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La Fiscalía recurrirá el archivo de la causa para 10 acusados de manipular el PGOU

El ministerio público rechaza la tesis de la Audiencia Provincial sobre la prescripción de los delitos / La reanudación del juicio, que se demoró 10 años, tiene que esperar a que se pronuncie el Supremo

F. MARTÍN
12/10/2018

 

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid anunció ayer su decisión de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremos contra el archivo de la causa, por la prescripción de los delitos, para 10 de los 14 acusados de la presunta manipulación del Plan General de Ordenación Urbana, el PGOU, del año 2003 y con ello la celebración del juicio, que ya tardó 10 años en celebrarse desde que en 2008 se presentó la denuncia, volverá a sufrir un retraso.

La Fiscalía será la única que acudirá al Supremo al no hacerlo la acusación popular, ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado. Pese a que su abogado, Carlos Castro, considera «jurídicamente discutible» el plazo de 3 años fijado por la Sección IV de lo Penal de la Audiencia para establecer la prescripción, la federación vecinal es partidaria de celebrar el juicio contra los cuatro imputados que siguen en la causa y evitar más dilaciones. «Ya han transcurrido quince años desde que se produjeron los hechos», lamentó el letrado.

Pero con la decisión de la Fiscalía se abre un paréntesis temporal de duración imprevisible hasta que se reanude la vista, aunque el letrado de la acusación calcula un año hasta que el Supremo se pronuncie y pueda continuar un proceso que se alarga ya más de 10 años. Si la resolución del recurso se demora otro más serán ya 11.

La razón del recurso que presentará la Fiscalía está en la decisión de la Sala IV de lo Penal de sobreseer el caso para los diez acusados, promotores y empresarios entre ellos, que fueron los presuntos beneficiarios de la manipulación de planos y mapas del PGOU para aumentar la edificabilidad de algunos terrenos, cambiar el uso de otros y así obtener un mayor rendimiento en sus actividades inmobiliarias. Cuatro de ellos, Gonzalo Jolín, Ramón Herrero Merino, María Pilar López Mazariegos, Francisco Capellán estaban acusados de los delitos de falsedad en documento, en calidad de inductores, en concurso con tráfico de influencias, y de tráfico de influencias los seis restantes: José Ángel Astorga, Antonio Roberto Pastrana, los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres, José Luis Mayordomo y Lino Collazos.

Con peticiones de penas que oscilaban entre los 8 meses de prisión y los 2 años y seis meses, los magistrados de la Sección IV de lo Penal archivaron la causa contra ellos al considerar que el plazo de prescripción de los delitos en los 10 casos es de 3 años y ya se había sobrepasado con creces cuando fueron citados como imputados.

De hecho, para cinco de ellos, Ramón Herrero Merino, Pilar López Mazariegos, Gonzalo Jolín Arijo, Francisco Capellán y Lino Collazos, ya habrían prescrito cuando en 2008 el PSOE presentó la denuncia por la presunta manipulación. Antes incluso de que empezara la instrucción.

De los 14 acusados de la manipulación del PGOU, sólo cuatro siguen imputados, miembros todos de la cúpula de la concejalía de Urbanismo en 2003: el exconcejal José Antonio García de Coca, el arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, el exjefe del servicio, Modesto Mezquita, y el exjefe de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada.

La Fiscalía pide para cada uno de ellos cuatro años de prisión y diferentes penas de inhabilitación por los delitos de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, aunque en el caso de Cerezo Bada se le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación. El plazo de prescripción fijado por la Sala para los cuatro desde la comisión del delito hasta que fueron citados como imputados es de 10 años y en ningún caso se había sobrepasado.

Los letrados de los 14 acusados solicitaron el primer día de juicio la nulidad de las actuaciones contra sus defendidos por entender que no les fue entregada toda la documentación del caso y plantearon también la prescripción de los delitos. La petición dio resultado para diez de ellos y ahora es el Supremo el que tiene la última palabra.

 

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