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La excúpula de Economía sigue imputada en la Perla Negra al existir indicios de criminalidad

El auto de la Sección Cuarta valida las diligencias del Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid y entiende que «tiene entidad suficiente para que se abra juicio oral contra los investigados», entre ellos Delgado y Hernández

J. AYUSO SANTAMARÍA VALLADOLID
08/10/2019

 

Ya lo adelantó Javier Carranza, presidente de la Audiencia Provincial, el caso de la compra del edificio de usos múltiples de la Consejería de Economía y Hacienda en Arroyo,, junto a los terrenos del polígono de Portillo, el conocido como caso ‘Perla Negra’ «está a punto» de llegar. La Sección Cuarta de la Audiencia mantiene todas y cada una de las imputaciones ya que ve indicios suficientes de criminalidad, según recoge el auto, en el que se rechazan todos los recursos presentados por los investigados, entre ellos los ex viceconsejeros Rafael Delgado, Begoña Hernández y los hermanos Esgueva, Francisco y Alberto. También tumba el recurso del PSOE y descarta incluir en la causa el alquiler de la oficina de Bruselas. El escrito valida la instrucción del juzgado 2 de Valladolid y entiende que «tiene entidad suficiente para la apertura de juicio contra los investigados».

La defensa de los imputados recurrió el auto alegando que el juez instructor no había realizado un análisis completos y exhaustivo de las diligencias probatorias. Ante esto, la Audiencia Provincial de Valladolid defiende el trabajo realizado de forma «pormenorizada, detalladísima y concienzudamente» y justifica que el auto recurrido «contiene todos los elementos requeridos jurisprudencialmente para ser considerado ajustado a derecho».

En el documento, se incide en que «cada uno de los temas fundamentales en los que se estructura la investigación es clara» y expone que ésta realiza «un relato absolutamente pormenorizado de qué hechos se entienden cometidos y por quién». Según se expone, el auto recurrido contiene «referencia a informes policiales, del Grupo de Delincuencia económica BPPJ, informes de la IGAE e información sobre cuestiones relativas a la ocupación de cargos y facturación de la Junta de Castilla y León».

En la resolución del recurso se considera que las «diligencias de prueba» se tienen que «desarrollar plenamente en Juicio Oral, y de las que, contra lo mantenido en los recursos, esta Sala entiende que se derivan indicios racionales de criminalidad».

La Audiencia de Valladolid incurre en que el auto se trata de «un filtro procesal que evita acusaciones sorpresivas o infundadas, en la medida en que, solo contra quienes aparezcan imputados por los hechos recogidos en el mismo, cabe dirigir la acusación, con lo que dicha resolución, que exterioriza pormenorizadamente los indicios contra cada uno de los investigados, cumple dicha función escrupulosamente».La lista investigados incluye a doce personas que ocuparon altos cargos en la Consejería de Economía y a empresarios.

En la cúpula de la Consejería estarían presuntamente implicados en la trama Begoña Hernández y Rafael Delgado, ambos viceconsejeros, Juan Carlos Sacristán Gómez, que fuera consejero delegado de Gesturcal-ADE Parques; el director gerente de Gesturcal, Salvador Molina Martín, quien también era director general de Proyectos de Polígonos Industriales; el director financiero de ADE Parques y Gesturca, Francisco Armero; y Alberto Esgueva, director de la División de Internalización de ADE. A estos, se le añaden los empresarios Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Francisco Esgueva –hermano de Alberto Esgueva–, Luis Ángel Rodríguez Herrero, Carlos González Maestro y Luis Antonio Recio García, vinculados con las empresas Urban Proyecta, Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba.

Los delitos a los que se enfrentan son revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y cohecho. Los hechos de los que se les acusan, según el autor del magistrado César Gil Margareto, es que la ex cúpula de la Consejería de Economía actuó, supuestamente, en connivencia y de acuerdo con distintos empresarios, tanto de Urban Proyecta como de Parque Empresarial de Portillo, para favorecer a estos últimos en la compra del macroedificio situado en la salida de Valladolid hacia Tordesillas por la A62.

En el escrito se deja claro que «pese al incumplimiento de las condiciones relacionadas con los informes de tasación», se firmaron dos contratos de arrendamiento y finalmente un contrato de compra por un precio muy superior al barajado en la opción de compra primera, esos más de 52 millones. La actuación presuntamente delictiva de los investigados se habría registrado igualmente en el proceso de compra de terrenos en Portillo para un polígono industrial, adquisición por la que la Junta de Castilla y León acabó desembolsando más de 34 millones.

Además, la misma sala también rechaza los recursos de apelación presentados por el PSCyL y la Fiscalía. El escrito de los socialistas, que presentaron en febrero, pedía que se incluyera en la investigación el ‘palacete’ que se adquirió para ejercer de embajada de la Comunidad en Bruselas.

La Audiencia justifica la negativa argumentando que «dada la complejidad y lo prolongado en el tiempo de instrucción, ninguna otra actividad instructora debe efectuarse». Con esto se refiere a que no se debe continuar con ninguna actuación en lo relacionado con el arrendamiento de la sede de la Junta a la empresa Colovis S.A. en Bruselas por parte de ADE Europa «dado la tardía introducción de la cuestión».

El otro recurso rechazado, que presentaron la Fiscalía y PSOE y en el que se pedía que se mantuviera como investigado a Jesús Jiménez Miguel. La acusación pública apelaban a que éste como alto cargo de Gesturcal autorizaba pagos a Parqueolid sin llegar a pasar por el Consejo de Administración.

La Audiencia Provincial expone que no hay indicios suficientes de que Jímenez Miguel tuviera «decisión alguna sobre el abono de las facturas a Parqueolid, sino que, lo que se desprende de la instrucción, es, únicamente, que intervino en las negociaciones sobre la venta de parcelas a posteriori, pero sin capacidad de decisión, porque las decisiones las habían tomado, indiciariamente», Rafael Delgado y Begoña Hernández.

REACCIÓN DEL PSCyL

Tras conocerse la resolución del recurso presentado, Patricia Gómez, secretaria general de Grupo Parlamentario Socialista en la Cortes, valoró positivamente que se vaya abrir juicio oral sobre el caso de ‘La Perla Negra’ aunque no se estimase en la causa final el arrendamiento de embajada de Castilla y León en Bruselas.

La socialista quiso remarcar las puntualizaciones que recoge el auto en que se especifica el caso como complejo y que su investigación se ha alargado en el tiempo, motivos dados por la Audiencia Provincial para desestimar el recurso. Gómez no indicó si su formación tratará de aportar alguna medidas tras conocer la resolución.

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