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El Ministerio Fiscal, defensor de la sociedad

 

SEGURAMENTE TODOS estaremos de acuerdo en que, como dijo Montesquieu, «una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad». Para proteger a la sociedad, y velar por el tratamiento justo de sus individuos, nos hemos provisto de la figura del Fiscal. Pero es cierto que no todos los ciudadanos tienen claro cuál es el papel del fiscal en la sociedad. Tal vez permanece en nuestra memoria la imagen que la literatura ha proyectado sobre él: el malvado Gérard de Villefort, de El conde de Montecristo, o el escalofriante personaje que describe Victor Hugo en El último día de un condenado. Pero debo aclarar al lector que estas son imágenes que están totalmente alejadas de la figura del fiscal actual. Desde hace ya años, tanto nuestra Constitución como la influencia de otros países europeos, incluso diría que el quehacer cotidiano de los propios fiscales, se han distanciado considerablemente del modelo de Victor Hugo, es decir, de aquel agente del ius puniendi estatal, encargado de sostener la acusación en el proceso penal, para llegar a un perfil mucho más amplio, como garante de la legalidad y protector de las personas más vulnerables. En consonancia con lo que la Carta de Roma entiende que debe ser un fiscal en un estado de derecho y una sociedad democrática, en el Ministerio Público español, y por supuesto en el de Castilla y León, destacan las amplias funciones que el fiscal desarrolla en ámbitos ajenos al derecho penal.

Qué duda cabe de que el peso de la jurisdicción penal en nuestro territorio, como en el resto del país, constituye más del 70% de los asuntos que cada día ingresan en los tribunales. Si cuantitativamente representa una actividad fundamental en el funcionamiento diario de los tribunales, cualitativamente es un ámbito muy sensible que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a nuestro estado de derecho. En este marco, el fiscal es la figura central. En todas y cada una de las fiscalías de Castilla y León, día a día el fiscal defiende los derechos de las víctimas, procurando que obtengan una protección integral y una justa reparación, objetivos que incluso deberán intensificarse ante las nuevas exigencias que el reciente Estatuto de la víctima del delito nos atribuye.

Pero, como decía, en otros ámbitos es esencial hoy en día la actuación del fiscal. Me detendré en algunos de los más visibles en nuestra comunidad:

En la protección de las personas con discapacidad y diversidad funcional. En este área, el fiscal promueve la constitución de los organismos tutelares y de protección y vigila su correcto ejercicio. Seguiremos trabajando en la implantación plena de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006 y en el modelo de apoyo y de asistencia, buscando a la vez alternativas a la declaración de discapacidad, teniendo siempre la mirada puesta en el respeto a los derechos fundamentales que toda persona tiene por el hecho de serlo.

En la protección de los menores, cuyo superior interés nos orienta tanto para su protección como para su corrección y educación, si han protagonizado conductas nocivas, lo que incluye también la supervisión de los centros que acogen a menores desprotegidos y de aquellos otros en los que se procura su reeducación y reinserción social.

En la protección de los «consumidores y usuarios», ámbito en el que nuestra intervención va adquiriendo especial relieve. Los consumidores y usuarios se ven enfrentados a poderosas empresas en una posición absolutamente asimétrica. No es infrecuente encontrarnos con que prácticas abusivas y fraudulentas vulneran sus legítimos derechos, y que son lesivas, también, para el interés general. Las últimas reformas legales suprimen los obstáculos de legitimación que reducían la actuación del Ministerio Fiscal, e incrementan de modo significativo nuestras posibilidades de actuación en defensa del interés social comprometido.

En la protección del medio ambiente. Con el fin de preservar el valioso entorno de nuestra comunidad y dejar a las generaciones futuras un entorno más habitable, todas las fiscalías de Castilla y León cuentan con secciones de medio ambiente y urbanismo, encargadas de estudiar y perseguir los asuntos que afectan a la protección del medio ambiente, de nuestro patrimonio histórico artístico así como de la ordenación urbana.

Contamos con secciones especializadas en siniestralidad laboral que trabajan para desterrar el hecho de que acudir al puesto de trabajo suponga un peligro para la integridad de los trabajadores como también las tenemos en seguridad vial, pues, igualmente, la seguridad vial, es un derecho de los usuarios de las vías públicas.

