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El lobo ataca en Valladolid y mata ocho novillos de lidia

Los ataques de los cánidos se produjeron en las últimas semanas, cuatro de ellos en la noche del martes / «No quiero darles de comer», explica el último ganadero víctima de los ataques / Los campesinos piden un «control riguroso y lógico» del censo

ALBA CAMAZÓN / VALLADOLID
08/02/2018

 

El lobo no entiende de leyes ni fronteras. El mismo día en que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León impide la caza legal del lobo, uno o varios cánidos matan a cuatro novillos de Lidia al sur del río Duero, en el municipio vallisoletano de Castronuño, donde los lobos están protegidos.

Pepe Mayoral era el dueño de estas cabezas de ganado, y con estas cuatro, suma ya ocho animales muertos por la acción de un lobo. «No quiero dar de comer a los lobos», explicó ayer a este diario. «Ya cansa, es la canción de todos los años», afirmó Mayoral, que de los 26 años que lleva en el sector, solo recuerda el último año como periodo libre de ataques de lobos.

«Pedimos a la Junta que controle a las manadas, que invente algo, una manera de alimentar a los animales sin perjuicio para el prójimo», exigió el ganadero vallisoletano, quien aseguró perder «una media de veinte animales cada año».

Mayoral también explicó que el ataque de los lobos no solo perjudica a las cabezas perdidas, si no que también producen estrés a los animales que pueden derivar incluso en el aborto de las vacas embarazadas. «El daño no es el mismo que cuando atacan a un ganado de carne», explicó el ganadero, que aseguró que en este tipo de negocio es más sencillo calcular la indemnización porque los toros de lidia tienen «otro sentido» además del comercial y «no se compensa con dinero».

«Nunca sabes las pérdidas que vas a tener. Un año llegué a perder a 33 cabezas de ganado»
Mayoral no es el único afectado que busca la Junta de Castilla y León. La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) reclamó ayer un control «riguroso y lógico» del censo de lobos y relegar al lobo «a zonas tradicionales y zonas de exclusión».

El coordinador regional de la organización, Jesús Manuel González Palacín, cifró en 2.000 el número de cánidos en la autonomía, aseveró que el lobo es «incompatible» con la ganadería extensiva y advirtió de que están «desapareciendo» agricultores. González Palacín reclamó también una voluntad política «firme» para cambiar esa directiva, recoge Ical.

Sin embargo, el Gobierno de Castilla y León de momento no puede tomar medidas mortales para los cánidos sin incumplir la jurisprudencia. La sentencia judicial anuló el pasado sábado de forma íntegra el decreto de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por ausencia de «motivación técnica». «El fallo se enmarca en una continua desatención de la Junta a la normativa ambiental, despreciando tanto el fondo como la forma; y, por consiguiente, descuidando la conservación de la biodiversidad», argumentó la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel).

El decreto que ahora anula el TSJ se aprobó en 2008 y se actualizó en 2016 para reformular determinadas medidas a la vista de los resultados obtenidos después de ocho años en funcionamiento. La consejería pretendía asío garantizar cierta coexistencia entre el lobo con medidas de control y un aprovechamiento cinegético ordenado y sostenible en las comarcas al norte del Duero, donde está permitido.

El cupo cinegético autorizado en Valladolid es del 7,9%, aunque desde la Consejería aseguran que las extracciones inferiores al 35% de la población cánida «no producen regresión poblacional», y que proporciona un «amplio margen de seguridad» ante otras causas de mortalidad no previstas como el furtivismo, el envenenamiento, las enfermedades, los atropellos, etc..

Mientras el presidente de la entidad, Juan Ángel de la Torre, se congratulaba de la decisión del TSJ «que saca los colores a la Junta», el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez–Quiñones, aseguró de que el decreto continúa «vigente» y que la regulación del lobo «continúa siendo igual», e informó de su intención de recurrir el fallo, que no fue firme.

«La sentencia no entra en el fondo, sino que acoge un defecto de tramitación», explicó el consejero de Medio Ambiente a pesar de que la sentencia se ampara en la ausencia de «informes técnicos o científicos independientes que avalen y aconsejen el establecimiento de las medidas de control y aprovechamiento cinegético, estudios previos, serios y rigurosos de su incidencia en el medio rural» y la no inclusión de «en qué han consistido los seguimientos de manadas y la previa comprobación de las poblaciones» para anular el decreto regional de control de los lobos en la comunidad.

Suárez–Quiñones aseguró ese mismo día en una comparecencia de prensa que la sentencia «pone de manifiesto un aspecto puramente formal» cuya cartera estudiará para «subsanar dicho defecto».

La Consejería de Medio Ambiente tiene constancia de que se produjeron 1.563 ataques de lobo hasta el 31 de octubre de 2017, en los que fallecieron 2.348 cabezas de ganado: 1.143 de bovino, 1.072 de ovino o caprino, 125 de equino y otros ocho casos en los que otro tipo de animal falleció.

«Queremos que el Gobierno invente algo para que los lobos sobrevivan y coman, pero no de nuestras casas», afirma Mayoral, el último ganadero víctima de los lobos.

 

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