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Puente recrimina a la Junta que presuma de servicios sociales sin pagar lo que debe

El Ayuntamiento denuncia que Familia le ‘obliga’ a pagar el 55% de los costes cuando le corresponde un máximo de un 25% / El alcalde tilda de «vergonzoso» que la consejería califique de «blindaje» la inversión

LÚA VELASCO VALLADOLID
07/12/2019

 

Varias han sido las reacciones tras el anuncio, por parte de la Junta de Castilla y León, de una partida presupuestaria de 448 millones de euros destinada a «blindar» los servicios sociales de la Comunidad, durante los próximos cuatro años –hasta 2023–, según lo expresó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, el pasado jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Entre ellas, se encuentra la del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que recriminó ayer a la Junta que presuma de los servicios sociales que no financia y tachó la inversión de «insuficiente». Puente aseguró que la cantidad invertida en este sector es incluso «menor» que la de anteriores ocasiones, ya que en esta partida no se ha consolidado la adenda –dinero complementario– que tendría que recibir el Ayuntamiento con cargo a los presupuestos de la Junta de los pasados años 2017 y 2018. Así, como relató el regidor, la adenda «no aparece en el acuerdo marco de la Junta», aprobado el pasado jueves.

De los 448 millones de euros destinados a este área, al Ayuntamiento de Valladolid le corresponden 42,7 millones; cifra que, repartida entre los cuatro años de vigencia del acuerdo marco, queda reducida en 10,6 millones de euros para cada ejercicio. Una cantidad que, a juicio de Puente, refleja el «nulo compromiso» del Ejecutivo Autonómico con los servicios sociales. «Solo hacen política propagandística», añadió en declaraciones recogidas por este periódico.

En esta misma línea, declaró que la política social del Partido Popular y de Ciudadanos «no tiene en cuenta las necesidades de los demandantes de los servicios sociales». «Tendríamos que devolverles el dinero para ver cómo se las apañaban para atender a las personas que lo necesitan», sentenció Puente.

El alcalde vallisoletano relató la situación por la que pasa el Ayuntamiento en materia de servicios sociales, en la que, «en muchas ocasiones» es el consistorio el que abona una cantidad superior a la que debería, según la ley establecida.

En el caso de la ayuda a domicilio –prestación destinada a facilitar el desarrollo de la autonomía personal, prevenir el deterioro individual y promover condiciones favorables en las relaciones familiares, contribuyendo a la permanencia de las personas en su entorno habitual de vida– la Junta de Castilla y León financia un 60% del importe total, «cuando tendría que subvencionar el 90%», relató Puente. De esta manera, el Ayuntamiento de Valladolid, que tendría que aportar únicamente un 10% del presupuesto total, está abonando el 40%; un dinero que se deja de invertir en otros sectores municipales para cubrir las carencias en materia de servicios sociales.

Así, Puente tildó de «vergonzosa» la manera con la que la Junta anunció esta inversión de servicios sociales, al calificarla de «blindaje». «Dicen que nos demos por satisfechos porque aportan más del 55% del coste de los servicios sociales, cuando el Ayuntamiento solo tendría que aportar el 10%», recordó Puente. «Es una vergüenza», sentenció.

Por todo ello, el regidor estimó que el consistorio no tendría que aportar más de un 25% en total en materia de servicios sociales y, en la actualidad, calculó que estaría abonando el 55%.
A este conflicto financiero, el alcalde añadió uno más; el del incremento de la lista de espera del programa de ayuda a domicilio. «Cada vez hay gente más mayor y con más necesidades a la que hay que atender».

Puente explicó que en este ejercicio que se cierra, el Ayuntamiento de Valladolid ha tenido que poner de su bolsillo más dinero para sacar de la lista de espera a 700 personas demandantes del servicio de ayuda a domicilio. «El dinero de la Junta no es suficiente», volvió a manifestar; antes de añadir que esas personas consiguieron salir de este tiempo de espera «con dinero del Ayuntamiento».
Asimismo, reiteró que el problema de la lista de espera es una dificultad que «no tiene fin», ya que cuando se logra retirar a esas personas, ya vuelve a haber un amplio número al aguardo de ser atendidas.

Esta cuestión sobre la financiación de los servicios sociales viene de lejos, y es que el pasado mes de septiembre, la concejala de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de Valladolid, Rafaela Romero, ya advirtió de la necesidad de recibir «más apoyo», al relatar el problema de una «sociedad que envejece», tal y como lo relató Romero en una reunión que mantuvo junto Puente y Blanco, el pasado mes de septiembre en el Ayuntamiento.

Asimismo, la concejala apuntó que la ley marca un porcentaje de financiación municipal a cada tipo de proyecto social y que, ya por esas fechas, la aportación del consistorio era «superior a la establecida»; una diferencia que, declaró, «debe ser pulida con el tiempo».

Por su parte, la consejera de Familia garantizó al regidor y a la edil que el acuerdo marco aportaría «como mínimo» la misma cantidad económica vigente.

ACUERDO MARCO

El acuerdo marco, que se aprobó ayer en el Consejo de Gobierno y cuya novedad en su ampliación un año más, se tiene que remitir ahora a cada una de las 24 entidades implicadas para que lo aprueben y entre en vigor «de manera automática», apuntó la titular de Familia.

Los 448 millones de euros destinados a esta materia en la Comunidad, de los cuales corresponden 112 millones a cada año –hasta 2023–, se reparten en tres áreas de actuación: personal profesional de los equipos de acción social básica, atención a las situaciones de dependencia y red de protección a las familias y personas.

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