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CCOO denuncia "graves problemas" en la digitalización de la Justicia

Las aplicaciones informáticas no funcionan, los equipos están obsoletos y falta personal formado

AITOR FERRERO
26/01/2017

 

«Las aplicaciones informáticas judiciales no funcionan de forma mínimamente aceptable, se cuelgan constantemente, son lentas, los equipos están obsoletos, no hay información, formación adecuada para el personal ni medios materiales y, además, falta plantilla en las oficinas de registro y reparto».
De esta forma definió ayer Comisiones Obreras (CCOO), en un comunicado recogido por este periódico, la situación que vive la Administración de Justicia desde que, hace más de un año, entrase en vigor de forma obligatoria la normativa bautizada como Papel 0 con el objetivo de realizar la totalidad de expedientes en versión digital. CCOO alega que este «sinfín de problemas» repercute en el servicio prestado a los ciudadanos ya que obliga a los trabajadores de Justicia a realizar las dos versiones de los expedientes –la electrónica y la física–, de modo que «se emplea más tiempo en sacar menos trabajo».

«Han empezado la casa por el tejado», resumió el delegado sindical de Justicia en Valladolid, Raúl Franco, en declaraciones a este diario, que ejemplificó la falta de medios con el número de escáneres con los que cuentan los juzgados. «Que un juzgado de nueve o diez personas cuente sólo con dos escáneres es completamente insuficiente», expuso Franco.

Para lograr que el 100% de expedientes sean electrónicos, los funcionarios tienen que escanear todos los documentos y añadirlos a la aplicación Minerva, que permite a cualquier órgano judicial implicado en la tramitación de un determinado procedimiento acceder a la información asociada al mismo con las garantías de reserva, control y confidencialidad requeridas. Sin embargo, como cada vez hay más operadores asociados a este software para acelerar el proceso de digitalización y el sistema no está preparado para este volumen de usuarios, la consecuencia es que va lento, se cuelga y permanece inoperativo una gran parte del tiempo, explicó el representante sindical.

Franco reconoció que «siempre hay» un periodo de adaptación pero que, después de un año, la situación es la misma y no perciben mejoras en la infraestructura con la que cuentan. La Administración de Justicia de Castilla y León depende del gobierno central al no tener la Comunidad cedidas esas competencias, algo con lo que sí cuentan otras autonomías. Esta característica hace que cada región esté en una fase distinta de la aplicación de Papel 0, lo que entorpece la transmisión de documentos entre los territorios, apuntó el representante sindical.

La falta de personal es uno de los problemas más acuciantes de la Administración de Justicia, denunció CCOO, que señaló que los lugares en los que más se necesita un incremento de plantilla son la Fiscalía –donde ya hay trabajadores temporales de refuerzo– y el Decanato, que añade a sus funciones administrativas la de registrar las demandas antes de que se envíen a los juzgados. Este cometido es el que más atascos acumula, por lo que su futuro pasaría por su escisión de ese órgano para pasar a formar parte de una nueva Oficina de Registro y Reparto en la que trabajasen alrededor de seis o siete personas.

Además de la falta de personal, otra de las reclamaciones que hizo el sindicato fue que la plantilla actual no ha recibido apenas cursos de formación para adaptarse a la nueva tramitación electrónica. «El ministerio de Justicia se ha tomado la formación como un mero trámite», criticó Franco, que manifestó que el tiempo total que han recibido los funcionarios asciende a apenas cinco horas, algo que considera a todas luces insuficiente cuando, además, se han reducido de cuatro a dos los formadores que hay en la Administración de Justicia de Valladolid, Medina del Campo y Medina de Rioseco y que ayudaban en el día a día con los problemas que se ocasionaban en el sistema.
El cambio a los expedientes digitales fue el proyecto estrella del actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, al considerar que la plataforma electrónica ofrecía un modo más rápido, seguro y efectivo de gestionar la tramitación judicial y ahorrar en papel.

 

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