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Castilla y León, confianza en el futuro

MARIO AMILIVIA MARIO AMILIVIA
13/04/2016

 

AL AMPARO DE la Constitución Española, que se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, y al tiempo reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, Castilla y León inició en 1979 su tramitación para constituirse en Comunidad Autónoma por el procedimiento del artículo 143 de la Carta Magna, que culminó con la aprobación de su Estatuto de Autonomía en 1983.

El camino hacia la autonomía de Castilla y León no fue una tarea fácil, históricamente, Castilla y León ha sido una de las comunidades autónomas con mayores problemas jurídicos y políticos a la hora de su constitución. No podemos olvidar que en la provincia de Segovia no se adoptaron los acuerdos pertinentes para su incorporación a la Comunidad, a causa de lo cual las Cortes Generales, por motivos de interés nacional, acordaron mediante Ley Orgánica su incorporación a Castilla y León. Ha de recordarse igualmente el contencioso de la provincia de León con dos acuerdos contradictorios de su Diputación Provincial, que dieron lugar a un recurso de inconstitucionalidad, desestimado por la Sentencia 89/1984 al entender que el originario proceso autonómico impulsado por los ayuntamientos y diputaciones era indisponible. Por último, reseñar también que fue la Sentencia del Tribunal Constitucional 99/1986 la que resolvió, de acuerdo con el Estatuto de Castilla y León, la vinculación del Condado de Treviño a nuestra Comunidad Autónoma.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León ha sido posteriormente objeto de tres modificaciones, en 1994, 1999 y 2007. Las dos primeras, consensuadas por las fuerzas políticas de ámbito nacional, transfirieron, fundamentalmente, competencias a las comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143, incluyendo entre ellas competencias tan sensibles, tan apegadas a los ciudadanos, como las de educación, sanidad y servicios sociales.

Solo la última reforma estatutaria del año 2007, una reforma consensuada por las fuerzas políticas de Castilla y León, se atrevió a definir finalmente lo que hasta ese momento no habían hecho los Estatutos precedentes, esto es, considerar la identidad de Castilla y León como una «comunidad histórica y cultural que tiene su origen en los antiguos Reinos de León y de Castilla», al tiempo que se definía como una "región de Europa" y reivindicaba su contribución decisiva a la «formación de España como Nación».

En definitiva, nuestra Comunidad, superó definitivamente el hecho provincial y se reivindicó como una Comunidad Histórica, no una región, nación o ‘realidad nacional’ como otras comunidades autónomas se han autodefinido, lo hizo con una fórmula que a mi juicio da satisfacción a todos sus territorios históricos. Hoy hablar de esta cuestión puede parecer algo superado, pero no podemos obviar que ha sido nuestra propia realidad.

Más que las acciones políticas concretas en esta materia, ha sido el ejercicio de competencias tan importantes como las mencionadas, que han llegado a todos los ciudadanos, lo que ha cosido nuestra Comunidad Autónoma con más fortaleza que ninguna declaración identitaria. En estos últimos años, incluso con la mayor crisis económica de nuestra historia, el ranking de Castilla y León en la prestación de los servicios esenciales ha tenido una de las mejores valoraciones en los llamados barómetros públicos, si no la mayor, entre las personas afectadas y los profesionales que los prestan. Y es que la Junta de Castilla y León ha dedicado más del 80% de su presupuesto a dichas prestaciones en el desempeño de lo que se ha venido en denominar como un autonomismo útil al servicio de los ciudadanos.

Ahora se plantea una nueva modificación del Estatuto; de nuevo pretende, como el anterior, un consenso desde Castilla y León, y entre las propuestas que se van a discutir se encuentra la de blindar los servicios públicos esenciales, de tal manera que el presupuesto autonómico quede vinculado a su realización efectiva. Creo que esta es la mejor medida para seguir avanzando en el reforzamiento de nuestra Comunidad. Nada se construye mirando hacia atrás, sólo apostando por el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos.

