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CRIMEN EN LA RONDILLA

La Junta y la Fiscalía tuvieron 22 días para salvar a Sara y lo dejaron pasar

La Fiscalía de Menores mandó «una carta por correo ordinario» que llegó a los Servicios Sociales diez días después de que la pequeña acudiese por primera vez al hospital y le detectasen moratones

PABLO R. LAGO / VALLADOLID
05/08/2017

 

Veintidós días. Más de tres semanas para salvar la vida de una niña de cuatro años que, el pasado miércoles, ingresó en el Clínico con muerte cerebral tras haber sido presuntamente violada y golpeada por la pareja de su madre. El caso de Sara, asesinada en el barrio vallisoletano de La Rondilla, se volvía ayer más aterrador a medida que salían a la luz los detalles del calvario por el que pasó la pequeña ante la inoperancia de las instituciones que deberían haber velado por su protección.

La niña acudió por primera vez al hospital Campo Grande el 11 de julio para una consulta junto con su madre, Davinia Muñoz, natural de Pedrajas de San Esteban y cabo del Ejército que desempeñaba su labor en el Centro de Comunicaciones de Capitanía. El pediatra, al ver moratones, comunicó a la Policía que había indicios de maltrato, tras lo que dio aviso a la Fiscalía, quienes, a su vez, remitieron el caso a la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia. Pese a certificar el parte de lesiones y el lamentable estado de salud e higiene que presentaba la pequeña, el departamento no adoptó la automática retirada de la custodia, que era lo que tenía que haber hecho, según fuentes consultadas por este periódico.

De hecho, el jueves sí lo hizo con su hermana de doce años tras conocerse el fallecimiento de la pequeña. ¿Negligencia, desidia, incompetencia? Algo de esto o todo de esto está tras la actuación de los Servicios Sociales, que no trabajaron ni con diligencia ni con profesionalidad para separar a Sara, de cuatro años, de su verdugo y de su madre.

Los Servicios Sociales de la Junta contactaron el día 28 «a última hora» con los técnicos del Ayuntamiento para relatarles la gravedad del caso y la existencia de una denuncia que ya estaba investigando el Cuerpo Nacional de Policía por el parte de lesiones emitido y alertado por el centro sanitario. En esa llamada, al comprobar que el Consistorio no tenía conocimiento de ninguna situación especial de esa familia, los servicios autonómicos confesaron que irían a visitarla con urgencia –como es preceptivo en estos casos de violencia de género y maltrato infantil–.

Como ya se ha explicado antes, la primera vez que los médicos atendieron a la pequeña en el Hospital Campo Grande fue el pasado 11 de julio. El centro sanitario lo comunicó a la Policía, que, a su vez, dio traslado a la Fiscalía y ésta a Servicios Sociales. Un lento e inexplicable trámite burocrático que culminó con la llegada a la Gerencia de Servicio Sociales de la Junta en Valladolid «a través de correo ordinario». La misiva, firmada por la Fiscalía de Menores pero sin el nombre del fiscal, llegó el viernes 21 de julio a los Servicios Sociales tras concluir los policías, tras indagar en el ámbito familiar, que no había más indicios de malos tratos. Era víspera de fin de semana.

En el escrito, se requería a la Junta para que hiciese una valoración de riesgo y la adopción de medidas de protección sobre la pequeña de cuatro años. También se incluía el parte de lesiones. Así fue la comunicación, como si se tratase de una multa de tráfico. La Policía ya tenía un expediente previo por un caso de violencia de género. Mientras las instituciones se trasladaban comunicaciones, la pequeña estaba al amparo de su futuro asesino, también militar.

No fue hasta el 26 de julio cuando los Servicios Sociales citaron a la madre de Sara, Davinia Muñoz, para valorar la posibilidad de tomar la tutela de la pequeña ante la gravedad del caso, un encuentro de donde los técnicos, a pesar de ver indicios de malos tratos, no pudieron llegar a nada concluyente, por lo que decidieron mantener la custodia mientras proseguía la investigación.

CASA VACÍA

Los profesionales del departamento decidieron visitar el pasado martes, día 1 de agosto, el hogar familiar, situado en el número 43 de la calle Cardenal Torquemada. Así se lo comunicaron a la madre de la pequeña, que no se encontraba en casa en el momento de visita. Ni ella, ni su pareja ni, por supuesto, las niñas. En este momento cuando los técnicos valoraron la oportunidad de adoptar la tutela de la pequeña Sara ante el plantón de la madre.

