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Una identidad solidaria

ALICIA GARCÍA ALICIA GARCÍA
02/03/2016

 

Desde siempre he considerado que acercarse a la vida cotidiana de las personas es una obligación de todo responsable público, un deber que asumo con sumo gusto en cuanto tengo la menor oportunidad, y que me permite escuchar, observar, conversar, pero sobre todo sentir. Y si algo percibo con claridad es el profundo y arraigado sentido de la solidaridad de las gentes de Castilla y León y, muy especialmente, en estos tiempos tan complicados para muchas personas. Por ello, la mirada que me gustaría mostrar a través de estas líneas no es la mía, es la que he visto reflejada en otros, en las gentes de Castilla y León; la del voluntario que ayuda a distribuir alimentos de primera necesidad, la del profesional que cuida de un anciano en una residencia, la del trabajador social que ayuda a una persona con dificultades, la del psicólogo o la abogada que asesoran a una víctima de violencia de género o la del familiar de una persona con discapacidad.

Una mirada social, profundamente solidaria, que habla de compromiso, responsabilidad y exigencia; la que nos imponen a los responsables políticos los ciudadanos y que nos obliga a dar lo mejor de nosotros mismos para diseñar una sociedad justa que ofrezca oportunidades a todos, que proteja a los más desfavorecidos y que nunca se olvide de los más débiles. En este empeño Castilla y León puede sentirse orgullosa de contar con un sistema de protección social que es referencia en toda España. La apuesta de esta tierra por lo social es incuestionable pues entendemos que la preservación del Estado del bienestar ha de pasar necesariamente por un reforzamiento de los principios de solidaridad y cohesión social.

Si algo define al sistema de protección social de Castilla y León es que lo hemos construido entre todos. Desde los primeros pasos en su configuración la participación de agentes sociales, económicos, entidades del Tercer Sector, profesionales, y Administraciones, especialmente las más cercanas a los ciudadanos, ha sido constante y fundamental. Dialogo y consenso civil, político y social para avanzar y mejorar en cobertura, en calidad y en protección. El consenso en torno a la reforma de nuestro Estatuto en 2007, que permitió incorporar nuevos derechos y garantías sociales, es el elemento esencial en la conformación del actual sistema de protección social.

Este nuevo Estatuto ha sido el motor del cambio en la forma de entender los derechos sociales y del modelo de atención en que se sustentan. En su desarrollo se aprobaron leyes, especialmente la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, que propiciaron un gran salto cualitativo en la atención social, al superar el modelo de servicios sociales de carácter asistencial, y avanzar hacia un sistema en el que éstos se configuran como auténticos derechos subjetivos de los ciudadanos.

Castilla y León ha liderado en España un modelo de servicios sociales nuevo, diseñado para las personas, y basado en una atención individualizada. Esta apuesta y el intenso trabajo desarrollado para su implantación ha dado sus frutos; Castilla y León puede estar orgullosa de las ratios de evaluación de sus servicios sociales, situados en el máximo nivel de calidad del Estado. Un modelo que sigue en evolución, máxime en estos tiempos de crisis. Como es bien sabido, las situaciones de vulnerabilidad social se han intensificado por los efectos de la actual crisis económica. Ante estas nuevas circunstancias, y a pesar de la mejora de la situación económica, y su reflejo en la recuperación del empleo, hemos de afrontar un escenario que, por un lado, detrae recursos al tiempo que genera más necesidades en un mayor número de personas.

En este contexto económico las principales cuestiones que se plantean se pueden resumir en tres retos que definen el ahora pero también el futuro de la protección social en Castilla y León. Por un lado, hemos de plantearnos la propia sostenibilidad de un sistema público de protección social en un contexto económico como el actual, por otro lado, es preciso concretar qué respuestas puede ofrecer nuestro sistema ante la desigualdad, la pobreza y la exclusión social y, por último, analizar cómo pueden contribuir los Servicios Sociales a la recuperación del empleo y, en consecuencia, a la salida de la crisis.

