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Rechazada la petición de Agualid de parar la remunicipalización del agua de Valladolid

El juez sostiene que el Consistorio puede decidir la gestión y no ve perjuicio para el interés público

F. MARTÍN
21/04/2017

 

Primer asalto ganado por el Ayuntamiento en el combate judicial iniciado por Aguas de Valladolid contra la decisión municipal de recuperar la gestión pública del servicio del agua, en manos de Agualid desde 1997. En una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4, el magistrado titular, Jesús Mozo, deniega la suspensión cautelar, solicitada por la empresa, del proceso iniciado por el Ayuntamiento para asumir la gestión del ciclo del agua a partir del 1 de julio, fecha en la que vence la concesión de Agualid, y recuerda que el Consistorio, como titular del servicio público, tiene «la potestad de decidir sobre la forma en la que ha de gestionarse».

Aunque el alcalde, Óscar Puente, se mostró seguro el pasado martes de que el juez rechazaría la suspensión cautelar del proceso, que habría supuesto la prórroga de la concesión a Agualid, tanto el regidor como la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, respiraron ayer aliviados.

La denegación de la suspensión cautelar del proceso no significa, sin embargo, que el Ayuntamiento tenga ganada la batalla. Todavía está por resolver otra petición similar presentada por la Abogacía del Estado y, lo que es más importante, el recurso presentado también por Agualid contra el fondo de la cuestión: la vuelta a manos del Ayuntamiento del servicio del agua.

Pese a la contundencia del auto del juzgado, la concejala de Medio Ambiente apeló ayer a la «prudencia» hasta conocer la resolución de los recursos pendientes, si bien destacó la defensa que se hace en la sentencia de la autonomía local y la libertad para adoptar decisiones en función de las mayorías emanadas de las urnas.

En contra de lo sostenido por Agualid en su recurso, el juez argumenta que nada indica que la recuperación de la gestión del agua por el Ayuntamiento no vaya a garantizar el interés público. Por el contrario, entiende que las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento hasta la fecha, que incluyen la creación de una entidad pública empresarial local para gestionar el servicio a partir del 1 de julio, «permiten entender, de manera razonable, que se va a producir una continuidad del servicio» sin menoscabo en la prestación.

Añade el juez que mientras el Ayuntamiento contempla una serie de inversiones para la mejora de las redes, tanto de abastecimiento como de saneamiento, Agualid «no asegura la aplicación de una solución» a este problema. En su auto, el magistrado recuerda también que la suspensión cautelar y la continuidad de Agualid en tanto se resuelve el recurso sobre el fondo de la cuestión, lo que obligaría al Ayuntamiento a prorrogar la gestión, no es la forma que «mejor garantiza el cumplimiento de los principios de libertad, concurrencia, igualdad y publicidad que rigen la contratación pública».

Y remata la argumentación para señalar que Agualid «no tiene ningún derecho pleno a continuar gestionando el servicio» hasta que se asuma por otro titular dado que el contrato que mantiene con el Ayuntamiento hasta el 1 de julio se extingue «por cumplimiento, transcurrido el plazo de duración, y no por resolución».

Agualid mantiene el pulso para seguir al frente

La empresa que gestiona el servicio del agua dejó entrever que recurrirá en apelación la decisión del juzgado, para lo que tiene un plazo de quince días, y recordó que la decisión judicial conocida ayer «no prejuzga la sentencia definitiva» de recurso presentado. Tras expresar su respeto y acatamiento de la sentencia, Agualid recordó , sin embargo, que faltan por conocer «otras medidas cautelares de otros recursos también interpuestos por la misma causa», en alusión al que tiene presentado la Abogacía del Estado. Y pese a la contundencia del auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4, la empresa reiteró que intentará hacer valer sus derechos para que se mantenga el modelo de gestión del servicio del agua que funciona desde hace veinte años «y que ha permitido dar un servicio de calidad a un precio muy competitivo». Sobre la calidad del servicio, el juez sostiene en su sentencia que no hay ningún dato del que se pueda deducir «que la gestión directa (del Ayuntamiento) del servicio no pueda llevarse a cabo con unos estándares de calidad que, al menos, alcancen los actualmente existentes».

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