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La Justicia que desean los abogados de Castilla y León

 

ME PIDE EL MUNDO le remita la opinión de la Abogacía de Castilla y León sobre la situación de la Justicia en nuestra Comunidad. Antes de hacerlo no puedo evitar tener que referirme una vez más a la incidencia que la crisis económica padecida en los últimos años ha tenido en los abogados y en la Comunidad castellana y leonesa como en el resto de los ciudadanos.

Los abogados vivimos de la calle, estamos en la calle como nuestros clientes y la calle como la sociedad en general no están bien. De ahí que no pueda desde estas líneas afirmar que ya hemos visto los tan anunciados «brotes verdes», como otros lo hicieron.

Si a todo ello unimos que nuestro país está viviendo una situación política esperpéntica, que vemos día tras día cómo todos nuestros políticos, en los que depositamos nuestra total confianza, son incapaces de encontrar soluciones a nuestros problemas, tengo que manifestar con rotundidad que no vemos una salida airosa a esa situación crítica en la que estamos inmersos. Nos encontramos, en definitiva, en un callejón sin salida.

La Abogacía de Castilla y León, está integrada por profesionales que ejercemos nuestro oficio de manera artesanal. Está constituida por despachos pequeños que en gran número son unipersonales. Todos conocemos directamente a nuestros clientes, sus problemas, sus familias y sus circunstancias personales. Ellos forman parte de nuestro quehacer diario y también sabemos de sus hijos, sus trayectorias profesionales, sus oficios, etc... Y recibimos su agradecimiento y muchas veces nuestros honorarios a través de atenciones personales o de regalos humildes en especies, bien es cierto que cada vez en menor medida.

Tratamos de sobrevivir en medio de esta sociedad que vemos como está evolucionando a mayor velocidad que la que nosotros mismos podemos desarrollar. Vemos cómo nuestros hijos vuelan lejos de nosotros con la utilización de las nuevas tecnologías y, observándolos, comprobamos cómo se elevan a años luz de la que ha sido nuestra plataforma vital.

Es lamentable que los abogados, como la sociedad en general, estemos en el año 2016 en peor situación que nos encontrábamos hace seis u ocho años.

Es doloroso comprobar cómo gran número de compañeros han tenido que cerrar sus despachos por falta de trabajo después de muchos años de ejercicio. Pa0ralelamente, todo ello conlleva un notorio incremento de ciudadanos, en contra de lo que ocurre en el resto del país, que acuden al turno de oficio porque no pueden hacer frente a los honorarios «de su abogado de toda la vida». Vemos cómo en Castilla y León las listas de compañeros que por falta de clientes tuvieron que inscribirse en el Turno de Oficio se incrementan notoriamente.

En esta situación descorazonadora, Castilla y León fue la única Comunidad en nuestro país en que la abogacía institucional fue privada de la asistencia jurídica a las mujeres víctimas de violencia en beneficio de despachos privados, sin concurso público alguno y sin razones jurídicas que justificaran aquélla decisión. Bien es verdad que la actual consejera de Familia parece estar decidida a solucionar ese desafuero y resolver aquél agravio a la abogacía institucional que entonces se hizo.

Somos el mayor colectivo de profesionales liberales de nuestro país, no recibimos sueldos ni subvenciones públicas, siempre hemos vivido de nuestro trabajo y siempre fuimos respetuosos con todas las instituciones. No somos corruptos, pero porque somos independientes. Tenemos que decir la verdad, sin tapujos de ningún género y tenemos la obligación para con nuestra gente de «llamar al pan pan y al vino vino».

La mirada que nos piden desde El Mundo debe ser profunda y crítica con la situación real en que se encuentra nuestra querida Comunidad. Desde la abogacía no alcanzamos a entender cómo nuestros políticos no se entienden. Viendo en la prensa cómo Rivera no se habla con Iglesias, Iglesias no lo hace con Sánchez y Sánchez no quiere ni oír hablar de Rajoy.

Los abogados llevamos años reclamando un pacto de Estado por la Justicia en el que estemos todos aquéllos que intervenimos en ésta de alguna forma, sin excluir a nadie. Pero la falta de entendimiento de nuestros grupos políticos han dificultado que pueda alcanzarse ese acuerdo tan deseado por la sociedad en general.

En nuestro quehacer diario, estamos negociando habitualmente con compañeros que defienden otros planteamientos diametralmente opuestos a los nuestros, «la verdad de sus clientes» porque nuestros estatutos y nuestros códigos éticos y deontológicos así nos lo exigen, y en un tanto por ciento muy elevado de ocasiones llegamos a pactos, acuerdos y soluciones porque estamos convencidos que ello es lo mejor para el cliente, lo mejor para la sociedad y también para la Justicia.

El abogado debe buscar en el ejercicio profesional la paz y debe también respetar sus principios éticos y deontológicos preservando siempre su independencia frente a injerencias extrañas. De ahí que en su día a día en su despacho profesional tenga libertad absoluta para poder elegir a sus clientes, pero una vez elegidos éstos la relación entre ambos deberá fundamentarse en la confianza recíproca, honrada y leal.

Sugiero desde esta humilde mirada a nuestros representantes públicos por qué no buscan un abogado. Sin duda quiénes hasta ahora no se han entendido encontrarán ese mutuo acuerdo. No me cabe duda que con la presencia de un abogado encontrarían las soluciones que nuestro país necesita, en igual medida que las encuentran los clientes cuando a nosotros acuden.

Desde estas líneas tengo que hacer necesaria referencia a otra crisis diferente a la anterior. No es económica como aquélla, pero es de igual o mayor calado. Me estoy refiriendo a la crisis humanitaria de los miles de refugiados que están llegando a nuestras costas y a la Comunidad Europea en general.

Desde la abogacía siempre hemos defendido con ahínco los derechos y libertades fundamentales que asisten a los ciudadanos independientemente de su raza, su origen y el color de su piel y no podemos permanecer pasivos ante la flagrante vulneración de los derechos humanos que están sufriendo millones de ciudadanos que, escapando de la guerra, la pobreza y la opresión de sus países de origen, nos solicitan ayuda y nos piden protección. La sociedad debe y tiene que dar contundente respuesta a este gran problema que es de todos y entre todos tenemos que encontrar una solución.

 

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