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CASO ARROYO. LAS EXPLICACIONES DEL PRESIDENTE

Herrera califica como un acierto la compra del edificio de Arroyo

El jefe del Ejecutivo recomendó que se atendiera a la valoración de los técnicos de la Junta / El presidente considera que la adquisición era la mejor opción y por eso la aprobó Gesturcal

FÉLIX VILLALBA
01/06/2016

 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, considera que la compra del edificio del ADE en Arroyo de la Encomienda fue «un acierto». El jefe del Ejecutivo confirmó ayer que se reunió con Pablo Trillo, actual delegado de la Junta en Valladolid, tres meses antes de que se aprobara la operación de compra y su única recomendación fue atender a la valoración de los técnicos de la Consejería de Hacienda.

Herrera sorprendió ayer a todos con la convocatoria de una rueda de prensa a media mañana. El objetivo de la comparecencia era «dar explicaciones» tras la declaración, la víspera, de Pablo Trillo en el juzgado por el caso del edificio de Arroyo, conocido como la Perla Negra. Sus explicaciones se producen en un «escenario especial», dijo, conformado por la precampaña y los trabajos de las comisiones de investigación en las Cortes.

Las dos informaciones que llevaron a «salir rápidamente al encuentro» al presidente fueron la comparecencia de Trillo en el juzgado y una noticia sobre una carta que envió a Herrera un empresario que promovía parques eólicos con quejas sobre supuestas irregularidades en la tramitación administrativa.

Trillo, que formaba parte del Consejo de Administración de Gesturcal, afirmó el lunes ante el juez que había advertido al presidente de los precios disparatados del alquiler y de la compra del edificio de Arroyo.

Herrera fue informado por el delegado de la Junta de su declaración en el juzgado. Ayer, el presidente confirmó al mediodía ante la prensa que se produjo la reunión de 2006 y que Pablo Trillo le transmitió entonces su «inquietud» en relación a la Perla Negra.

En el encuentro entre ambos, en el verano del año 2006, Herrera explicó a Trillo que desconocía «los detalles» de la operación, y posteriormente utilizó la información para hablar con el consejero de Economía, entonces Tomás Villanueva.

Le recomendó que, ante la operación, lo mejor era esperar la valoración de los técnicos de la Junta. Ahí terminó la intervención de Herrera, pero el caso es que al Consejo de Administración de Gesturcal llegó un precio de compra de 52 millones de euros, cuando antes se barajaba una horquilla entre 60 y 72 millones.

Eso fue lo que llevó a pensar a Trillo que se había producido una «intervención superior». Herrera, sin embargo, insistió ayer en que él se limitó a recomendar el asesoramiento de los técnicos de la Junta. «Expresé mi opinión, que de algo sirve», aclaró el jefe del Ejecutivo. «Yo no tengo por qué imponer nada», explicó, para añadir que «sería un frívolo si digo que el precio no es este y tiene que ser este otro» .

A partir de ahí, «el Consejo de Administración de Gesturcal y Pablo Trillo acertaron plenamente al desechar el arrendamiento y optar por la compra» de la Perla Negra, según destacó Herrera.
Las inquietudes de Trillo sobre la operación desaparecieron, puesto que «finalmente votó favorablemente a la operación» y si lo hizo así «es que era la mejor opción», en palabras de Juan Vicente Herrera.

El jefe del Ejecutivo se mostró ayer totalmente convencido de que la actuación en el asunto del edificio de Arroyo fue totalmente correcta y por eso optó por informar a la opinión pública a través de los medios de comunicación. No le parece adecuado, sin embargo, dar esas explicaciones en la comisión de investigación que está en marcha en las Cortes de Castilla y León.

El motivo que esgrimió para esa negativa a atender la petición unánime de la oposición para que acuda a la comisión parlamentaria, incluido el grupo Ciudadanos que apoyó su investidura, es que hay abierta una investigación judicial, con la actuación de la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid. «La mejor garantía para todos es que esto está en manos de la Justicia», sentenció el presidente.

Personalmente está plenamente convencido de la legalidad de la operación y expresó su confianza en todos los cargos de la Junta, entre ellos el que era consejero de Economía, Tomás Villanueva. A este último solo le hizo una «recomendación» en relación a la operación de la Perla Negra. Sobre la intervención de Villanueva, señaló que no había una opción predeterminada de alquiler sobre el inmueble de Arroyo, sino que había varias alternativas sobre la mesa. «Algo tendría que ver el consejero en que finalmente se tome esa decisión por el Consejo de Administración, que yo digo que es un acierto, que es un acierto tanto en la fórmula jurídica, como en el precio», insistió Herrera.

Al mismo tiempo, recordó la «autonomía e independencia» de los cargos públicos, en los que sigue confiando plenamente en su actuación. Sobre lo que no se pronunció Herrera fue sobre la operación en la que se adjudicó de forma directa la compartimentación del edificio y su señalización por 3,9 millones de euros. Dijo que desconocía esa operación antes de que saliera a la luz, hecho que ha motivado que la decisión de la Junta de personarse en la causa, pidiendo una pieza separada sobre ese caso, al considerar que ha habido un perjuicio para el patrimonio público, tal y como anunció en su día la consejera de Economía, Pilar del Olmo.

El presidente de la Junta recalcó que su comparecencia es producto de una voluntad de transparencia. Y en el ámbito judicial, reiteró su disposición a colaborar con con el juez que lleva el caso. Es más, dijo que si quiere llamarle a declarar, «me tiene a su entera disposición». «Yo no me escudaré en ningún caso en ningún tipo de privilegio político o parlamentario» y «no me escabullo ni huyo», sentenció. No obstante, reconoció no saber cuál puede ser el mecanismo que posibilite que un presidente y parlamentario pueda testificar ante el juez, apuntando que tal vez una posibilidad fuera hacerlo por escrito.

El presidente insistió en la legalidad de la operación de compra del edificio del ADE en Arroyo de la Encomienda. Una de las argumentaciones en las que se apoya es que hubo una valoración del edificio por parte de los técnicos de la Junta y luego una posterior, durante la instrucción de la causa, realizada por un perito designado por el juez, en la que se establece que el precio pagado por el inmueble fue inferior a su valor en el mercado.

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