 200.000 euros.

Tal denuncia fue recibida con sorpresa por el teniente coronel director de la residencia, Ignacio Sarmiento. «No hay tal cierre previsto y, de hecho, estamos preparado la convocatoria del próximo curso 2019-2020. Los sindicatos han denunciado algo que no es verdad y que desconocemos de donde lo han sacado», se quejó, antes de recalcar que su mensaje central es de «tranquilidad» para los actuales residentes y los futuros.

Fuentes de Defensa consultadas rebatieron uno a uno los argumentos sindicales, comenzando por el hecho de que en la actualidad «ni un solo residente es huérfano» y siguiendo por el hecho de que tengan un superávit de 700.000 euros.

«Es algo tan falso como que el presupuesto de la residencia no llega ni siquiera a esa cantidad», replicaron, antes de puntualizar otra «falsedad» a su juicio vertida por las centrales: «Es incierto que tengamos 145 habitaciones disponibles y estén ocupadas 117. Son 132 las disponibles, sobre las que hay que hacer una reserva de más de una decena para apoyo a campeonatos militares y otras necesidades, y están ocupadas 114», añadieron.

Las versiones de una y otra parte son tan antagónicas que los sindicatos UGT, CCOO, CGT, CSIF y USO, incluso hablan de pérdida de empleo. En la residencia trabajan 17 trabajadores, personal civil de Defensa, de los cuales «nueve, de hostelería, tendrían dificultad de recolocación ya que todos los cuarteles de Valladolid tienen el servicio de cocina externalizado», apuntó el presidente del comité de empresa, Antonio Sangrador. Además, otras seis personas son de una contrata de limpieza. El 40% de las 114 plazas ocupadas (pagan cerca de 600 euros/mes) son hijos de personal de Defensa, y el resto estudiantes de la UVA gracias a un convenio vigente hasta el segundo trimestre de 2019.

 

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