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12.430 ‘portazos’ a la propaganda electoral

Valladolid se moviliza contra el buzoneo de los partidos: el 3% de los electores lo rechaza

ESTHER NEILA VALLADOLID
15/10/2019

 

El Instituto Nacional de Estadística ha recibido en el último mes un aluvión de solicitudes de personas que no quieren recibir en su buzón la habitual propaganda de los partidos de cara a los próximos comicios generales del 10 de noviembre. En el conjunto de España, 810.367 electores han pedido ser excluidos de esta publicidad, lo que representa el 2,2% de todos los ciudadanos con derecho a voto en el país.

En Castilla y León son 48.834 las personas que han cerrado la puerta a estos envíos postales, el 2,3% de los 2,1 millones de potenciales votantes de esta autonomía, según los datos facilitados por el INE.
Por provincias, la que más se ha movilizado contra la propaganda electoral es Valladolid, donde casi 12.500 personas ha solicitado expresamente quedar fuera del buzoneo. Es decir, tres de cada cien potenciales votantes vallisoletanos han pedido ser excluidos del mailing, uno de los porcentajes más elevados del país, por detrás de Álava, Teruel (ambas con el 4,2%), Zaragoza (3,4%), Madrid y Huesca (3,1%).

Tras Valladolid y La Rioja (2,9%) encontramos a Segovia (3.271 excluidos, el 2,7% de su censo) y Burgos (7.821, el 2,6%).

En Soria, 1.897 personas se han borrado del listado (el 2,5% del censo) y otras 6.982 lo han hecho en Salamanca (2,3%).

Por debajo de la media nacional están Ávila (2.825 personas, el 2,1% de los votantes), Palencia (2.907, el 2,1%), León (7.837, el 1,8%) y Zamora (2.864 peticiones, el 1,7% de su censo).

El anuncio de la repetición electoral estimuló hace un mes el movimiento ciudadano contra el envío de esta publicidad y surgieron campañas virales para animar a los electores a suprimir su nombre del listado actualizado que reciben las formaciones políticas ante la convocatoria de unas elecciones, una documentación que permite a los partidos buzonear en los domicilios los sobres con sus papeletas y material persuasivo hacia su opción política. Además de la dirección postal, el registro incluye datos personales del votante como la fecha de nacimiento.

La posibilidad de darse de baja entró en vigor en marzo tras la última reforma de la Ley Electoral General, la Loreg. Aunque ya se aplicó por tanto antes de las elecciones del 28 de abril, la mayoría de las solicitudes se han recibido en las últimas cuatro semanas para rechazar otra hornada de sobres en la antesala del 10-N, cuando se celebrarán las cuartas elecciones de los últimos cuatro años. Hasta el 15 de septiembre habían sido 112.000 los españoles que habían solicitado la exclusión en el conjunto de España, apenas una séptima parte de los que han acabado haciéndole durante el último mes.

Para evitar las cartas de los partidos en noviembre, el plazo para solicitar la exclusión terminó el 7 de octubre, ya que el reglamento establece que un ciudadano puede borrarse hasta el decimotercer día posterior a la convocatoria electoral publicada en el BOE. Quienes lo soliciten a posteriori quedarán excluidos de cara a futuras citas con las urnas. Aunque la supresión del registro es permanente, un ciudadano puede volver a darse de alta cuando lo desee.

El proceso para formular esta solicitud es muy sencillo y puede tramitarse por internet en la página del Instituto Nacional de Estadística, además de presencialmente en ayuntamientos, las oficinas consulares y delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral.

El principal motivo para darse de baja es el elevado coste de los envíos postales, un gasto millonario que mayoritariamente sufragan los ciudadanos, no los partidos políticos, ya que las formaciones reciben después de las elecciones subvenciones por los envíos efectuados: 22 céntimos por cada envío postal para cada candidatura que obtenga grupo parlamentario en el Congreso o en el Senado.

A falta de conocer los datos relativos a las elecciones de abril, según las fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas, en las generales de 2016 los partidos justificaron envíos de propaganda electoral por un valor de 26 millones de euros. Ese coste podría ser mucho menor si se realizara a cada ciudadano un envío único con la propaganda conjunta de todos los partidos, tal y como llevan años proponiendo Ciudadanos y Unidas Podemos.

Otro argumento para borrarse del registro electoral nace de la creciente conciencia medioambiental para poner coto al derroche de papel y energía que supone imprimir y distribuir una publicidad electoral que, en muchos casos, termina en la basura sin siquiera abrir.

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