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Absuelto de prevaricación el ex alcalde socialista de Cabezón

El Juzgado considera probadas las irregularidades pero descarta responsabilidad penal porque el regidor y el arquitecto desconocían que su modo de actuar era ilegal

SANTIAGO G. DEL CAMPO / CABEZÓN
28/11/2018

 

El Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid ha absuelto al ex alcalde socialista de Cabezón de Pisuerga, Antonio Torres, y al arquitecto municipal, Ignacio Morrós, de los delitos de prevaricación y de tráfico de influencias, en la causa sobre las obras de un centro cívico en la localidad. El fallo, al que tuvo ayer acceso este periódico, fue dictado el pasado 12 de noviembre.

Pese a que el documento considera probada la existencia de irregularidades en la contratación de la obra, la juez titular descarta que hubiera responsabilidad penal, puesto que actuaron desconociendo que su proceder era ilegal. Y es que el articulo 404 del Código Penal, que tipifica la prevaricación –como explica la sentencia–, exige que el cargo público no sólo dicte una resolución injusta y arbitraria, sino además que lo haga «a sabiendas».

El proceso comenzó en octubre de 2013, cuando el ex alcalde Víctor Manuel Coloma, del Partido Popular, interpuso una querella por unos hechos que ocurrieron en 2007. El Ayuntamiento, gobernado en ese año por el PSOE, había encargado la redacción de un proyecto para la construcción de un centro cívico sobre una parcela que no era propiedad del Ayuntamiento, sino de un particular. Pese a los intentos del Consistorio por adquirir la misma, nunca llegó a ser municipal.

Coloma había denunciado que el proyecto fue adjudicado «a dedo», sin haber sido sacado a licitación pública, al arquitecto municipal y a su compañero de estudio, existiendo una posible causa de incompatibilidad.

Ese modo de contratar «vulneraba la Ley de Contratos de la Administración Pública», subrayó Coloma, puesto que el importe del contrato ascendía a 113.000 euros. Junto con ese proyecto básico, el Ayuntamiento adjudicó también otros proyectos complementarios, de coordinación de seguridad y salud, de climatización, de fontanería y saneamiento, de telecomunicaciones, y un estudio geotécnico. «La suma de todos esos trabajos, abonados por el Ayuntamiento, asciende a 144.000 euros», explicó el hoy portavoz del PP en la Corporación Municipal. «El importe previsto para la obra contemplada en ese proyecto superaba los tres millones».

El pasado 17 de octubre tuvo lugar la vista oral, en la que declararon los dos imputados, así como varios funcionarios y ex funcionarios del Ayuntamiento, los técnicos redactores de los proyectos y el propio Coloma, que actuó como acusación particular.

Tras la vista, el Ministerio Fiscal mantuvo la misma petición de pena que durante todo el proceso. Para Torres, acusado de un delito de prevaricación, una pena de ocho años de inhabilitación, mientras que para Morrós, acusado de un delito de tráfico de influencias, una multa de 80.000 euros y diez meses de prisión.

«Según la sentencia, queda acreditado que se cometió una ilegalidad; que Antonio Torres adjudicó ‘a dedo’ un proyecto de más de 100.000 euros al arquitecto municipal, cuando el límite para la adjudicación directa estaba fijado en 12.000 euros», aseguró ayer Coloma. «También se acredita el perjuicio económico para el Ayuntamiento, puesto que el proyecto nunca se pudo materializar porque el nunca llegó a adquirir la propiedad del suelo».

La jueza absuelve al ex regidor porque no se da el elemento subjetivo del delito. En esta decisión fue clave la declaración de la que era secretaria del Ayuntamiento en 2007, Rosa María Marcos, que se encontraba de baja cuando se produjeron los hechos. Según esta funcionaria, en otras ocasiones ella informaba al alcalde sobre el procedimiento a seguir en estos supuestos de contratación, pero al estar de baja y no existir un secretario con habilitación estatal en el Consistorio en ese momento, el alcalde desconocía el procedimiento. Así, el ‘delito’ de prevaricación cuya posible comisión se juzgaba pasó a considerarse ‘ilegalidad administrativa’.

El mismo criterio utilizado para el alcalde se fija en la sentencia para el arquitecto municipal, que no era plenamente consciente de actuar en contra de la legalidad, y se le declara absuelto del delito de tráfico de influencias.

Eso sí, el texto advierte que la encomienda del proyecto básico y de ejecución y dirección de las obras a Morrós y su socio, y otros contratos relacionados, «atendiendo al importe de las facturas giradas no podían considerarse como contratos menores, y por tanto no podían haberse encomendado de forma directa por el alcalde».

Contra esta sentencia «cabe interponer recurso de apelación», advirtió ayer Coloma a este periódico. El portavoz del PP no había decidido si efectivamente lo interpondrá o no.

 

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