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Tiempo de compromisos para la educación pública

PEDRO ESCOLAR PEDRO ESCOLAR
12/05/2016

 

DESDE EL 2010, más a partir del 2012, la educación vive tiempos contrarios. La imposición de intensas políticas de recortes y de leyes como la LOMCE o decretazos de ordenación de las enseñanzas universitarias ha generado un grave malestar y muchas dificultades a las tareas del día a día en los centros de enseñanza y de manera especial en los públicos. Malos tiempos para su profesorado, alumnado y familias. Pero no de resignación. En estos años han levantado la voz reclamando una educación pública de calidad, gratuita, democrática e inclusiva. Llega la hora de que los nuevos poderes legislativos y ejecutivos cumplan. A ver si a la segunda (convocatoria de elecciones generales) va la vencida. La reversión de los recortes y la paralización y derogación de las contrarreformas educativas impuestas son compromisos inexcusables en este momento. Para ello nos estamos manifestando con voluntad unitaria los las Plataformas por la Escuela Pública y los sindicatos de la enseñanza pública en Juntas de Personal y Mesas Sectoriales de Educación.

Recuperar y blindar el presupuesto, si se tiene en cuenta el camino desandado. Por si a nuestro Consejero se le hubiera olvidado, le recordamos que el gasto público en educación se ha reducido en más de nueve mil millones de euros, reflejando una caída de ocho décimas del porcentaje del PIB en el gasto público destinado a la educación (53.375 millones, 4,95% del PIB en 2009, frente a los 44.002, 4,16 del PIB en 2014). El Ministerio recortó el 22% sus presupuestos y las Consejerías de Educación una media del 15%. La nuestra redujo los suyos en más de cuatrocientos treinta millones, cerca del 20%. Profundos recortes entre 2010-13 cuando crecían las necesidades de escolarización, por lo que el gasto público por alumno disminuyó aún más intensamente. Así, por ejemplo, en la educación pública no universitaria ha caído en España una media del 22% (1.474 euros), un 19% en Castilla y León (1437 euros). Un retroceso del gasto público educativo sin precedentes, que han tenido que compensar en parte las familias, por lo que el gasto de los hogares en servicios educativos ha crecido un 22%. La ligera recuperación, ojalá no coyuntural, en 2015 no compensa ni de lejos este desaguisado.

Las condiciones para una educación de calidad han empeorado con el aumento del número de alumnos/as por aula y las dificultades añadidas para la atención a la diversidad. Se han deteriorado con la congelación y limitación de las ofertas de empleo público, con la reducción de las plantillas, con el incremento de la carga horaria y el retroceso de las condiciones laborales del profesorado, con la disminución de recursos destinados a la formación permanente y de los gastos ordinarios y con la desaparición de los destinados a obras y equipamientos didácticos en TICs y F.Profesional que precisan ya de un plan renove. Y con más dificultades para las familias y el alumnado debido a la minoración de las partidas para ayudas y becas o al copago a través del incremento abusivo de las matrículas en las Universidades Públicas – las nuestras a la cabeza- y en las Enseñanzas de Régimen Especial. Solo gracias al esfuerzo de alumnado y familias y a la profesionalidad del profesorado, la enseñanza pública ha resistido estos envites. Pero si esto se enquista no habrá futuro. Las Cortes españolas y las de aquí pueden evitarlo blindando la inversión pública en educación; una necesidad estratégica y más en tiempos de crisis.

Sobre esta montonera de recortes se cimentó la LOMCE, cuya justificación no valía a sus ideólogos en Castilla y León, que sin ella ha obtenido unos resultados apreciables en las evaluaciones internacionales. Una ley que, a pesar del eslogan, no mejora la calidad de la educación y añade dificultades con su modelo que huele a alcanfor, a segregación, a competitividad, a sacristía, y a privatización. Impuesta con el rodillo del PP, sin ningún consenso, con un calendario imposible, pero bien atado. Una ley, como admiten nuestras autoridades de aquí, seriamente cuestionada. Pero como la elaboración de una nueva no va a ser ni puede ser cosa de seis meses, urge hasta su derogación paralizar sus aspectos más controvertidos: que las pruebas externas de evaluación en Primaria tengan un carácter solo diagnóstico, eliminar las reválidas de la ESO y Bachillerato, evitar que los proyectos de autonomía amparen la especialización curricular en las etapas básicas o acaben con el derecho a un horario y calendario escolar común, impedir la elaboración de ranking de centros y los modelos de segregación en los agrupamientos del alumnado. Y deshacer entuertos para no dejar en la estacada al final de la ESO al alumnado que ha cursado programas de diversificación en 2 º y 3º (los PMAR), suplir las fallas de la Formación Profesional Básica, favorecer con garantías el tránsito entre los diversos grados de la FP y repensar el modelo de selectividad para la Universidad. A la vez se ha de abrir el diálogo político y social para acordar las mejoras estratégicas y la estabilidad de nuestro sistema educativo, con un modelo inclusivo, comprometido con la enseñanza pública, buscando la complicidad e ilusión de los profesionales del ramo, su profesorado, y contando con los demás sectores de la comunicad educativa.

