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El cuerpo judicial reclama más medios para el juzgado de las cláusulas suelo

El juez decano asegura que el Ministerio de Justicia no da respuesta a la falta de personal / Alerta de la creación de un «tapón» al no poder poner en marcha las más de 180 demandas que han entrado

AITOR FERRERO / VALLADOLID
19/06/2017

 

Estar, está; pero como si no estuviese. La falta de personal con la que ha nacido el juzgado especializado en cláusulas suelo de Valladolid ha desembocado en una reclamación unánime al Ministerio por parte del cuerpo judicial para que dote con más medios, tanto humanos como materiales, a un órgano que, en sus poco más de dos semanas de existencia, ha recibido alrededor de 180 demandas.

«A fecha de hoy, no hemos podido hacer nada», reconoció a este periódico Ignacio Segoviano, juez decano de Valladolid –encargado de organizar y distribuir la carga de trabajo y el funcionamiento diario de los juzgados–, que se mostró disgustado por la falta de comunicación desde el Ministerio de Justicia, del que manifestó no haber tenido noticias desde el día 1 de este mes, fecha en la que tendría que haber empezado a trabajar este organismo.

«Ni nos informan ni nos dicen nada», señaló Segoviano para definir la situación como «complicada» al no tener la posibilidad de sacar adelante el enorme volumen de reclamaciones que ha llegado y que está creando un «tapón» que ralentizará la resolución de las demandas. El decano indicó que ha enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe con todos los problemas a los que se enfrentan los juzgados y esperó que para el día 30, cuando tiene programada una reunión para hacer balance del primer mes de vida del juzgado especializado, éstos se hayan solucionado.

Para hacer frente a la avalancha de reclamaciones prevista, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) autorizó la creación, en quince ciudades españolas, de juzgados bis dotados de uno o más jueces de refuerzo, así como de letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, que comenzase a operar a partir del 1 de junio de forma provisional. Su finalidad era desviar hacia un órgano específico todas las demandas de este tipo para evitar el colapso del juzgado al que le correspondiese cargo de la tarea.

En Valladolid, una de las urbes que se incluyeron en la lista, este juzgado sería paralelo al de Instrucción número 4 y estaría compuesto de, al menos, cinco personas: un juez en prácticas, un letrado y tres funcionarios administrativos. Su actividad duraría hasta finales de año, abarcando el plazo en el que se espera que las reclamaciones relacionadas con las hipotecas se disparen.

A pesar de que la teoría era ésa, la situación a mediados de junio es muy distinta a la prevista. El nuevo juzgado bis sólo cuenta con una jueza adscrita para este fin y con una letrada procedente del Juzgado de Instrucción número 1 que dedica cinco horas semanales a este cometido. También gastan la misma cantidad de tiempo extra dos funcionarios del número 4, es decir, un total de cuatro personas de las que sólo una tiene dedicación exclusiva.

A la vista del número de demandas que han entrado en apenas dos semanas, esta cantidad se antoja, a todas luces, insuficiente. Mientras que, en todo el primer trimestre del año, llegaron 249 asuntos civiles al Juzgado de Instrucción número 4, en lo que va de mes han sido 180 las causas por cláusulas suelo registradas. «Cada día entran una media de diez nuevas», señaló, en declaraciones a este diario, Raúl Franco, delegado sindical de CCOO-Justicia en Valladolid, que reclamó al Ministerio medios para convertir en realidad el juzgado bis y le reprochó que ponga «parches» después haber vendido este organismo de forma «propagandística».

Sin soporte informático

Si bien el juzgado bis cuenta con un despacho propio en el edificio de la calle Nicolás Salmerón, carece todavía de ordenadores y medios materiales para empezar a trabajar, unas carencias a las que, hasta esta semana, se sumaba la ausencia de un perfil informático propio en la aplicación que distribuye las demandas. Esta situación provocaba que todas las reclamaciones por cuestiones hipotecarias, de las que se tendría que ocupar el juzgado paralelo, entrasen al sistema del perfil del de Instrucción número 4, un cauce que «distorsionaba el trabajo», según reconoció Segoviano.

El abultado volumen de asuntos continuará creciendo una vez que salgan las primeras sentencias, ya que muchos de los afectados por las cláusulas suelo «están esperando a ver la línea que toma esto para dar el paso de presentar una demanda contra sus entidades bancarias», explicó el representante sindical.

Un volumen de demandas se extiende por toda Castilla y León

Si bien Valladolid es la única de las ciudades de Castilla y León donde se ha implementado –aunque de forma fallida– un juzgado especializado en las cláusulas suelo, en el resto de urbes de la Comunidad se han reforzado los existentes para hacer frente a la gran cantidad de demandas que están entrando.

En Salamanca, durante la primera semana de junio entraron 79 demandas, es decir, casi un tercio del total de asuntos que registraron los juzgados salmantinos entre enero y marzo. Más tímidos fueron en Ávila y Soria, donde entraron 19 y 5 reclamaciones, respectivamente. Los palentinos presentaron en sus dependencias judiciales 58 demandas por cláusulas suelo, mientras que, en Segovia, fueron 14 las que registró el sistema.

La falta de medios en los juzgados de la Comunidad para hacer frente a esta carga de trabajo ha provocado críticas también de UGT Castilla y León, que ya el pasado miércoles denunció que los juzgados especializados en cláusulas suelo en la Comunidad nacen colapsados por la falta de medios materiales y humanos, y aseguró que estos órganos son un «engaño» para los afectados y responden a una maniobra orquestada de la banca, el Ministerio de Justicia y el CGPJ para «salvar a los bancos de las reclamaciones».

Una opinión compartida por su homólogo, CCOO, que apuntó a que «en vez de obligar a los bancos a devolver sin más a los ciudadanos el dinero que les han cobrado indebidamente, se obliga a los ciudadanos a acudir a unos tribunales de justicia cada vez más colapsados».

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