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Inhabilitada más de 8 años la alcaldesa de Gatón por alterar el censo para ganar

El juez rebaja la estimación del fiscal que pedía 1 año de prisión y 10 de inhabilitación por delitos contra el régimen electoral y prevaricación / Empadronó a 13 personas para garantizarse la reelección en 2015

SANTIAGO G. DEL CAMPO / VALLADOLID
12/06/2019

 

El Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid ha condenado a la alcaldesa aún en funciones de Gatón de Campos, Ana María Gago, (PP), a ocho años y cinco meses de inhabilitación, por un delito contra el régimen electoral y otro de prevaricación administrativa cometido por omisión, ambos en 2015. Rebaja así considerablemente la petición de penas del fiscal, que interesaba un año de prisión y multa de 2.700 euros por la primera infracción penal, y diez años de inhabilitación por la segunda.

Esa inhabilitación comporta, también, el derecho de sufragio pasivo, una privación que bien poco puede importar a la regidora, ya que no se presentó a las elecciones municipales del mandato que comienza el próximo sábado. Ese día la relevará en el cargo su compañero de partido, Alfredo Castro, ya que el PP ha vuelto a conseguir una mayoría absoluta en estos comicios. O más bien mayoría plena, tres ediles de tres, con un resultado de 19 votos de los 20 emitidos. El único voto restante se lo anotó en ese municipio el PSOE.

Más disputados estuvieron los comicios de 2015, aunque su partido obtuvo, igual que el pasado 26 de mayo, los tres concejales que forman la Corporación. En aquella ocasión la ‘amenaza’ era Candidatura Independiente - Coalición de Centro Democrático (CI-CCD), que obtuvo 10 votos de los 38 emitidos. En esa ocasión, el Partido Socialista no cosechó ni siquiera uno. Sin los 13 votos ‘trampeados’ del censo, Gatón hubiera sido igualmente alcaldesa, con mayoría absoluta.

La vista oral contra Gago se celebró el pasado 22 de mayo, por la alteración maliciosa del censo con el objetivo de ganar las elecciones municipales de 2015. El fiscal la señaló también como autora, por omisión, de un delito de prevaricación administrativa, al permitir 13 empadronamientos en 2014, cuando «sabía que eran irregulares», afirmó el Ministerio público.

El juez considera probados los hechos, que se remontan al año 2014 (en el mandato 2011-2015), cuando la acusada ya era alcaldesa de Gatón de Campos, un pequeño municipio de 34 habitantes, a 10 kilómetros de Villalón.

En enero de 2014 el municipio contaba con sólo 29 electores.Las municipales se iban convocar al año siguiente y para participar en ellas, según la normativa, debía utilizarse el censo cerrado a 31 de diciembre de 2014. Así, a lo largo de ese año, siempre según lo relatado por el Ministerio público, se presentaron en el Ayuntamiento de la localidad 16 solicitudes de empadronamiento, 13 de las cuales tuvieron entrada entre el 24 de noviembre y el 31 de diciembre.

«Estas trece solicitudes corresponden a personas que, aun habiendo nacido en Gatón de Campos o teniendo vinculación familiar y casa en dicha localidad, no residían de modo habitual allí, sino que pasaban en la misma periodos de vacaciones y fines de semana», detalló el escrito del fiscal cuyos hechos el Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid ha considerado probados.
Esos empadronamientos, como corrobora la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, se realizaron sin otra finalidad que votar en dichas municipales. Algunos de los inscritos en el censo son familiares directos, o por afinidad, de la alcaldesa ahora condenada, «y la mayoría de ellos se desempadronaron tras la celebración de las elecciones».

La sentencia señala los hechos como constitutivos de dos ilícitos penales. En primer lugar, de un delito contra el régimen electoral por alteración maliciosa del Censo electoral, previsto en el artículo 139.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). En segundo lugar, un delito de prevaricación administrativa, descrito en el artículo 404, en relación al artículo 11 del Código Penal, es decir, en comisión por omisión. Esa omisión se basa en que la alcaldesa desoyó las advertencias de subsanación de irregularidades que solicitó la Oficina del Censo Electoral.

Por ello, el fiscal solicitó dos penas distintas, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Por el delito contra el régimen electoral, el Ministerio público solicitó la pena de un año de prisión, con privación del derecho de sufragio pasivo durante dicho periodo, y nueve meses de multa con una cuota diaria de 10 euros (total, 2.700 euros). Por el delito de prevaricación administrativa, solicitó la pena de inhabilitación especial para cargo público de concejal y, por ende, de alcalde, así como para el derecho de sufragio pasivo, durante un periodo de diez años. Unas penas que finalmente han sido rebajadas a ocho años y cinco meses de inhabilitación.

La acusación pública aseguró que la acusada «conocía personalmente a todos y cada uno de los solicitantes» del censo, y por ello «sabía perfectamente que no residían habitualmente en el pueblo y que, por tanto, no reunían las condiciones para ser empadronados». Sin embargo, «consintió dicho empadronamiento sin poner objeción alguna».

El 3 de febrero de 2015, la Oficina del Censo Electoral, alertada ante el anómalo aumento de un 40% de personas empadronadas en Gatón de Campos el mes anterior al cierre del padrón que iba a servir de base para confeccionar el censo de votantes, dirigió un requerimiento a la alcaldesa de la localidad para que, en el plazo de 10 días, remitiese un informe explicativo de las causas de dicho incremento.
Como tal requerimiento no fue cumplimentado, la Oficina insistió. El 4 de marzo de 2015, tras recibir información «errónea o reiterativa» y «sin ninguna explicación», insistió. El 9 de marzo la alcaldesa remitió 12 declaraciones juradas, once de las cuales aseguraban residir en Gatón de Campos.

 

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