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Dos años para una mujer por cobrar 16 años la pensión de su madre fallecida

Adeuda 135.000 euros a la Seguridad Social, que detectó la estafa tras una investigación del cobro indebido / De 1999 a 2015 siguió ingresando la paga de su progenitora sin comunicar al INSS que había muerto

Í. ARRÚE VALLADOLID
11/04/2019

 

Fue un flujo de hasta 135.000 euros ininterrumpido mes a mes en la cuenta compartida con su madre, a pesar de que la progenitora había fallecido en 1999 y que as ‘transferencias’ por su pensión se abonaron religiosamente hasta 2015. Pero llegó la inspección del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)y dijo: hasta aquí hemos llegado.

La defraudadora, Inmaculada A.M., no solo supo que le habían descubierto en el engaño y que tenía que devolver todo lo percibido, más una multa, sino que se enfrentaba a una pena de tres años por estafa a la Seguridad Social, interesada por este organismo como acusación particular en la causa, y por la Fiscalía de Valladolid, y que tenía todos los boletos para pisar la prisión.

Asesorada por su abogado, hizo un pequeño ingreso de devolución del dinero indebidamente apercibido: 6.132 euros más otros 235 (en total, 6.367 euros) que no enjugó gran cosa la deuda, pero sí tuvo peso para considerarse atenuante de reparación del daño.

Mil euros de multa

Con esta eximente, Inmaculada A.M. logró una pena de conformidad con las acusaciones que ayer quedó ratificada en la Audiencia de Valladolid. La pena final pactada fue de dos años de prisión, con inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante la condena;seis meses de multa con una cuota diaria de seis euros (1.080 euros), con el arresto sustitutorio previsto en el artículo 53 del Código Penal.
[Este apartado dice que si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de delitos leves, podrá cumplirse mediante localización permanente.

También podrá el juez o tribunal, previa conformidad del penado, acordar que la responsabilidad subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. En este caso, cada día de privación de libertad equivaldrá a una jornada de trabajo].

Finalmente le condena al pago de costas y al ‘cogollo’ central del caso. Inmaculada A.M. deberá devolver la cuantiosa cantidad percibida ilegalmente. A su favor juega que el INSS pudo recuperar la cantidad de 32.946 euros que se corresponden a los pagos efectuados en los años 2011-2015.

Esta cantidad salió de dos aportaciones de la acusada: 12.023 euros del saldo existente en la cuenta bancaria de la acusada y otros 20.924 euros «de ingresos efectuados por la propia encausada a fin de reparar el daño, procedentes de 6.000 euros en efectivo y de un préstamo a crédito del banco BBVA», recoge el escrito de Fiscalía de Valladolid.

Para alfombrar la pena de conformidad ayer alcanzada, la defensa y la acusación particular pactaron de común acuerdo que los intereses adeudados ascienden a a 41.983 euros, por lo que la cantidad total adeudada alcanza los 135.612 euros. De esta cantidad, como ya se ha citado, se descontarán los 6.367 euros ya abonados, por lo que la suma final pendiente es de 129.243 euros.

Plan de pagos

Las partes acordaron además una forma de pago a cuyo cumplimiento se condicionará, en su caso, la suspensión de la condena. El importe se asignará en la cuenta que designe el INSS con un calendario de pagos que establece un abono de 20.000 euros en el mes de febrero de 2019;un abono de 10.000 euros en junio de 2019; un abono de 20.000 en noviembre de 2019; un abono de 20.000 en marzo de 2019 y un ingreso de 20.000 euros en julio del próximo año.

La sentencia de conformidad establece finalmente que a partir del mes de noviembre de 2020 los 39.243 euros restantes se pagarán en 96 meses, a razón de cuotas de 408 euros mensuales.

«El pago puntual de dichas cantidades supondrá la no generación de intereses adicionales, mientras se efectúe el mismo. El impago de cualquiera de las anteriores cuotas facultará al INSS para solicitar la ejecución de las cantidades restantes», recoge el escrito base de acusación de la Fiscalía de Valladolid, que agrega una última disposición: «Quedarán sin efecto embargos y retenciones a la acusada mientras se proceda al pago de las cuotas anteriormente mencionadas».

Al acto de ratificación de conformidad acudió además de la fiscal, el abogado de la Seguridad Social. Fue presidido por el magistrado Feliciano Trebolle –en uno de sus últimos juicios como profesional– y el magistrado, como siempre, preguntó a la condenada si entendía y aceptaba la conformidad alcanzada.

«Fue por necesidad y no tuvo parte activa en engañar»

El letrado de la mujer condenada, Manuel Merino, explicó que la aceptación de la condena de su patrocinada habla claro de su «arrepentimiento». A su juicio, Inmaculada A.M. actuó por «necesidad» ante una situación crítica económica y resaltó que «no tuvo una parte activa» en engañar a la Seguridad Social. «Tenía una cuenta común con su madre (con autorización de retirada de fondos) y así fue disponiendo del dinero en cuenta. ¿Que igual tenía haber comunicado el deceso al INSS?, puede ser, pero también es verdad que no dio un solo paso para engañar o simular el fallecimiento», recalcó el letrado. El abogado también recalcó que la pensión que recibía era «mínima», de las de menor cuantía. La cifra calculada por este diario, efectivamente, no llega a los 700 euros al mes.

Las penas por delitos semejantes aunque más graves, han sido muy altas en otros casos de Castilla y León. El TSJ confirmó el 23 de enero la sentencia de la Audiencia de Zamora que condenó a un funcionario del INSS a siete años y tres meses de cárcel por cobrar durante más de 16 años la pensión de su abuelo fallecido. El funcionario, jefe de Servicio en la Dirección Provincial del INSS, llegó a percibir indebidamente casi 550.000 euros. Además, manipuló el expediente de su padre jubilado para que cobrara una pensión superior a la que le correspondía y le asignó una pensión de viudedad a una conocida y a su hijo, alterando los datos de la beneficiaria de la misma.

 

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