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El progreso tecnológico y el crecimiento económico

JOSÉ RAMÓN PERÁN JOSÉ RAMÓN PERÁN
14/04/2016

 

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA y particularmente la castellanoleonesa, no parece ser consciente de que su nivel de vida está ligado, ineluctablemente, al avance de la ciencia y la tecnología. Esto es así desde que el homo sapiens apareció en la Tierra, pero es absolutamente evidente desde el final de la Edad Media, cuando empezó a despegar la ciencia y comenzaron a aplicarse sus conocimientos para satisfacer las necesidades humanas. La Revolución Industrial dio sus primeros pasos en el siglo XVIII al conseguir utilizar de forma masiva y controlada las fuentes naturales de energía. Después, el progreso científico y tecnológico ha continuado de forma imparable. Sin él, nuestra forma de vivir sería muchísimo más pobre y el tan traído y llevado Estado del Bienestar seria una pura entelequia.

La actividad en I+D+i es muy diversa. Sus resultados son visibles cada día, aunque necesiten plazos de tiempo importantes para dar fruto. El éxito es consecuencia de un esfuerzo continuado. Desagraciadamente, los plazos de maduración pueden ser bastante superiores a los mandatos políticos, por ello, creo, ocupan un lugar tan bajo en las prioridades políticas, especialmente en las españolas.

Veamos los datos del año 2014, últimos difundidos por el INE. El gasto total español en I+D fue de 12.821 M€, un 1,5 % menos que el año anterior. Esta cifra representa el 1,23 % del PIB y con ella retrocedemos a la situación del año 2003, en una tendencia que comienza en 2010. Nuestra posición se sitúa por debajo de la media de la UE; el 2,02%, menos que Portugal y, muy lejos de Alemania y los países nórdicos que dedican aproximadamente el 3% de su PIB y del 4% de los lideres mundiales.

Al profundizar en estas cifras, los datos se tornan más desfavorables ya que las Administraciones Públicas redujeron los recursos dedicados a I+D en un 1,1% y las empresas en un 1,8%. Los datos del sector público son reales. En cambio, los de las empresas responden al resultado de la encuesta anual que hace el INE siguiendo la metodología del Manual de Frascati. Ello no obsta, que por razones fiscales, de prestigio u otras, muchas empresas declaren como I+D sus gastos técnicos totales.

En Castilla y León la situación es similar. Hemos pasado de dedicar una cantidad muy próxima a la media nacional (el 1,15 % del PIB) al 0,98%, lejos del 2,03 del País Vasco.

Pero no solo hay que dedicar recursos, sino utilizarlos eficazmente. La situación en este aspecto es mucho más preocupante y confusa. Las universidades, esencialmente las públicas, investigan en la creación de nuevos conocimientos. Es una misión básica y una actividad necesaria para impartir docencia de calidad. Pero hablamos solo de la investigación aplicada, la de efecto mas inmediato en la actividad económica y dejemos aparte la investigación médica que se rige por otros parámetros.

En nuestra Comunidad desarrollan actividad centros del CSIC y del CIEMAT, que cuentan con importantes recursos materiales y humanos, financiados casi íntegramente con dinero público de la Administración Central. La Administración Autonómica por su parte, administra el Itacyl, que tiene además de la investigación agraria, otras importantes tareas administrativas.

El esquema de trabajo de los centros públicos citados es propio de la investigación básica de mediados del siglo pasado, dependiente de decisiones administrativas en gestión, salarios, gastos de funcionamiento e inversión. Esta estructura y el régimen funcionarial de sus investigadores, en general muy cualificados, imprime una baja capacidad de adaptación a las necesidades empresariales tan rápidamente variables.

Existe un modelo distinto para transformar los conocimientos teóricos en realidades económicas. Se originó en los años cincuenta en Alemania y se ha extendido por toda Europa, incluyendo el Reino Unido y últimamente, EEUU. Es el modelo Fraunhofer de centros tecnológicos que ha sido el factor clave de la recuperación alemana después de la 2ª Guerra Mundial y del éxito continuado de su industria a lo largo del tiempo, incluido su resiliencia en la crisis que comenzó en el 2007.

