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Un jurado para el funcionario acusado de amañar el contrato de señalización

El juez autoriza la petición del fiscal para que sea un tribunal popular el que le juzgue por cohecho

F.M. / VALLADOLID
13/09/2018

 

Giro judicial en el caso del empleado de la Gerencia de Urbanisno del Ayuntamiento acusado de adjudicar, de forma irregular, el contrato de señalización horizontal y vertical, para pintar los pasos de cebra y el resto de señales destinadas a vehículos y peatones, a las empresas API e IMESAPI a cambio de regalos y favores.

Después de que la Audiencia Provincial anulara la segunda y última prórroga solicitada por la Fiscalía para seguir con la instrucción del caso, lo que abocaba al archivo de la causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 3, en un auto fechado el pasado día 3, accede a la petición de la fiscal Ana María del Valle para transformar las diligencias previas en un procedimiento a juzgar por un jurado popular. Una resolución que salva la prescripción del plazo de instrucción, aunque la decisión es recurrible en reforma ante el juzgado y en apelación ante la Audiencia.

La fiscal encargada del caso considera que existen motivos incriminatorios suficientes contra J. L. G. por la presunta comisión de un delito de cohecho, uno de los susceptibles de ser juzgado por un jurado popular.

Son dos los contratos que figuran en el relato de los hechos y que, presuntamente, adjudicó el investigado de forma irregular. En el caso del año 2009, adjudicado a API Movilidad, encargada de la señalización desde el año 2000, el ministerio fiscal sostiene que el funcionario, quien entonces era jefe del centro de Señalización Vial en el Ayuntamiento, no se ajustó a las directrices de la contratación municipal. No sólo rechazó la oferta de otro candidato «sin permitir justificar los motivos del precio ofertado», sino que admitió mejoras no previstas como criterio de valoración «que desvirtuaban el precio contractual» y creó un nuevo criterio que no figuraba en los pliegos y que determinó la adjudicación del contrato a API en marzo de 2009.

En cuanto al contrato de 2015, el funcionario redactó el pliego de prescripciones técnicas, elaboró la memoria justificativa con los criterios de valoración y fue él mismo el que emitió el informe en el que proponía a IMESAPI y API Movilidad, empresas que al final fueron las adjudicatarias. Fue este contrato, de 800.000 euros, repartido en 450.000 euros para la señalización horizontal, con API como adjudicataria, y el resto para la vertical, adjudicado a la empresa del mismo grupo IMESAPI el que levantó las sospechas del nuevo equipo de gobierno municipal.

En una comparecencia en enero de 2016, el alcalde, Óscar Puente, explicó que paralizaron el contrato al llamar la atención la elevada cuantía «por pintar las rayas», cuando en Bilbao «lo hacen por 500.000 euros». Las sospechas aumentaron al comprobar que había «otras dos o tres empresas que lo hacían por la mitad de precio». Al considerar que el contrato era lesivo, el Ayuntamiento renunció y abrió una investigación.

El caso dio un giro al recibirse en el Ayuntamiento la denuncia de un ex trabajador de API, despedido por la empresa, quien desveló la concesión de prebendas al funcionario investigado. El ex trabajador detalló, en una reunión con el alcalde, que el funcionario utilizaba un coche propiedad de la empresa y que un hijo de éste fue contratado en 2012 por API. En su entrevista con Puente, que luego detalló éste, informó también de la existencia de regalos habituales como jamones en Navidad, enviados incluso a su despacho en el edificio municipal de San Benito, entradas para espectáculos taurinos o para ver partidos de la liga de campeones en el palco que API tiene en el Santiago Bernabéu.
Invitaciones a comidas y viajes y estancia pagados a ferias del sector figuran también entre los regalos que habría recibido el funcionario.

Sin entrar en detalles, el relato del ministerio fiscal recoge también que el investigado, «aprovechándose de sus condición funcionarial y del puesto que ocupaba en el Ayuntamiento, conociendo que no se ajustaba a la legalidad vigente en materia de contratación pública», informó «en favor» de las empresas que resultaron adjudicatarias «a cambio de recibir favores de éstas, bien en persona o en la de su hijo».

 

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