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Las custodias compartidas se triplican y ya suponen un tercio

Pasan de 51 a 179 en Valladolid desde 2013, cuando el Supremo estableció este modelo como la opción más deseable

E. NEILA VALLADOLID
06/10/2019

 

En 2013 el Tribunal Supremo estableció la custodia compartida como la opción más recomendable cuando los dos progenitores quieren hacerse cargo de los hijos tras una ruptura. Su jurisprudencia marcó un punto de inflexión en la estadística, que refleja un constante aumento de las tutelas al alimón en detrimento de las concedidas en exclusiva a la madre.

En Castilla y León las custodias compartidas han pasado en estos cinco años del 12% al 28%, según se desprende de los datos de divorcios y separaciones publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística. Aunque el regímen para el cuidado de hijos debe fijarse al disolverse cualquier unidad familiar independientemente del tipo de unión de los progenitores –tanto si se trata de matrimonios como de parejas hecho o relaciones sin formalizar– las cifras de divorcios y separaciones entre personas de distinto sexo que recoge el INE son extrapolables y permiten constatar la tendencia al alza del modelo compartido en los juzgados de Familia.

En Castilla y León cada año rompen cerca de dos mil matrimonios con hijos menores o sin independizar, que son los casos en los que procede establecer quién ejerce la custodia. En 2013 se concedieron 251 custodias compartidas. El año pasado fueron 621. Más del doble en cinco años. Y algunas provincias como Valladolid han triplicado esa cifra y la crianza alterna ya supone un tercio. En Segovia se han cuadruplicado y en Ávila, octuplicado.

Ese auge ha ido en detrimento de las custodias concedidas en exclusiva a la madre. Éstas siguen siendo las más frecuentes (casi 1.500 el año pasado) pero van perdiendo terreno (en 2013 rozaban las 1.800). En términos relativos, el porcentaje de custodias a la mujer ha pasado del 83% al 66%. Es decir, el año pasado las madres obtuvieron custodia en dos de cada tres divorcios o separaciones, cuando hasta hace una década la ejercían en el 90% de los casos.

Las tutelas concedidas al padre, entretanto, se mantienen estables y siguen representando en torno al 5% del total. En 2013 fueron 103; el año pasado, 97.

El trasvase hacia las custodias compartidas es consecuencia de ese criterio sentado por el Supremo, que prioriza el cuidado compartido siempre y cuando los dos progenitores lo soliciten y tengan capacidad para hacerse cargo de la crianza. Si hasta hace unas décadas se asignaba la custodia casi por defecto a la mujer –en muchos casos porque sólo ellas la pedían– ahora padres y madres que reclaman para sí la tutela en exclusiva tienen que justificar las razones por las cuales no procedería compartirla con el otro progenitor dado que ésta es la opción preferente.

«El Tribunal Supremo abrió la puerta a las custodias compartidas», comenta la abogada vallisoletana Teresa Vicario. Desde entonces –explica– los juzgados de Familia exigen un informe del equipo psicosocial, una prueba pericial que hace una valoración de la familia para determinar si ambos progenitores son idóneos para el cuidado de los hijos en común. Es decir, para evalúar si tienen disposición y capacidad para afrontar ese cuidado, dado que siempre prevalece el interés de los menores.
Los jueces tienen en cuenta la casuística concreta de cada situación familiar (lugar de residencia, horarios de trabajo, edad de los hijos, apoyos en el entorno...) y evalúan la situación porque cada caso es un mundo. Uno de los factores que tienen en cuenta es la disponibilidad de tiempo para ocuparse de los menores, añade Vicario al mencionar una reciente sentencia del Supremo que retiró a un padre la custodia porque eran los abuelos paternos los que en la práctica estaban asumiendo el peso de la crianza. La línea de actuación establece que «puede existir apoyo familiar, pero ese apoyo no puede sustituir el papel principal de ningún progenitor», puntualiza la letrada.

Pese a la jurisprudencia nacional, en algunos territorios el porcentaje de las compartidas es más elevado. En Cataluña y Baleares roza la mitad de todas las rupturas con hijos, mientras en Extremadura y Andalucía ronda el 20%. La media española se sitúa en el 34%, y Castilla y León está por debajo, con el 28%. Dentro de la Comunidad también hay disparidad: llama la atención el mayor porcentaje en provincias menos pobladas como Soria (el 48% son ya custodias compartidas) y Palencia (36%). En Zamora y Valladolid representan un tercio del total.

Ante el auge de las custodias compartidas en el último lustro se ha extendido la creencia de que es una vía a la que algunos progenitores recurren para no tener que pagar una pensión alimenticia por los hijos. Teresa Vicario cuenta que, sobre todo al comienzo, muchos clientes le preguntaban por la vinculación entre custodia y pensión. Al respecto explica que una custodia compartida no exime del pago de una pensión alimenticia si procede. «Si los ingresos del padre son muy superiores a los de la madre, el juez puede establecer una pensión alimenticia de 200 euros mensuales, por ejemplo», indica al matizar que no hay un criterio claro para estipular las cantidades.

Los propios datos del INE constatan que el número de pensiones alimenticias está por encima del número de custodias establecidas. El año pasado procedió establecer el pago de alguna cantidad en 2.464 rupturas matrimoniales de Castilla y León, frente a las 2.390 de 2013. Eso sí, en los últimos cinco años han bajado los casos en los que es el padre quien debe hacer ese pago, que pasa del 85% al 72% en el último lustro.

 

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