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La ex dueña de Vibolid, condenada con el doble de la pena que pactó antes de su fuga

La Audiencia le impone 5 años y medio, indemnizaciones por 83.000 euros y ratificación de prisión /La conformidad de 2017 le rebajaba la condena a 3 años y le permitía un plan para pagar a plazos a los afectados

Í. ARRÚE / VALLADOLID
12/06/2018

 

El tiro por la culata. De los tres años de cárcel que tuvo en su mano, a ser condenada a casi el doble. La antigua propietaria de la agencia de viajes Vibolid, Julia María A.H., ha sido condenada a cinco años y medio de prisión como autora de un delito continuado de apropiación indebida sobre 42 clientes, una pena que casi duplica lo que logró en abril de 2017 en un pacto de conformidad con las acusaciones:tres años de prisión.

Pero Julia María tomó las de Villadiego, no se presentó a firmar la conformidad en el juicio que estaba señalado para 25 de abril de 2017 y pasó un año escondida en Poznan (Polonia), fuga que concluyó el pasado 8 de marzo con su detención en aquel país.

El resto, ya es conocido. La Audiencia de Valladolid dictó la primera euroorden de detención de su historia que se hizo efectiva a primeros de abril, cuando Julia María fue devuelta a España por la justicia polaca e ingresó en el penal de Alcalá Meco, del que luego sería trasladada a Soto del Real y finalmente al Centro Penitenciario de Valladolid. Los días 21,22,23 y 24 de mayo fue juzgada y la sentencia no ha podido ser más nefasta para sus intereses.

Si Julia María hubiese respetado el pacto inicial de abril de 2017, hoy ya habría cumplido su primer año de cárcel y vería a tan solo unos meses lograr el tercer grado, todo ello con otra ventaja: la posibilidad de devolver el dinero a los afectados en varios plazos, otra concesión del pacto que dinamitó.

El abogado de la mayoría de los 42 afectados, Alejandrino Francisco Fernández, quien tildó de «positiva» y «satisfactoria» la sentencia, por dar respuesta a lo que reclaman los afectados, calificó de incomprensible la actuación de la condenada. «No solo tenía una reducción de la mitad de cárcel, es que ganaba unas condiciones muy ventajosas para devolver el dinero a los clientes sin ningún tipo de aval o garantía y la capacidad de pagar mes a mes, con comodidad. Ahora, hasta han ratificado la prisión provisional», resumió.

La sentencia de la Audiencia de Valladolid ayer conocida condena a la antigua dueña de la agencia que operó en el número 170 del paseo de Zorrilla, a 5 años y medio de prisión como autora de un delito continuado de apropiación indebida, pero no aprecia estafa, como interesaban los acusadores particulares, ni tampoco ‘delito masa’ más propio de una publicidad engañosa para captar a multitud de clientes. La sección segunda de lo Penal sí aprecia en la acusada la concurrencia de la agravante específica de cuantía al superar los 50.000 euros de apropiación y la genérica de reincidencia ya que cuenta en su haber con una sentencia condenatoria de año y medio de cárcel, por hechos similares, dictada en octubre de 2012 por el Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid.

Además de la condena de 5 años y medio, dicta inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio relativo al turismo durante el tiempo de condena.

La condena se completa con una multa de doce meses con cuota diaria de 10 euros, para sumar una cuantía total de 3.600 euros, y abono de las costas procesales causadas, incluidas las de las acusaciones particulares. Del mismo modo, el fallo ratifica la situación de prisión preventiva de la acusada.
La pena de la Audiencia Provincial asume casi en su totalidad la petición del fiscal. El Ministerio Público solicitó para la encausada una pena de seis años de cárcel y multa de 4.320 euros junto con el pago, en concepto de responsabilidad civil, de indemnizaciones que suman un total de 82.471 euros.

La defensa de Julia María Á.H. interesó la absolución al sostener que no existió dolo en la forma de actuar de la acusada sino «incumplimiento contractual por la vía civil» debido a que el negocio entró en quiebra como consecuencia de la crisis, aguzada en su caso por ser una agencia de pequeño nivel que tuvo que sobrevivir entre grandes operadores con mayores márgenes. De hecho, la acusada aseguró que pagaba «unas reservas con otras», se quejó de que la quiebra de aerolíneas en 2014 obligó a las agencias a ser corresponsables en las deudas con los clientes y sostuvo que su margen de beneficio era «mínimo», de un 5% o 6%, a diferencia del de las grandes agencias, que llegaba al 12%. La lista de afectados reconocidos en la sentencia llega a 42, con una cuantía total de 58.170 euros (83.000 euros con intereses), con 120 euros como importe menor aportado y 7.822 como máxima cantidad entregada.

 

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