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«Adif y Renfe no pueden ser juez y parte en la investigación del accidente del tren de Angrois»

Seis años después del accidente que dejó 80 muertos, las víctimas reclaman una investigación independiente

ALBA CAMAZÓN / VALLADOLID
21/07/2019

 

Seis años han pasado desde que descarrilara el Alvia 04155 que viajaba de Madrid a Ferrol y que paraba en Segovia, Medina del Campo (Valladolid), Zamora, Puebla de Sanabria, A Gudiña y Ourense el 24 de julio de 2013. Apenas unos segundos en la curva de A Grandeira de Angrois cambiaron la vida de cientos de personas, que todavía hoy intentan recomponerse. Fallecieron 81 personas y 144 resultaron heridas de mayor o menor gravedad, una imagen que no resulta fácil de olvidar. Al menos para ellos, porque es como se sienten las víctimas de este accidente ferroviario: olvidados.

«Nos ningunean», lamenta Elena, una vallisoletana que viajaba en ese tren y que resultó herida en el descarrilamiento. Elena es solo una de las víctimas que reclama «verdad, justicia y reparación». Y se muestran «incansables» 2.188 días después de ese fatídico día, dispuestos a enfrentarse como David plantó cara a Goliat, honda y piedras en mano frente a un gigante armado con una espada, una lanza y una jabalina. «Vamos a seguir luchando. Nada ni nadie nos va a callar», anuncia Javier, segoviano, que perdió a su hijo Curro (27 años) en el accidente.

El tren circulaba a 179 kilómetros por hora en un tramo de 80, en una curva (la de A Grandeira) sin la señalización necesaria y sin el sistema de frenado automático ERTMS, que también transmite al maquinista información acerca del trayecto, la señalización o la velocidad indicada. Esta ausencia de señales ya había sido objeto de queja por profesionales como un maquinista jefe, que alertó a Renfe de que no había un aviso previo para que se redujera la velocidad, únicamente una señal a 200 metros de la curva, «que de poco vale de no haber reducido previamente la velocidad».

Las víctimas del Alvia insisten en que no se trató de un accidente, sino de un desinterés por parte de los directivos de Renfe Operadora y Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). Por este motivo reclaman una investigación técnica independiente y rechazan la que fue rubricada en mayo de 2014. «En vez de un accidente, que es fortuito, es una negligencia», asegura Elena, que no se siente «arropada» por las autoridades y dirigentes españolas.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está integrada por un técnico de la Secretaría, el director de seguridad de la circulación del Adif y el director de seguridad en la circulación de Renfe. Una estructura que incumple la directiva europea y que la propia Comisión Europea sancionó en enero de 2019, cuando vio «deficiencias» en la forma en que, actualmente, la CIAF «analiza e investiga los accidentes e incidentes» ferroviarios.

La Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo obliga a organizar un organismo «permanente e independiente de las partes implicadas en el sector ferroviario». Este organismo (la CIAF en el caso español) debe evitar «cualquier conflicto de intereses o posible implicación en las causas» del accidente. «Su independencia no debe verse afectada si estuviese estrechamente relacionado con la autoridad nacional responsable de la seguridad o el administrador de ferrocarriles», recoge la directiva europea.

De hecho, esta misma directiva plantea la invitación a los organismos de investigación de otro Estado miembro a participar en una investigación «cuando esté implicada en el accidente una empresa ferroviaria establecida y autorizada en el Estado». Una investigación que debe oír a todas las partes, algo que tampoco cumplió la CIAF, puesto que las víctimas denuncian que ellas no han sido escuchadas en esta comisión técnica.

El informe de la CIAF determina que la causa del accidente fue el exceso de velocidad debido a «la falta de atención» del conductor, que respondió a una llamada telefónica del interventor del servicio. Y eso que reconoce que no había limitaciones de velocidad en las proximidades del punto en el que el tren descarriló, además de que la propia CIAF recomienda revisar la señalización e instalarla, si no lo está.
Según esta comisión técnica, la supresión del sistema de retención ERTMS «no tiene incidencia directa en la determinación de las causas de este accidente», puesto que ese accidente, afirman, podría haberse producido también con el ERTMS igual que sucedió con el ASFA, un sistema de repetición de señales (menos detalladas que el ERTMS) con ciertas funciones de control de tren.

Los segovianos Javier y Cristina, que perdieron a su hijo en el accidente, tildan este informe de «infumable y tendencioso». «Adif y Renfe no pueden ser juez y parte en la investigación», reclaman la vallisoletana y los segovianos, que lamentan que la CIAF sea «una espada que nos atraviesa el corazón» e insisten en que no buscan venganza, «sino que pague quien tenga que pagar».

Javier y Cristina se definen –a sí mismos y a todas las víctimas– como «incansables» y no cejan en su empeño por exigir una investigación técnica integrada por profesionales especializados en el sector ferroviario que no estén vinculados ni a Renfe ni a Adif. «Nos privan de conocer qué es lo que ocurrió allí y nos impiden cerrar nuestro duelo», afea Javier, uno de los afectados que ha viajado hasta Bruselas para reclamar este derecho a la verdad y a la Justicia.

«Es en Europa donde nos han tratado por primera vez como ciudadanos», agrega Javier, cuya mujer, Cristina, ensalza el trabajo de la exeurodiputada gallega Ana Miranda (del BNG, integrada en el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea en la pasada legislatura). «La comisaria de Movilidad y Transporte, Violeta Bulc, se quedó alucinada con lo que le contamos», remata Javier, que recuerda cómo Bulc envió una carta a la CIAF en la que invitó a reabrir la investigación y les animó «a seguir luchando» por la verdad.

Porque, insiste Cristina, no se trata de un capricho de las víctimas, sino de un «derecho de toda la sociedad a saber qué se ha hecho mal». «Es para todo el mundo, porque es un transporte público», remacha esta segoviana, que ha recorrido toda la provincia junto a su marido «con la lágrima en el ojo» para que demandaran al Gobierno de España una investigación independiente y transparente.
«Nuestro caso no es como el de las víctimas del metro de Valencia [en el que fallecieron 43 personas], somos de muchas partes de España y el tema se dispersa, algunos se olvidan muy rápidamente de nosotros», lamenta Cristina. «Juegan un poco con el cansancio de la gente, pero lo que está pasando clama al cielo», agrega Elena.

Poco ha cambiado para ellos con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de que el ministro Ábalos pidió disculpas a las víctimas por todas las decisiones políticas. La Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 reclama a Ábalos que no hable en nombre de las víctimas, sobre todo cuando dijo hace unas semanas que a los afectados solo les interesaba la investigación judicial.

«En septiembre le pedimos una investigación técnica independiente. Y nos dirigiremos a Pedro Sánchez para pedirle lo mismo. Se lo debemos a Curro y a las demás víctimas, a quienes robaron sus sueños y sus vidas por una negligencia».

 

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