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La Sareb se queda con El Salvador y allana el camino para el Campus Judicial

El alcalde está convencido de llegar a un acuerdo para permutar la parcela y obtener el solar

F. M. VALLADOLID
08/11/2019

 

La obtención del antiguo colegio de El Salvador, en la plaza de San Pablo, por parte del Ayuntamiento para construir la Ciudad de la Justicia y ubicar todas las sedes judiciales ahora dispersas por la ciudad parece cada día más cerca y, en teoría, ayer se dio un paso en la buena dirección al quedar desierta la subasta del edificio, que de esta manera pasa a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, el conocido como ‘banco malo’.

La subasta transcurrió como era previsible y nadie osó pujar por un edificio que salió a subasta por un precio de salida de 20.393.685 euros, pero arrastra unas cargas económicas de 22,4 millones. Esta es la cantidad que adeudan los propietarios del antiguo colegio, la Sociedad San Pablo VA SL, a la Sareb, con lo que haber tenido un comprador debería abonar 2,1 millones extra al precio de salida para quedarse con la propiedad.

Nadie presentó ofertas y El Salvador se le adjudica a la Sareb, lo previsto por Ayuntamiento, que ahora debe negociar con esta sociedad la cesión del suelo. Pese a que tanto el alcalde, Óscar Puente, como el concejal de Planeamiento Urbanístico, ven más cerca el acuerdo para disponer, de una vez, del suelo para acometer un proyecto que se complicó tras renunciar a la antigua ubicación en el barrio Girón para elegir un asentamiento céntrico como es El Salvador, nada se puede dar por hecho.

Falta ahora llegar a un acuerdo con la Sareb y no parece que vaya a ser fácil. La tasación que se realizó en su día fijó el valor del colegio en 7,4 millones de euros, una cantidad con la que el Sareb no está de acuerdo por considerarla muy por debajo del precio de mercado para unos suelos ubicados en el centro de la ciudad.

Y esta es la cuestión ahora: conseguir un acercamiento. El pasado 21 de octubre Saravia mantuvo un encuentro con los representantes de la Sareb en Madrid del que salió optimista. «Hemos establecido las bases para llegar a un acuerdo con el que podamos conseguir la propiedad de los suelos (del colegio) sin llegar a la expropiación en especie», dijo el concejal al término de la reunión.
El cuerdo pasa por la entrega de suelo municipal por el importe equivalente a los terrenos del colegio para quedarse el Ayuntamiento con el edificio y el solar que ocupa. Sería una permuta mediante la cual el Ayuntamiento obtendría el colegio a cambio de la entrega de parcelas finalistas, es decir ya listas para construir, sin necesidad de realizar la compleja tramitación que requiere un desarrollo urbanístico.

Tras conocerse el desenlace de la subasta el alcalde se mostró convencido de que «el acuerdo está prácticamente hecho» y de que no habrá problemas para la permuta. También el concejal de Planeamiento consideró que la salida está «más cerca», pero admitió que todavía «no está cerrado».

Saravia apreció «buena predisposición» en la otra parte durante el último encuentro y como prueba de esta actitud favorable al acuerdo recordó que la Sareb retiró uno de los dos contenciosos que tenía abiertos con el Ayuntamiento por los suelos de El Salvador, aunque mantiene todavía uno.
El Campus de la Justicia de Valladolid, uno de los grandes proyectos de ciudad que sigue pendiente, se arrastra ya desde hace dos mandatos, desde la etapa del PP en el Ayuntamiento, aunque con la llegada de Puente a la alcaldía en 2015 hubo un cambio de planes.

El equipo de Puente, con Saravia como concejal de Urbanismo, descartó la ubicación del Campus en una parcela del barrio Girón, como estaba previsto desde del último mandato del PP, y optaron por trasladarlo al colegio El Salvador y así revitalizar el centro de la ciudad tras el cierre y traslado de algunas sedes de la Administración.

Pero la compleja situación legal del edificio complicó las negociaciones hasta el extremo de que el Ayuntamiento todavía no tiene el suelo. Una vez que lo consiga, está por ver si es pronto como augura el alcalde, habrá que elaborar un proyecto y será el Ministerio de Justicia el que tenga que intervenir para aportar los fondos necesarios para su ejecución. La previsión es que en 2021 puedan licitarse las obras y el Campus sea una realidad en cinco o seis años. Habrá que ver si esta vez se cumplen los planes.

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