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Una necesaria mirada social

JAVIER AMOEDO JAVIER AMOEDO
10/03/2016

 

COMO PROCURADOR del Común soy un espectador privilegiado de la realidad regional y observo cada día la evolución de nuestra Comunidad y lo que es más importante, de las inquietudes de los castellanos y leoneses y de sus necesidades.

Desde que tomé posesión de mi cargo he asistido a una importante revolución en las necesidades de nuestros ciudadanos que ha venido marcada por una profunda crisis económica y social. Las quejas y reclamaciones han existido siempre, pero el calado de las mismas ha cambiado. Cuando nos hemos enfrentado a situaciones de carencias básicas hemos tenido que parar y reflexionar, siendo conscientes de que el reto, sin duda, es evitar la vulnerabilidad de la personas.

Quedan muchas cosas por hacer para mejorar la vida diaria de los ciudadanos y no podemos olvidar a quienes tienen dificultades para mirar el futuro con esperanza. Son los llamados colectivos vulnerables, aquellos que son el rostro de la llamada pobreza energética, quienes no tienen una vivienda adecuada o quienes no pueden ofrecer a sus hijos todas las oportunidades educativas o sanitarias que debieran tener.

El Procurador del Común se ha preocupado de quienes reciben o debieran recibir la llamada Renta Garantizada de Ciudadanía actuando para que más personas puedan beneficiarse de la misma y puedan tener una vida más digna. Pedimos que se agilizasen los trámites para concederlas y entendimos que había que eliminar ciertos criterios rigoristas a la hora de resolverlas. Asimismo entendimos que se debía permitir que quienes tienen bienes inmuebles no se vean gravados por ello, porque en muchos casos no son sino cargas de las que no se pueden desprender y eso no implica que puedan hacer frente a sus necesidades. También hemos defendido que no debe extinguirse la prestación porque una persona abandone unos días su domicilio en Castilla y León o porque reciba una cantidad a todas luces insuficiente para hacer frente a sus necesidades y las de su familia. Todas estas previsiones ya se han conseguido pero la Institución sigue de cerca la nueva regulación para intentar adecuarla lo mejor posible a la realidad social de nuestra comunidad.

Iniciativas como la modificación de los criterios de ayuda al alquiler, donde se consiguió que se convocara con carácter prioritario un nuevo programa sin necesidad de acreditar un nivel mínimo de ingresos económicos, con prioridad a todos aquellas personas, en su mayoría jóvenes, que habían quedado fuera de otras convocatorias. Pero en este punto, tampoco nos podemos conformar en vista del número de personas que siguen sin poder acceder a las ayudas, no por falta de voluntad política, sino por falta de presupuesto. Considero que el fomento del alquiler debe configurarse como uno de los elementos básicos de las políticas públicas de vivienda, dirigidas a proteger y a tratar de garantizar un derecho de contenido económico y social, como es el acceso a una vivienda digna y adecuada.

Cuando hablamos de vivienda y colectivos vulnerables no podemos evitar abordar un tema preocupante, que es nuestro deseo que deje de serlo, como son los desahucios. Sin entrar a valorar determinados casos, muchos judicializados, debemos pensar y valorar las situaciones específicas. Por eso, creemos que será necesario garantizar que, cuando menos, el 30 por ciento de las viviendas de protección pública de titularidad autonómica desocupadas se integren en el parque público de alquiler social y cuya adjudicación sea más rápida atendiendo a las situaciones dolorosas que sufren muchas familias.

Me preocupa el presente pero también el futuro. Por eso desde mi Institución vengo propugnando la mejora de los servicios sanitarios, educativos y sociales.

Contamos con unos excelentes profesionales en el ámbito de la salud pero hay que garantizarles que pueden desarrollar su carrera en óptimas condiciones dotando a nuestros centros sanitarios de los mejores recursos posibles para que el paciente no deba desplazarse fuera de Castilla y León, porque aquí, tiene una inmejorable calidad asistencial. Cuando hablamos ciertamente preocupados por la despoblación en nuestra comunidad, debemos pensar que además de oportunidades, debemos de garantizar servicios plenos, porque no debe de haber ciudadanos de primera o de segunda por la decisión de residir en un pequeño municipio de nuestra comunidad. Hablo de mantener servicios como las urgencias nocturnas, como garantizar la presencia de pediatras o como mejorar determinados consultorios médicos. Por otra parte deben adoptarse medidas urgentes para que las listas de espera quirúrgica y de consulta de especialista se reduzcan de forma drástica porque esto preocupa al paciente castellano y leonés y preocupa al Procurador del Común.

Otro aspecto que tenemos que cuidar es la educación que ofrecemos a nuestros niños, la base de nuestro futuro, quizá a lo que deberíamos de prestar una mayor atención. Debemos formarles para que se incorporen a la sociedad en las mejores condiciones posibles. Para ello, contamos con un importante contingente de personas, nuestros docentes, que deben ser oídos y apoyados.

Debemos además promover una adecuada conservación de los centros educativos donde nuestros hijos y nietos pasan una parte importante de su jornada promoviendo un adecuado desarrollo de su personalidad. Aunque contamos con uno de los mejores sistemas educativos, según diversos informes, no podemos permitir que de nuevo, la falta de medios, vuelva a ser una cortapisa de un correcto desarrollo. Me refiero al estado de algunos centros educativos, que adolecen de un adecuado estado de conservación, y que dejaron de ser una prioridad a la espera de tiempos mejores. También hay que garantizar que todos ellos reciban una alimentación de calidad, adecuada y suficiente al margen de la situación económica de sus familias cubriendo de forma adecuada sus necesidades básicas.

Desde otra perspectiva del prisma social, es para mi necesario detenerse ante las personas con discapacidad o las personas dependientes. Si el reto es la igualdad, si el reto es mejorar su calidad de vida y la de sus familias, no pueden quedarse en palabras y compromisos, sino en actuaciones y políticas reales y firmes. Hablo de solucionar barreras arquitectónicas, de la eliminación de trabas burocráticas, de favorecer un mayor apoyo y reconocimiento a aquellas asociaciones que trabajan por y para los que más lo necesitan y que en ocasiones, no reciben más que buenas palabras. También debemos conseguir que estas personas puedan acceder al empleo público y privado en condiciones adecuadas.

Contamos pues con todos los elementos para la vida futura de los castellanos y leoneses sea mucho mejor, por ello sólo es cuestión de voluntad y de que cada uno, dentro del ámbito de sus responsabilidades, apueste por ello. En este sentido el reto más importante para el Procurador del Común es contribuir a crear unos servicios públicos de calidad y que los castellanos y leoneses puedan tener una vida plena en su propia tierra. Tenemos un paisaje privilegiado y un gran atractivo cultural y gastronómico pero también una población envejecida a la que hay que atender y cuidar, unos niños a los que hay que dotar de cimientos sólidos que les permitan crecer. Asimismo tenemos importantes retos tales como conseguir que nuestros jóvenes permanezcan en nuestra tierra y que los servicios públicos con que contamos sean de primera calidad.

 

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