También se plantea modificar nuestra norma institucional básica para reforzar la calidad democrática en Castilla y León adoptando una serie de medidas, desconozco si contempladas en el Estatuto o en sus leyes de desarrollo, y que, en todo caso, deberán ser consensuadas por las fuerzas políticas. Suprimir prerrogativas parlamentarias, limitar mandatos, o modificar el sistema electoral pueden ser acuerdos y demandas ciudadanas, sin olvidar instrumentos tan importantes y tan útiles para Castilla y León como han sido el diálogo social e Instituciones de control externo adecuadamente dimensionadas en el tamaño de lo público. En todo caso, no debemos confundir vieja y nueva política porque precisamente frente a lo viejo se contrapone lo clásico, que es aquello que nunca envejece. Hay democracias en el mundo con siglos de existencia que sin necesidad de cambiar sus reglas básicas siguen dando signos de fortaleza y siendo referentes.

Finalmente, en el Estatuto se quieren consensuar soluciones para los problemas históricos de Castilla y León, que no son otros que el envejecimiento, la despoblación y una reforma en la Administración local que garantice una eficiente y eficaz prestación de los servicios públicos.

Hoy sin duda, el problema del envejecimiento y la despoblación en nuestra Comunidad Autónoma, tras la profunda crisis económica de ámbito internacional que hemos vivido, ha adoptado un perfil de una gravedad extrema. No solamente vemos despoblados nuestros pequeños municipios sino que asistimos con preocupación a la lamentable salida de muchos jóvenes de nuestra Comunidad. Si algo tiene que ser objeto de consenso por parte de todas las fuerzas políticas, son las medidas políticas, económicas y administrativas que palíen esta situación. En tal sentido, hoy alcanza más vigencia que nunca la llamada Agenda para la Población y el Pacto de Comunidad anunciado para luchar contra la despoblación. No existen varitas mágicas ni ocurrencias milagrosas, sólo el trabajo conjunto y decidido de todos, y cuando digo todos me refiero también a todas las Administraciones.

En cuanto a la reforma del nuevo modelo territorial, se requiere el mismo consenso o aun mayor que el señalado anteriormente. Flaco favor haríamos a nuestra Comunidad si hoy nos arrojásemos el modelo territorial los unos a los otros como un arma política. El futuro de nuestros municipios, de los servicios que pueden y deben prestar de una manera eficiente, se encuentra en la imprescindible reforma de la llamada gobernanza local, que no puede esperar más dilaciones en el tiempo. En este asunto se requiere también el sentido de Comunidad que se espera de todas las fuerzas políticas de Castilla y León. Se podrá discrepar del tiempo, de la forma de acometer unos y otros problemas, pero una mirada crítica de Castilla y León nos obliga ante estos problemas como ciudadanos y especialmente a las fuerzas políticas que nos representan a tener un auténtico, ejemplar y verdadero sentido de Comunidad.

Pero para que todas las medidas sean viables será necesaria una adecuada financiación autonómica. Castilla y León establece en su Estatuto que la financiación autonómica debe estar vinculada para garantizar los servicios sociales de los ciudadanos (dispersión, extensión territorial, baja densidad y envejecimiento de la población) frente a otras comunidades que en sus Estatutos pretenden vincularla al PIB o estrictamente a la población. Es claro que en este asunto también nos la jugamos como Comunidad que una vez más apuesta por los servicios sociales, lo que me parece de una extraordinaria sensibilidad.

Finalmente, otro objetivo de Castilla y León debe de ser eliminar progresivamente los desequilibrios económicos internos entre las provincias y los territorios de la Comunidad. A nadie se le escapa que nos viene a la cabeza en este contexto el problema, entre otros, de la minería. Para ello no podemos obviar que el Estatuto vigente establece la creación de un plan Plurianual de Convergencia Interior que puede ser el instrumento idóneo para el futuro.

No hay que confundir la confianza con el optimismo. La primera es la seguridad que se tiene en alguien o en algo. El optimismo es meramente voluntarista, puede estar o no fundado. La confianza puede llevarnos al optimismo, pero éste por sí mismo no genera confianza. Esta es una mirada que no pretende ser ni optimista ni pesimista, pero que cree que podemos seguir teniendo confianza en el futuro, en Castilla y León.

 

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