Es imposible no resaltar las más conocidas secciones de violencia contra la mujer, en las que nos esforzamos en contribuir a erradicar esa violenta forma de discriminación y en evitar sus consecuencias para las víctimas y sus hijos. De la misma manera que intentamos proteger la paz en el hogar familiar desde las secciones de violencia domestica.

Asimismo estamos presentes en todas las jurisdicciones, desde la social a la contencioso-administrativa cuando se invoca la vulneración de derechos fundamentales, como también tenemos nuestra mirada puesta en los centros de internamiento o de ingreso de todo tipo (penitenciarios, psiquiátricos e incluso los de las personas de la tercera edad), dispersos por nuestro extenso territorio, vigilando que se respeten los derechos fundamentales de las personas en ellos ingresadas y, en especial, su derecho a la dignidad.

Esta enumeración no agota los ámbitos de actuación del fiscal. Pensemos solo en que la globalización, la permeabilidad en las fronteras y la ausencia de límites en las tecnologías hacen que vayan apareciendo frentes en la lucha contra la delincuencia y en la defensa de intereses colectivos.

Tenemos que consolidar nuestra posición en estos ámbitos que podemos denominar extrapenales, pero sin olvidar nuestra genuina función en el ámbito penal. Es en este último en donde debemos ser infatigables en la persecución de toda forma de delincuencia, desde la violencia de género a la xenofobia y a los delitos de odio o a los cometidos aprovechando la facilidad y aparente impunidad que ofrecen las redes sociales, y, ahora más que nunca, con el crimen organizado que llega a todos los lugares. Tampoco dudaremos ni un segundo en perseguir la delincuencia económica y la informática, así como la corrupción, y en especial la relacionada con el sector público, pues los comportamientos derivados de esta forma de delincuencia socavan la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático y debilitan las instituciones.

En todos estos campos es imprescindible adelantar las barreras de protección para evitar que el delito se produzca. Los distintos órganos de control de la legalidad de cualquier tipo, que ya existen, deben de funcionar y cumplir con su mision de forma rigurosa. Hay que implantar una verdadera cultura de la prevención de delito.

En Castilla y León, con el fin de ser más eficaces en la lucha contra el delito y en la defensa de los derechos de nuestros conciudadanos, se ha implantado el principio de especialización en todas las fiscalías de la comunidad. Los resultados, en cuanto a calidad del trabajo, respuesta judicial y eficacia, nos animan a seguir por este camino. El principal activo con el que cuenta el Ministerio Fiscal en esta omunidad son sin duda las personas: 128 fiscales profesionales altamente cualificados, auxiliados por 137 funcionarios expertos, y distribuidos en las nueve fiscalías provinciales, en la fiscalía de la comunidad y en la fiscalía de área de Ponferrada. Estas dos últimas creadas para adaptar la estructura territorial del Ministerio Fiscal al estado de las autonomías y acercar el Ministerio Fiscal a los ciudadanos del territorio al que sirve.

Ahora bien, para conseguir la eficiencia en el desarrollo de nuestras funciones y en la consecución de los objetivos, no basta con el ejemplar esfuerzo y disposición de las personas; se necesitan además los medios y recursos adecuados. Tenemos por delante la importante tarea de modernizar métodos de trabajo, de mejorar en comunicación y atención al ciudadano, así como la de preparar las fiscalías de Castilla y León para la tan esperada justicia digital. Estamos en la sociedad digital y la administración de justicia no puede quedarse atrás. En este punto nuestros esfuerzos están totalmente comprometidos pero es necesario igual compromiso en inversiones por parte de los poderes públicos con competencias para ello.

Los fiscales de Castilla y León, como defensores del ciudadano, nos sentimos preparados para asumir el reto de un nuevo proceso penal ágil y moderno. Y estamos comprometidos en la construcción de un Ministerio Fiscal eficaz, porque somos conscientes de la importancia que tiene nuestra función, tanto en el fortalecimiento del estado de derecho como en el mantenimiento de la convivencia en una sociedad moderna.

 

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