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Seis de los 7 condenados por tráfico de armas eluden la prisión tras un pacto

El único con una pena de dos años y 8 meses pedirá un indulto y no pisará por ahora la cárcel

Í. ARRÚE VALLADOLID
11/09/2019

 

Seis de los siete condenados por tráfico de armas en uso prohibidas –parte de ellas fabricadas o habilitadas por un vecino de Laguna, Francisco Javier G.B.– eludirán la entrada en prisión gracias al pacto alcanzado ayer con la Fiscalía de Valladolid, mediante el cual lograron rebajar la penal inicial solicitada por el Ministerio Público de 25 años de cárcel, a una condena global de doce años y dos meses de prisión.
En el juicio celebrado ayer en la sección segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, el único que recibió una condena de ingreso ineludible en prisión, el malagueño Fernando P.B. –quien pactó una pena de 2 años y ocho meses– tampoco entrará en un penal, al menos de momento. Su abogado informó que van a solicitar el indulto parcial para que no tenga que pisar un centro penitenciario, petición que congelará la ejecución de la sentencia, al menos de forma temporal.

El caso concreto de Fernando P.B. ha sido determinante para que las diligencias previas de la denominada ‘Operación Bulldog’ dirigida de forma brillante por la Guardia Civil de Valladolid, se transformaran en sumario y la vista se celebrase en la Audiencia de Valladolid y no en un Juzgado de lo Penal.

Y todo ello porque, aunque todos los acusados se enfrentaban a los delitos de tenencia ilícita de armas prohibidas y en varios casos sin gozar de licencia, el coleccionista andaluz fue más allá y adquirió dos armas de guerra, hecho delictivo castigado con una pena mucho mayor.

Los hechos ocurrieron en el primer trimestre de 2014 hasta que la Benemérita practicó a finales de marzo de aquel año nueve detenciones y diez registros domiciliarios incluyendo trasteros y taquillas del lugar del trabajo del ‘artesano’ de Laguna de Duero, que lograba hacer disparable todo lo que se le ponía por delante, desde un ‘Zippo’ a un bolígrafo y, por supuesto, armas que habían sido inutilizadas.

En todos los registros la Benemérita se incautó de 123 armas de fuego y 5.500 cartuchos. Una cuarta parte de todas las escopetas, fusiles, revólveres y pistolas decomisadas salió del taller clandestino del lagunero, que tenía a su hijo Pablo G.B. –de 20 años en el momento de los arrestos– dedicado a labores de informática y de comercialización de los productos, además de figurar como remitente de los envíos.
Como todos los encausados en la Operación Bulldog, el malagueño Fernando P.B. estaba registrado en la página web www.todocoleccion.net donde el lagunero y su hijo publicitaban sus piezas. En el registro de su casa en Málaga el Instituto Armado se hizo con 2.190 cartuchos y 67 armas, dos ellas de guerra: una pistola ametralladora Astra calibre 9L, sin legalizar, y un subfusil Uzzi calibre 9 PB y seis cargadores, también sin legalizar.

Este depósito le valió una calificación inicial de 7 años de cárcel, pero ayer se quedó en dos años y 8 meses, gracias que Fiscalía estimó la atenuante de dilaciones indebidas (habían pasado 5 años para el juicio) de la que se han beneficiado todos los acusados, más otra atenuante de trastorno depresivo y de ansiedad, lo que ha rebajado la pena hasta los citados dos años y ocho meses.

El vecino de Laguna, que se enfrentaba a 3 años y 10 meses, pactó dos años de prisión y su hijo ha visto reducida la condena de dos años y 10 meses a un año y siete meses. De esta forma la Audiencia pone fin y condena a un negocio ilícito que fue boyante pero que se fue al traste por dos ‘fallos’ del artesano lagunero. En enero de 2013 denunció que le habían robado en casa ocho armas inutilizadas, algo que encendió las alertas. Y un año después vendía por internet un revólver con reclamos como: «Alguien lo adaptó para disparar».

 

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