Permite a las Pymes desarrollar una I+D+i de alta calidad, que por su tamaño no podían abordar. Asimismo, las grandes empresas pueden llevar a cabo investigación aplicada novedosa en temas muy especializados en los que sus grandes departamentos se muestran poco eficientes, sobre todo en plazos de desarrollo. Es muy útil a las universidades que han recibido un importante flujo financiero procedente del mercado, y más importante aún, pueden conocer los problemas científicos que la realidad industrial demanda.

La forma de financiar estos centros es una de las claves de su éxito. Venden sus servicios libremente a las empresas a precio de mercado, consiguen proyectos en convocatorias competitivas, nacionales, europeas o mundiales. Reciben de manera automática de los gobiernos federal y regionales del orden del 35% de lo realmente obtenido por aquellos conceptos. Esto les permite mantenerse en la vanguardia de las tecnologías que necesitan. La estructura descrita es muy eficiente, no discriminatoria, está al servicio real de las empresas que quieran progresar sanamente, en las formas que ellas mismas eligen. El coste público se reduce de una manera muy importante, con relación al modelo tradicional, y no so solo en valor, sino también en simplificación y transparencia de gestión y eficiencia económica.

A comienzos de los años 90, la Administración de Castilla y León con los fondos europeos que con tal objetivo llegaron a toda España, empleó muchos recursos en el lanzamiento del sistema alemán de investigación aplicada. Se crearon mas de 30 centros tecnológicos que se constituyeron jurídicamente como fundaciones o asociaciones de investigación sin animo de lucro, de carácter privado. Sus promotores fueron grupos de profesores universitarios especialmente sensibilizados con la transferencia de sus conocimientos al ámbito empresarial, junto a empresas importantes de la Región y las universidades públicas. No faltaron colegios profesionales y alguna pintoresca asociación local. Se repartieron cuantiosas subvenciones a fondo perdido. Pero pronto se vio que estos grandes esfuerzos económicos, no daban los frutos esperados. Hoy, los centros tecnológicos que sobreviven se cuentan con los dedos de una mano. Las causas de este fracaso fueron las graves desviaciones de las bases del sistema:

1ª.- La transmisión de conocimientos básicos y su transformación en bienes y servicios para el mercado implica una colaboración muy estrecha con las universidades. Los investigadores deben ser al menos un 20% doctores.

2ª.- Los centros tecnológicos deben hacer una autentica gestión empresarial. Es decir: deben ser viables económicamente.

3ª.- Deben ser centros de investigación aplicada, de transferencia de conocimientos, pero no pueden ser empresas con ánimo de lucro ni competir en el mercado con ellas. No pueden ser consultorías ni ingenierías.

4ª.- La legalidad aplicable prohíbe taxativamente la realización de inversiones con riesgo.

5ª.- La Administración Autonómica no ha sido estricta en hacer cumplir los preceptos legales vigentes. Las ayudas se han otorgado con cierta indulgencia.

6ª.- En 2011 estas ayudas se eliminaron indiscriminadamente, incumpliendo promesas y declaraciones solemnes, lo cual dañó a los centros cumplidores.

A pesar de todo lo anterior, la implantación del modelo de centros provocó la llegada a Castilla y León de una importantísima cantidad de recursos procedentes de Europa, que multiplicó por más de 1.000 la actividad en I+D+i. Estos recursos proceden de los proyectos ganados en convocatorias competitivas europeas y nacionales por algunos centros. En mi caso, como director general de CARTIF, puedo aportar datos concluyentes. Sólo entre 2010 y 2015, coincidiendo con los peores años de la crisis económica, CARTIF consiguió proyectos nacionales e internacionales que trajeron empleo, innovación y dinero a las empresas y entidades de Castilla y León involucradas en su desarrollo. En total, la actividad generada fue de 237M€, con una subvención de 102 M€. Otros beneficios añadidos e igualmente interesantes fueron posicionar a esas empresas en mercados internacionales de primer nivel y aumentar su competitividad.

Junto con la acción impulsora de la ADE, se consiguió un crecimiento de las micro, mini y pequeñas empresas de la Región más que notable. Iniciativas como la llamada "línea 4 de estimulo a la investigación industrial" y el Programa Legite fueron auténticos revulsivos. Creo que se cometió un gran error abandonándolas y sustituirlas, si se me permite la licencia, por «pájaros y flores».

En definitiva; si queremos emplear los recursos disponibles de manera verdaderamente eficiente para impulsar el crecimiento económico, es inaplazable impulsar de manera decidida el Sistema Alemán, corrigiendo las deficiencias observadas.

 

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