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Agualid recurre para frenar que la gestión del agua pase al Consistorio

Pide en el Juzgado de lo Contencioso la suspensión cautelar del acuerdo del pleno en el que se aprobó el cambio / El Ayuntamiento acusa a la empresa de intentar retrasarlo «en beneficio propio»

F. MARTÍN
18/03/2017

 

Aguas de Valladolid, la empresa que se ocupa el ciclo integral del agua en la ciudad desde hace veinte años, el abastecimiento, alcantarillado y depuración, no ceja en su empeño por evitar que el Ayuntamiento recupere la gestión del servicio el próximo 1 de julio, fecha en la que termina la concesión. A cuatro meses vista del fin del contrato que mantiene con el Ayuntamiento, Agualid no se resigna a perder la concesión y vuelve a intentar que la operación fracase.

Primero lo hizo con un recurso de reposición ante el Ayuntamiento contra el acuerdo adoptado en el pleno del 30 de diciembre de 2016, en el que se acordó la recuperación de la gestión del agua. Desestimado el recurso por el Consistorio en otro acuerdo plenario, en febrero de 2017, Agualid vuelve ahora a la carga con los mismos argumentos, pero eleva el tiro y recurre ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

Además de reclamar de nuevo la suspensión cautelar del acuerdo del pleno, son dos los argumentos principales en los que se basa el recurso: el incumplimiento de la normativa laboral con perjuicio para los trabajadores, que pasarán a ser en su mayoría indefinidos no fijos, y la vulneración de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, con la creación de una entidad pública empresarial local para gestionar el servicio.

Agualid sostiene que, como el resto de entidades públicas municipales, la nueva creada para la gestión del agua debe incluirse en el presupuesto consolidado del Ayuntamiento y no puede tener unas cuentas diferenciadas. Dado que las inversiones previstas para el mantenimiento y mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento superan los 100 millones de euros -en varias anualidades- la empresa concluye que tendrán que hacerse con cargo al presupuesto municipal, con los perjuicios consecuentes para las arcas públicas.

En cuanto a la subrogación de los trabajadores por parte del Ayuntamiento, Agualid advierte de que las plazas de los indefinidos no fijos, la mayoría salvo un grupo que pasará a ser fijo por haber trabajdo en la antigua empresa ASVA, deberán salir a concurso en un plazo de tres años, Una situación que conlleva «una inestabilidad laboral» que no se daría «en el caso de mantenerse la gestión actual».

A estos argumentos, añade que las arcas municipales dejarán de ingresar los 6 millones de euros anuales que pagan en concepto de canon por la concesión y termina con un autoelogio para destacar la prestación, durante estos 20 años, de «un servicio de calidad, de forma eficiente y con una de las tarifas más baratas de España».

El Ayuntamiento salió ayer al paso del nuevo recurso para señalar que los acuerdos del pleno «son plenamente ejecutivos» y recordar que el proceso para recuperar la gestión del agua el 30 de junio sigue adelante. La concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, no se mostró sorprendida y atribuyó este nuevo movimiento de Agualid a un intento por retrasar la operación y «tratar de retener el beneficio que venía obteniendo con la gestión del ciclo del agua». Al tiempo, reprochó también a la empresa el retraso en la entrega de una serie de documentos solicitados, aunque hasta ahora no hay respuesta.

Sánchez no observó «ningún argumento nuevo» a los ya expuestos en el recurso que rechazó el Ayuntamiento, pero admitió que «la decisión está ahora en manos del juez». La nueva entidad que gestionará el agua ya está constituida y dotada con un presupuesto para los seis últimos meses del año, el primer semestre que gestionará el Ayuntamiento si prospera el proceso, de 13 millones de euros.

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