El reto de la sostenibilidad es, sin duda, el de mayor calado. Resolver el complejo sudoku definido por más gastos y menos ingresos es esencial. Creo que garantizar la sostenibilidad ha de pasar necesariamente por desarrollar una política social que piensa a largo plazo, y basada en un modelo de gestión eficiente que incorpore como elementos esenciales, la optimización de recursos, la eficacia y la priorización de actuaciones. En este sentido, los servicios sociales de Castilla y León han puesto en marcha medidas de eficiencia y racionalización del gasto que han configurado un modelo eficiente y sin duplicidades, basado en el reconocimiento de derechos a los ciudadanos. En un momento como el actual, la priorización del gasto y la introducción de medidas de racionalización del gasto, resultan fundamentales; El presupuesto para 2016 es buen ejemplo de ello, ya que las medidas de ahorro y priorización del gasto permiten que casi el 98% del total del presupuesto se destine a atender y prestar servicios a las personas.

La segunda cuestión que nos planteábamos hacía referencia a las respuestas ante las nuevas necesidades sociales que surgen como consecuencia de la crisis. Hoy la máxima prioridad son las personas con mayor riesgo de exclusión, y para dar respuesta a sus necesidades, se ha constituido la Red de protección a las familias afectadas por la crisis. Con esta Red se está dando una respuesta rápida e integral, mediante la coordinación de 23 programas que la conforman, a las necesidades sociales de las personas. Programas para la atención directa a fin de garantizar la provisión de los productos básicos de primera necesidad, como son la alimentación, la higiene personal o el alojamiento. El Servicio Urgente de Distribución de Alimentos, la renta garantizada de ciudadanía y su directa vinculación con el empleo, el Servicio de Atención Integral a las Familias en Riesgo de Desahucio, las ayudas de emergencia, son los principales recursos y programas de esta Red.

Una red que se sigue desarrollando desde el dialogo y el consenso, como han puesto de manifiesto los últimos acuerdos firmados por el Presidente de la Junta de Castilla y León con el Diálogo Social para ampliar la cobertura de la Renta Garantizada de Ciudadanía y flexibilizar su concesión o para avanzar en la igualdad y conciliación familiar, entre otros.

La propuesta de incluir esta Red en el Estatuto de Autonomía, también con el consenso de las diversas fuerzas políticas y agentes sociales, permitiría dotarla de estabilidad y consagrarla como un elemento estable de protección y amparo más allá del ciclo económico y de las vicisitudes financieras que puedan existir en cada momento.

Por último, quiero poner de relieve el papel de los Servicios Sociales al constituir un sector estratégico para la salida de la crisis. Su capacidad de generación de empleo y los retornos económicos del gasto público los convierten en una fuente de riqueza indirecta con una enorme potencial para fijar población. El multiplicador de empleo asociado al gasto en política social está entre los más elevados de la economía. Visto así, el mayor envejecimiento en Castilla y León puede ser, paradójicamente, una oportunidad para el crecimiento y un factor de fijación de la población joven si se invierte decididamente en estas atenciones.

En este sentido, en Castilla y León apostamos por considerar los servicios sociales como factor generador de riqueza y empleo, y así el modelo se decanta decididamente por la profesionalización en la prestación de servicios. En conclusión, los Servicios Sociales, con las necesarias reformas que introduzcan factores de racionalización del gasto, no sólo permiten la sostenibilidad del propio sistema, sino que pueden ampliar su respuesta a las nuevas necesidades que inevitablemente aparecen, al tiempo que puede convertirse en un factor de generación de riqueza y empleo que contribuya eficazmente a la salida de la crisis.

Castilla y León tienen grandes fortalezas y potencialidades, las conocemos bien, pero sobre todo tiene alma. Mi responsabilidad al frente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades me permite conocer, de primera mano, la realidad de una sociedad comprometida, que sitúa a la persona en el centro de su acción política y social y que considera el progreso social como una de sus aspiraciones definitorias, en definitiva, una sociedad solidaria en la que merece la pena vivir.

 

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