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Castilla y León: incremento de desequilibrios

CARMELO ROMERO CARMELO ROMERO
11/05/2016

 

«LIBERTAD, AMNISTÍA y Estatuto de Autonomía», fue uno de los lemas más coreados en las numerosas manifestaciones por plazas y calles de las ciudades españolas tras la muerte del dictador y durante los primeros meses de lo que terminaríamos denominando «transición democrática».

Lo de «Libertad y Amnistía», también se coreó, claro está, en ciudades y pueblos que ahora forman parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Lo de «Estatuto Autonomía» bastante menos y, en todo caso, con significados y aspiraciones muy diferentes. Al fin y al cabo la autonomía castellano-leonesa fue la última en tener Estatuto –marzo del 83- y su configuración territorial fue, como el tiempo en otoño, altamente incierta. ¿Acaso no hubo un tiempo en el que se consideró que Logroño y Santander debían formar parte de ella? ¿Acaso León y, más prolongadamente en el tiempo, Segovia no presentaron fuertes problemas para su definitiva integración?

Conviene tener presentes aquellos años y aquellas problemáticas de los cimientos no para conocimiento erudito del pasado, sino para entender y valorar presentes y proyectar futuros. Ciertamente la autonomía castellano-leonesa nacía con notables déficits de «sentimientos colectivos regionales» en relación con otras CCAA; bien, en unos casos –Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Aragón…– porque allí esos "sentimientos" ya estaban mucho más sólidamente conformados en las distintas provincias, bien, en otros –Cantabria, La Rioja, Murcia, Asturias, Madrid, Navarra-, porque quedaban configuradas como autonomías uniprovinciales y el «sentimiento de provincia» llevaba largo tiempo, desde 1833, asentado y consolidado.

Forjar, más que robustecer, un «sentimiento colectivo autonómico-regional» devenía así, en mi criterio, en la tarea fundamental, si se pretendía consistencia de futuro más allá del propio hecho administrativo y político determinado y obligado por la configuración de un nuevo sistema autonómico, frente al centralismo anterior, a nivel nacional.

Ni forjar ese tipo de sentimientos es fácil, ni tampoco medir sus grados de intensidad. En todo caso, forjar sentimientos colectivos desde nuevos marcos administrativos implica, cuando menos, tanto acercar e imbricar territorios como equilibrarlos.

No ha sido ésta, desde luego, la trayectoria de nuestra Comunidad Autónoma. Ni ha conseguido una mayor pujanza en el conjunto nacional ni un mayor equilibrio entre las provincias que la conforman. Todo lo contrario.

Los índices poblacionales no son, ciertamente, el único parámetro de medida, pero sí son índices muy significativos de hondas realidades socioeconómicas. En 1981, en la inmediata antesala por tanto del Estatuto de Autonomía, las nueve provincias contaban con algo más de dos millones y medio de habitantes; hoy, con algo menos. En una España que ha aumentado en estos 35 años nueve millones de habitantes, solo dos Comunidades Autónomas –Asturias y Castilla y León- han perdido población y, en nuestro caso, la que más: cien mil habitantes. Podrá argumentarse, y seguramente no sin razones, peculiaridades, problemáticas de la España interior…, pero lo cierto es que cualquier ciudadano percibe no solo una España más desequilibrada demográfica y socioeconómicamente, sino también que Comunidades Autónomas con parecidas problemáticas iniciales a las nuestras –Castilla-La Mancha–, han aumentado notablemente su población –cuatrocientos mil habitantes- y que aquellas otras que en los inicios se deseó que formaran parte de esta Comunidad y que decidieron ser autonomías uniprovinciales, también lo han hecho: Cantabria, setenta mil habitantes más y La Rioja sesenta mil.

No es extraño, más allá de botafumeiros oficialistas, que ciudadanos de algunas provincias, incluidas las que aceptaron sin rechistar formar parte de la Comunidad, puedan añorar lo que quizás pudieron ser –autonomías uniprovinciales– y no fueron. Y más, cuando lejos de equilibrarse demográficamente los territorios han aumentado notablemente los desequilibrios. En tiempos, como decimos, de pérdida demográfica en esta Comunidad, solo una provincia –Valladolid, convertida, no sin discusiones, en capital «centralizadora»- la ha aumentado notablemente; cuarenta y cinco mil habitantes. El resto, salvo Segovia y Burgos que prácticamente se han mantenido a la par con la que ya tenían, la han disminuido. Y notablemente. Más de veinte mil habitantes en cada provincia.

Equilibrar socio-económicamente a las personas depende prioritariamente de las políticas nacionales. Equilibrar a los territorios de una Comunidad, a las políticas regionales. Obviamente no ha sido esta la pretensión –o, si la ha sido, ha fracasado rotundamente de unos gobiernos autonómicos que desde 1987, una treintena de años, por tanto,– han estado monopolizados por el Partido Popular.

Si a aquellos distritos electorales que en la Restauración daban su confianza y sus votos a un mismo diputado durante legislaturas y legislaturas les hemos denominado cacicatos estables, es claro que un «cacicato estable» –fidelidades acumuladas, que se renuevan- ha sido y sigue siendo, como conjunto, esta Comunidad. Comunidad, por otra parte, que ha sido la única que ha proyectado a uno de sus presidentes –José María Aznar- al liderazgo de su partido y a la presidencia del gobierno nacional, y a otros dos a ministerios varios y a las presidencia del Congreso de Diputados –Jesús Posada- y del Senado –Juan José Lucas-. Para completar el póker de expresidentes catapultados a los ministerios de la nación solo falta, por ahora, el cuarto presidente que ha habido del PP, el actual, Juan Vicente Herrera. No es ilógico, dicho lo dicho, plantear si un ojo lo tenían puesto en la Comunidad que presidían y otro en la aspiración personal a participar en el Gobierno de la nación.

Nada es permanente ni inmutable. Tampoco, desde luego, en política ni en las formas de organización territorial de los Estados. Por ello considero que cuando haya un nuevo Proceso Constituyente en España– más tarde o más temprano lo habrá-, si esta Comunidad quiere seguir siendo, deberá haber variado antes, y muy radicalmente, un tipo de políticas que si hasta ahora le han servido para ser granero de votos del Partido Popular, no han servido en absoluto ni para un dinamismo socio-económico, en comparación con el conjunto nacional, ni para equilibrar, sino todo lo contrario, las provincias y territorios que la conforman.

Y es que, sin esos equilibrios, ni habrá –pese a que el tiempo transcurra- sentimientos colectivos de imbricación y pertenencia, ni proyectos de futuro capaces de ilusionar a los ciudadanos y de dar sentido a una forma, entre otras posibles, de organización política, administrativa y territorial.

 

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