Aunque no todo es cuestión de leyes generales. Se precisan más compromisos. Es vital acordar políticas de empleo público docente que permitan la recuperación de las plantillas intensamente recortadas, así como disminuir la precariedad y sus elevadas tasas de interinidad. Ello exige que se eliminen de las ofertas de empleo las actuales limitaciones y favorecer un nuevo sistema de ingreso docente negociado, que permita consolidar el empleo del profesorado interino con experiencia suficiente y que de respuesta a las necesidades de los aspirantes nuevos titulados. Mantener los actuales porcentajes de interinidad en el empleo y en las plantillas docentes es un auténtico disparate. No habrá calidad sin profesorado ni equipos docentes estables. Ni con docentes castigados y señalados. Ni con modelos de carrera docente con innumerables escalas y más cargos que tropa, ni con directores/as con todo el mando en plaza ni con evaluación docente como elemento punitivo. El profesorado reclama que sindicatos y administración alcancemos un acuerdo que permita recuperar derechos laborales y retributivos; reivindica la reducción de su carga lectiva, el apoyo al trabajo en equipo, tiempo para su formación permanente, poner coto a la creciente burocratización de su tarea y menos placebo con títulos de autoridad a la vez que le sacuden y señalan como responsables de los males de la educación.

Compartimos que una adecuada atención educativa a la diversidad del alumnado, de manera especial al que presenta necesidades específicas, es elemento clave para reducir el fracaso escolar y avanzar en la equidad educativa. Pero vale ya de tanto discurso. Buena es la pasión de las palabras, pero sin comprometer mejores medios, el Plan que quiere aprobar la Consejería será papel mojado para la mejora de las oportunidades educativas del alumnado con más necesidades. Reclamamos ratios adecuadas; más profesorado de educación especial, de compensatoria, de orientación educativa y servicios a la comunidad, así como garantizar plantillas suficientes para desdobles, refuerzos, recuperaciones y profundizaciones, lo que facilitaría una atención más personalizada; con recursos y tiempos para la formación permanente del profesorado en metodologías inclusivas.

La Consejería de Educación, tras muchos años de política de marketing, debe abrir un proceso de diálogo y negociación sobre las medidas para la mejora de la enseñanza de las lenguas extranjeras en nuestra Comunidad y sobre el modelo de secciones bilingües impuesto sin negociación, con escasez de medios y empezando la casa por el tejado. Primero los cimientos, favoreciendo las condiciones de calidad en la impartición del idioma, en las que poco o nada se ha avanzado desde 2006, la extensión de una segunda lengua extranjera en el currículo, la incorporación de un idioma extranjero en la formación profesional… Además se ha acometer la ordenación de las enseñanzas bilingües, evitando la segregación en la escolarización, acotando las áreas impartidas en el idioma de la sección, negociando el modelo de plantillas, las ratios, los recursos didácticos y los medios para la formación del profesorado.

Apostar por la equidad, que aumentará si cesa el desamparo de la Junta con las escuelas municipales de cero a tres años, si Educación se hace cargo de ellas y se recuperan el espíritu y los compromisos del extinto Programa Educa3. Será mayor si se pone fin a la guetización de centros, vergüenza que no han evitado las normativas de escolarización zonificada ni el distrito único y que avanza bajo el mantra de la libre elección de centro, en beneficio de la muy pía enseñanza concertada, poco dispuesta en general a compartir pupitres con los más necesitados; favoreciendo la dotación de recursos colectivos a los centros (libros, dispositivos de las nuevas tecnologías), más que con las ayudas individualizadas y con políticas de estado que mejoren las becas; alumbrando con los centros y el profesorado medidas para reducir el abandono escolar en FP y Bachillerato, antes que bachilleratos excelentes para unos pocos. También y de manera especial en nuestra tierra, con pactos para blindar y mejorar la actual oferta educativa en el medio rural y el mapa de titulaciones en nuestras Universidades Públicas. De no ser así nuestro Consejero hará bonitos discursos y nos regalará los oídos, aunque poco más.

 

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