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La niña asesinada ingresó en el hospital con otra paliza el 11 de julio y ni la Fiscalía ni Junta hicieron nada

La Fiscalía de Menores mandó "una carta por correo ordinario" que llegó a la Junta 10 días después de la paliza y pese al parte policial por violencia de género

PABLO R. LAGO / VALLADOLID
04/08/2017

 

El caso de la pequeña Sara asesinada de una paliza presuntamente por el compañero sentimental de su madre en el barrio vallisoletano de la Rondilla es aterrador a medida que se van conociendo los detalles. La pequeña ingresó en el hospital Campo Grande el 11 de julio con otra paliza y la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León, pese a certificar el parte de lesiones y el lamentable estado de salud e higiene que presentaba la pequeña, no adoptó la automática retirada de la custodia, que era lo que tenía que haber hecho, según fuentes consultadas por este periódico. De hecho, ayer sí lo hizo con su hermana de doce años, tras conocerse el fallecimiento de la pequeña. ¿Negligencia, desidia, incompetencia? Algo de esto o todo de esto está tras la actuación de los Servicios Sociales, que no actuaron ni con diligencia ni con profesionalidad para separar a la pequeña de cuatro años de su verdugo y de su madre.

Servicios Sociales de la Junta contactó el viernes pasado "a última hora" con los técnicos del consistorio, relatándoles la gravedad del caso y la existencia de una denuncia que ya estaba investigando el Cuerpo Nacional de Policía por el parte de lesiones emitido y alertado por el centro sanitario. En esa llamada, al comprobar que el Ayuntamiento no tenía conocimiento de ninguna situación especial de esa familia, confesaron que irían a visitarla con urgencia como es preceptivo en estos casos de violencia de género y maltrato infantil. No consta ni que se produjera esa inspección.

El primer ingreso de la pequeña por una paliza propiciada por el compañero sentimental de su madre se produjo el 11 de julio en el Hospital Campo Grande. El centro sanitario lo comunicó a la Policía, que a su vez dio traslado a la Fiscalía y ésta a Servicios Sociales. Un lento e inexplicable trámite burocrático que culminó con la llegada a la Gerencia de Servicio Sociales de la Junta en Valladolid "a través de correo ordinario". El correo, firmado por la Fiscalía de Menores, pero sin el nombre del fiscal, llegó el viernes 21 de julio a Servicios Sociales. Era víspera de fin de semana.

En el escrito se requería a la Junta para que hiciese una valoración de riesgo y la adopción de medidas de protección sobre la pequeña de cuatro años. Y se incluía el parte de lesiones. Así fue la comunicación, como si se tratase de una multa de tráfico. La policía ya tenía un expediente también por un caso de violencia de género. Pero el caso es que la pequeña estaba al amparo de su futuro asesino mientras las instituciones se trasladaban comunicaciones.

No es hasta el 26 de julio cuando Servicios Sociales cita a la madre de la pequeña, con iniciales D.M.G, cabo del Ejército que desempeñaba su labor en el Centro de Comunicaciones del Palacio Real, para valorar la posibilidad de tomar la tutela de la pequeña ante la gravedad del caso.

Deciden visitar el hogar familiar el 1 de agosto. Y así se lo comunican a la madre, D.M.G. Los técnicos se personan en la casa, pero no hay nadie. Es cuando entre ellos hablan y valoran la oportunidad de adoptar la tutela de la pequeña Sara ante el plantón de la madre.

Pero no la vuelven a llamar por teléfono hasta el día siguiente, el pasado miércoles. Ya era tarde, la madre estaba en el hospital Clínico con la niña. Al día siguiente falleció a consecuencia de la brutal paliza y la violación a la que le sometió el compañero sentimental de la madre, que probablemente también sea militar, según confirmaron vecinos de la pareja que le han visto con el uniforme.

El miércoles pasado Servicios Sociales sí decide adoptar con la hermana de Sara lo que no hizo con la pequeña, tomar su tutela y llevarla a un centro de acogida en Valladolid.

Una auténtica cascada de negligencias y desidias que engloban a varios organismos que no hicieron nada para retirar la tutela de la pequeña a su madre y protegerla así de su asesino, pese a los contundentes signos y evidencias del caso. En los servicios sociales municipales no dan crédito que no se hubiera actuado en vista de la gravedad que se les trasladó desde la Junta.

Fuentes del caso han confirmado a este periódico que la niña entró en Urgencias "hace unos diez días en Campo Grande y ya se alertó con un parte de lesiones". Ahí se activaron los Servicios Sociales de la Junta que se interesaron por el caso comunicándolo con sus homólogos del Ayuntamiento de Valladolid, que no tenía ningún conocimiento de esta familia. Lo siguiente que supieron los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid es que la pequeña, residente en el número 43 la calle Cardenal Torquemada junto a su madre y al compañero de esta, además de su hermana de 12 años, es cuando conocieron por los medios de comunicación que la pequeña había sido asesinada.

Ingresó el miércoles, "prácticamente muerta", según fuente del Sacyl. Su fallecimiento se produjo ayer por la mañana en el Hospital Clínico, donde fue traslada por los servicios de urgencias. Primero la atendió el 112, alertado por una llamada presuntamente del homicida asusto porque la pequeña no respiraba. Había recibido una brutal paliza y había sido violada.

Algunos organismos e instituciones regionales y nacionales trataron de ocultar la verdad del caso para encubrir la negligencia cometida. "Nos han dicho que no informemos de nada. Tenía antecedentes de malos tratos y es terrible que no se haya hecho nada y haya pasado esto", confesaba una autoridad de la Junta ayer a EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, evidenciando el intento de instaurar una ley del silencio para pretender ocultar la dimensión del suceso.

La propia Subdelegación del Gobierno de Valladolid notificó el caso, uno de los más graves ocurrió en años en la ciudad, a través de un escueto WhatsApp. Un robo de cobre o la incautación de un puñado de marihuana suponen a veces hasta dos folios de un comunicado. El asesinato y violación de una niña de cuatro años, un WhatsApp. Ya dice mucho.

Ahora la pregunta es saber por qué la Consejería de Familia de la Junta no hizo nada, cuando tenía todos los mecanismos en su mano para proteger a la pequeña. A estas horas todavía la única que ha dado explicaciones es la institución autonómica. La gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia han ofrecido a este periódico un pormenorizado relato de cuál fue su proceder, tal y como se detalla más arriba. Algo que no han hecho ni la Fiscalía de Menores ni la Subdelegación del Gobierno en lo que a ellos les compete sobre las dudosas actuaciones que llevaron a cabo.  

Tanto el suceso como las actuaciones institucionales están siendo fuente de una indignación política y ciudadana. Seguramente este asunto por la gravedad requiera la inmediata comparecencia de la consejera de Familia, Alicia García, en las Cortes de Castilla y León. Incluso de otros responsables sanitarios, así como policiales y judiciales para esclarecer por qué no se protegió a la pequeña asesinada.

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