No la volvieron a llamar por teléfono hasta el día siguiente, el pasado miércoles. Ya era tarde, la madre estaba en el hospital Clínico con la niña. Al día siguiente, falleció a consecuencia de la brutal paliza y la violación a la que le sometió el compañero sentimental de la madre.

Ese mismo día, mientras Sara estaba en el hospital con muerte cerebral, los Servicios Sociales decidieron adoptar con su hermana lo que no hicieron con ella, tomar su tutela y llevarla a un centro de acogida en Valladolid.

La cronología del caso evidencia una auténtica cascada de negligencias y desidias que engloban a varios organismos que no hicieron nada para retirar la tutela de la pequeña a su madre y protegerla así de su asesino, pese a los contundentes signos y evidencias de la situación. Desde los Servicios Sociales municipales no dieron crédito a que no se hubiera actuado en vista de la gravedad que les trasladó la Junta. Lo siguiente que supieron de la pequeña, a través de los medios de comunicación, es que había fallecido en el hospital tras una paliza y una violación.

Sara ingresó el miércoles, «prácticamente muerta», según fuentes del Sacyl. Su fallecimiento se produjo la mañana del jueves. Primero la atendió el 112, alertado por una llamada del presunto homicida, asustado porque la pequeña no respiraba.

LEY DEL SILENCIO

Algunos organismos e instituciones regionales y nacionales trataron de ocultar la verdad del caso para encubrir la negligencia cometida. «Nos han dicho que no informemos de nada. Tenía antecedentes de malos tratos y es terrible que no se haya hecho nada y haya pasado esto», confesaba una autoridad de la Junta a EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, evidenciando el intento de instaurar una ley del silencio para pretender ocultar la dimensión del suceso.

La propia Subdelegación del Gobierno en Valladolid notificó el caso, uno de los más graves ocurrido en años en la ciudad, a través de un escueto mensaje de WhatsApp. Un robo de cobre o la incautación de un puñado de marihuana suponen, a veces, hasta dos folios de un comunicado. El asesinato y violación de una niña de cuatro años, un mensaje de pocas líneas enviado por el móvil. Ya dice mucho.

Ahora, la pregunta es saber por qué la Consejería de Familia de la Junta no hizo nada, cuando tenía todos los mecanismos en su mano para proteger a la pequeña. Al cierre de esta edición, la única institución que había dado explicaciones sobre el proceso del caso era la autonómica. La gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia ofreció a este periódico un pormenorizado relato de cuál fue su proceder, tal y como se detalla en las líneas precedentes. Algo que no han hecho ni la Fiscalía de Menores ni la Subdelegación del Gobierno en lo que a ellos les compete sobre las dudosas actuaciones que llevaron a cabo.

Tanto el suceso como las actuaciones institucionales están siendo fuente de una indignación política y ciudadana. La gravedad de este asunto hará que, a todas luces, requiera la inmediata comparecencia de la consejera de Familia, Alicia García, en las Cortes de Castilla y León. Incluso de otros responsables sanitarios, así como policiales y judiciales para esclarecer por qué no se protegió a la pequeña asesinada.

CRONOLOGÍA

11 de julio. Davinia Muñoz, madre de la pequeña, lleva a la niña al hospital para una consulta ordinaria, donde el pediatra detecta hematomas y signos de malos tratos, por lo que activa el procedimiento que termina con un parte de lesiones y el inicio de una investigación policial.

21 de julio. Llega a los Servicios Sociales (SS) la carta de la Fiscalía en la que solicita a la Junta que haga una valoración de riesgo y la adopción de medidas de protección.

26 de julio. Los SS se reúnen con la madre para valorar la posibilidad de quitarle la tutela, algo que no llevan a cabo al final.

1 de agosto. Los SS acuden al domicilio de la familia y se lo encuentran vacío, momento en el que reconsideran quitarle la custodia a la madre.

2 de agosto. Los SS llaman por teléfono a la madre para comunicarle la posible retirada de la custodia. La niña está ya muerta cerebralmente.

 

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