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El juez acusa a Arroyo de cobrar multas de forma «ilegal» y con afán recaudatorio

Considera «nulo y abusivo» el procedimiento / Anula la sanción de 300 euros impuesta por el Ayuntamiento a un vecino por no identificarse tras ser captado por un radar circulando a 60 kilómetros en un tramo de 50

E. L V. VALLADOLID
22/11/2019

 

Lo que podría haberse quedado en una multa por exceso de velocidad de 100 euros –50 por pronto pago– y una anécdota para contar a amigos, familiares y nietos, se ha convertido en una sentencia a favor del infractor. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valladolid ha dado la razón al conductor del vehículo que pisó el acelerador en la rotonda de las piruletas de Arroyo de la Encomienda y superó en 10 kilómetros la velocidad permitida. No le ha premiado por el delito de tráfico, pero sí por plantar cara al procedimiento «nulo y abusivo» que ha llevado a cabo el Ayuntamiento.

El juez ha anulado la sanción de 300 euros impuesta por el Consistorio a este vecino por no identificarse tras ser captado por un radar circulando a 60 kilómetros en un tramo en el que la velocidad estaba limitada a 50. Y lo he hecho, según recoge la sentencia, porque considera que el «proceder habitual» de esta administración para el cobro de sanciones «es jurídicamente inasumible» por ser «absolutamente ilegal, injusto y esencialmente recaudatorio» en la medida que duplica o triplica la sanción original.

La cuestión es que si el Ayuntamiento sigue estos mismos pasos cada vez que un radar caza a un conductor superando la velocidad permitida, el pillado in fraganti tendría que acudir al Ayuntamiento e identificarse como autor de los hechos si no quiere pagar una multa multiplicada por dos o por tres en función de su gravedad. O lo que es lo mismo, la administración por sistema y frente a actitudes meramente pasivas –e incluso pasivamente complacientes o admisivas de la denuncia–, procedería a doblar o triplicar la sanción inicial.

Por tanto, el magistrado señala, además, que tal forma de actuar causa indefensión y vulnera «varios preceptos constitucionales y legales básicos, como son el derecho de defensa, el derecho a no declarar contra sí mismo o a presentar o no alegaciones en el seno de un procedimiento administrativo sancionador».

La sentencia, que ya ha sido notificada a las partes, señala que «en un procedimiento administrativo, y más en uno de naturaleza sancionadora, el interesado tiene derechos constitucionales y legalmente reconocidos» y recuerda que «la obligación de identificar al conductor no es una obligación autónoma, absoluta o incondicionada».

Es más, el juez puntualiza que la obligación de identificar al autor de los hechos de manera exclusiva será «exigible y sancionable cuando el requerido para ello, en este caso el titular del vehículo, niegue ser el conductor del vehículo al momento de la infracción o, lo que es lo mismo, niegue su implicación en los hechos».

No entiende, subraya, que una administración municipal requiera, «bajo amenaza de sanción doblada o triplicada» y tras haber recibido la notificación de la incoación del mismo, tenga la obligación de declarar haber recibido correctamente la notificación de la denuncia. «Tal reconocimiento, yugulará a posteriori cualquier intento legítimo de negación de la incorrección de la notificación. Evidentemente no se puede obligar a nadie a reconocer que ha sido correctamente notificado».

Por tal motivo, deja claro que «solo cabe exigir la identificación del conductor cuando el propietario niegue la autoría, pero no en el caso de admitir esta o de un simple silencio». De hecho, el juez indica que el Ayuntamiento no puede obligar a nadie a reconocer que ha sido correctamente notificado, ni «bajo ningún concepto, obligar a formular alegaciones o comunicaciones; y menos aún sancionar por falta de alegaciones, lo que en este caso es lo que ha ocurrido».

En esta línea, el magistrado refleja en la sentencia que el Consistorio remitió al conductor una comunicación para que cumplimentara sus datos y dejaba claro que si no lo hacía su sanción inicial de 100 euros pasaría a 300. Una amenaza que, tal y como comenta, choca con la ley. «El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en lo que ahora interesa, establece lo siguiente: «El titular de un vehículo tiene las siguientes obligaciones: facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de cometerse una infracción. Los datos facilitados deben incluir el número del permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el Registro de Conductores e Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. El titular del vehículo puede comunicar al Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico la identidad del conductor habitual del mismo. En este supuesto, el titular queda exonerado de las obligaciones anteriores».

Respecto a las infracciones graves en estas situaciones, la norma es clara: «No facilitar al agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tenga encomendadas su identidad, ni los datos del vehículo solicitados por los afectados en un accidente de circulación, estando implicados en el mismo. Incumplir el titular o el arrendatario del vehículo con el que haya cometido la infracción la obligación de identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracción, cuando sean debidamente requeridos para ello en el plazo establecido».

Este periódico se puso en contacto con el alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, quien comentó que había remitido la sentencia a los servicios jurídicos del Ayuntamiento. «No he podido hablar con nadie. Mañana te diré algo», señaló en un mensaje de WhatsApp a última hora de la tarde.

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