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Supervisión por las Cortes del Consejo del Diálogo Social

EDITORIAL
29/01/2018

 

EL DIÁLOGO SOCIAL es desde hace tiempo una seña de identidad de Castilla y León, como acostumbra a subrayar el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Este instrumento de interlocución entre el Ejecutivo autonómico y los agentes sociales y empresariales de la Comunidad cobró forma como órgano permanente en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007, con la creación de un Consejo integrado por Junta, sindicatos y empresarios.

Sus antecedentes se remontan a la época de Juan José Lucas como presidente del Gobierno autonómico, aunque el modelo tomó más fuerza a partir de noviembre de 2001, con Herrera recién llegado al Ejecutivo, mediante la firma del Acuerdo para el impulso del Diálogo Social en Castilla y León.
Desde entonces, han sido más de 60 los distintos pactos alcanzados entre la Junta y los representantes sindicales y empresariales, de muy diverso contenido: desde los laborales, hasta los relacionados con la industria, pasando por todo un abanico de asuntos sociales como la vivienda, la dependencia, la educación o la protección a las familias vulnerables. Tras la creación del Consejo del Diálogo Social, recogida en una ley de 2008, han visto la luz 29 acuerdos que el Ejecutivo regional ha trasladado después a leyes, estrategias, planes, programas...

La mayoría de ellas han pasado posteriormente por el Parlamento autonómico, pero el Legislativo no disponía hasta ahora de ningún cauce de información oficial para conocer el trabajo que estaba desarrollando el Consejo del Diálogo Social. Ahora, a iniciativa de este mismo órgano, se corregirá esta carencia y las Cortes regionales podrán disponer de un procedimiento de supervisión en el seno de la Comisión de Empleo.

Para ello, los cinco grupos parlamentarios –popular, socialista, de Podemos, Ciudadanos y Mixto– han suscrito una Proposición No de Ley, registrada el pasado viernes en la Cámara y que tendrá que ser llevada a pleno. En ella, se insta al Gobierno regional a que solicite, al menos con carácter anual, la comparecencia del consejero de Empleo ante la mencionada comisión para informar de los acuerdos del Consejo del Diálogo Social, su seguimiento y su evaluación. También podrán acudir, a solicitud de los grupos, otros vocales del Consejo con la misma finalidad.

Los portavoces explican que el Consejo debe avanzar en transparencia y en la difusión pública de sus funciones. Y, como bien añaden, qué mejor forma de hacerlo que a través de los representantes de los ciudadanos en el Parlamento regional. Es sin duda un paso importante en aras de esa transparencia y porque el Legislativo no puede ni debe ser ajeno a unos acuerdos de la relevancia de buena parte de los que se alcanzan en el Consejo del Diálogo Social.

 

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