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La crisis permanente de la universidad

 

LA PALABRA ‘CRISIS’ lleva estando presente desde que tengo memoria. Cuando comenzó El Mundo en su edición de Valladolid, inaugurábamos la década de los 90 con una crisis que no vimos hasta que nos embistió (como la actual), entonábamos la ‘Senda del tiempo’ de nuestros Celtas Cortos y nos ilusionábamos con las Olimpiadas o la Expo, aprendimos Internet y el correo electrónico, vivimos la caída del Muro, aparecieron nuevos países y entramos en Europa.

En nuestra región, con el complejo de falta de identidad, impuesto desde otras latitudes, poco han cambiado las cosas. En los últimos 25 años se han perdido unos 130.000 habitantes, los ocupados han pasado de 790,6 a 959,2 miles de personas y la tasa de paro del 15,8% al 16,6%.

Pero me voy a centrar en el aspecto educativo y en particular en la Universidad y su evolución en estos últimos años coincidentes con las bodas de plata del periódico.

Por ley, la administración central tiene competencia exclusiva para regular la estructura de los niveles educativos y las condiciones para obtener, expedir y homologar títulos académicos y profesionales. Por su parte, las Comunidades Autónomas se ocupan del desarrollo y ejecución legislativa de la enseñanza en su territorio. Desde 1970 son 8 las leyes distintas de educación (una cada cinco o seis años); demencial para un país. Ya es hora de un pacto nacional por la educación, especialmente en los niveles básicos para que no cambie la ley con cada gobierno. Si no saben hacerlo, deberíamos trasladar el sistema de un país de nuestro entorno al que queramos parecernos y adoptar un sistema educativo estable para los próximos 30 años.

Ciñéndonos a la Universidad, la autonomía universitaria en Castilla y León comenzó en 1995 con un Real Decreto sobre el traspaso de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas, traspaso cuyo coste efectivo fue entonces de 19.585,4 millones de pesetas (unos 118 millones de euros).

Mediados los 90 se completó el territorio universitario de Castilla y León incorporándose los centros de Segovia adscritos hasta entonces a las universidades madrileñas Autónoma y Complutense. Se crea la Universidad de Burgos segregándose de la de Valladolid y se autorizan nuevas universidades privadas a sumar a la Pontificia de Salamanca, la SEK de Segovia, la Católica de Ávila, la Miguel de Cervantes de Valladolid y la más reciente Isabel I.

Para una pincelada de lo que supone el Sistema Universitario Español baste decir que en el curso pasado estaba formado por 83 universidades (50 públicas), por 1.042 centros universitarios (854 públicos), 115.071 profesores (87% en públicos) y por 1.412.673 estudiantes (88% en públicos). En Castilla y León el Sistema Universitario lo forman 9 universidades (4 públicas, Valladolid, Salamanca, León y Burgos), 94 centros (74 públicos) y por 80.583 estudiantes (88% en centros públicos).

Debemos preguntarnos ¿importa a alguien más que a nosotros mismos la Universidad?, ¿para qué sirve? La respuesta tradicional y que desde hace siglos se ha dado es que está y sirve para trasmitir, generar y difundir el conocimiento. Pero estamos ante un nuevo escenario, ante una nueva realidad, donde la Universidad no sólo debe trasmitir el conocimiento sino debe enseñar a crear, a innovar, a investigar y a emprender. El objetivo es modernizar la Universidad y hacerla adaptable a las necesidades sociales. Esto vino motivado, y obligado, por la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES, coloquialmente Bolonia), para reformar la estructura de las enseñanzas y crear un sistema europeo flexible de titulaciones comparable y equiparable entre países. Esto ha supuesto un cambio radical en el proceso de enseñanza-aprendizaje que no sólo afecta a los profesores y a sus métodos docentes, sino más profundamente a los estudiantes, con una implicación mayor y continua por su parte.

Con este fin, la Ley Orgánica 1393/2007 que modificaba la estructura de los estudios universitarios oficiales, determinó que los Grados serían de 4 años y los Master de uno. El esfuerzo de superar un Grado se mide en créditos, a razón de 60 por año. Cada crédito equivale a 25 horas de trabajo del estudiante. Esto es, un estudiante debe invertir 1.500 horas para superar cada uno de los años de su Grado.

Pero no todos los países adoptaron un sistema 4+1 y lo fijaron en 3 años de Grado y 2 de Master, al fin y a la postre los mismos 5 años de siempre. Mas es falso que sean países de segunda o de tercera los que tienen el sistema 4+1. Entre otros Suecia y Estados Unidos tienen Grados de 4 años y algunos países como Alemania están reabriendo el debate sobre la duración de los mismos.

La incertidumbre creada con el último Decreto, 43/2015, y que permite cambiar de nuevo el escenario y que haya Grados de entre 3 y 4 años crea más y más confusión e incertidumbre, no sólo entre los estudiantes y sus familias, también entre los profesores. La sensación de provisionalidad de todo el sistema es descorazonadora. No nos ha dado tiempo a valorar si lo estamos haciendo mal, muy mal, o quizá bien, para comenzar a cambiar de nuevo todo el sistema.
Pero la Universidad es debate y siempre está abierta a la confrontación de ideas, diría más, la Universidad siempre está y ha estado en crisis.

Pero son muchos los interrogantes que se plantean: de precios, de contenido o laborales. No me creo que los precios de matrícula serán los mismos en un sistema de 3+2. Actualmente el precio medio por crédito en Grado es de unos 20 euros y de Master de 60, un sencillo cálculo dice que hacer un Grado y un Master con el esquema actual de 4+1 costaría 8.400 euros (4.800+3.600) y con el esquema de 3+2 serán 13.200 (6.000+7.200).

En cuanto a los contenidos y las competencias claramente no podrán alcanzarse con un año menos. Los contenidos básicos que deben saber los estudiantes deberían de estar fijados y ser claros independientemente del Centro o Universidad donde se estudie, pero eso no es así. El Gobierno debería arbitrar como mínimo que al menos los mismos estudios tuvieran la misma duración en cualquier Universidad española.

Finalmente, en mi opinión, sería una vía rápida de adelgazar las plantillas de profesores al disminuir el número de alumnos en Grado.

Como reflexión sobre la pretendida libertad que se quiere dar a las Universidades en programar la duración de sus Grados, qué pensarían ustedes si un Instituto de enseñanzas medias (en su libertad concedida) decidiera que el Bachillerato en su Centro durará un año menos que en otra Comunidad, o que en otra provincia, o que el de al lado. Pues no se ustedes, yo pensaría que estamos locos. Eso lo permite el Decreto en vigor, aún.

Para terminar, quisiera detenerme en la valoración del impacto económico y social de la Universidad, algo que creo imposible y quimérico. La educación es una inversión, nunca un gasto. Valorar sus resultados como una empresa en términos de beneficio a final de año es imposible. Este hecho deberían tenerlo en cuenta algunos agentes sociales empeñados en ‘racionalizar’ estudios donde lo que ellos quisieran decir es cerrarlos porque no son rentables. Pero, ¿qué es rentable? Una investigación para desarrollar un nuevo sistema, un nuevo fármaco, una investigación social, puede mejorar el bienestar de muchos a medio plazo, y ¿eso cómo se cuantifica? Es un error y nos llevará a mercantilizar nuestra Universidad a corto plazo lo cual deberíamos impedir.

 

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