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Sentencia ajustada a derecho pero no a la realidad

EDITORIAL
07/02/2018

 

EL TRIBUNAL SUPERIOR de Justicia de Castilla yLeón acaba de anular el Plan del Lobo de Castilla y León, y de paso meter en un grave problema a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Conviene recordar que este plan entra en vigor a través un decreto de 2016, después de que hubiera que modificar parcialmente el anterior.

En sus argumentos jurídicos, el Alto Tribunal de Castilla y León señala que «la normativa no se atiende al procedimiento debido», , además de remarcar la falta de informes «independientes» que avalen y aconsejen el establecimiento de «las medidas de control y aprovechamiento cinegético» dispuestas en la normativa.

Una «mera acta de la sesión» del Consejo Regional de Medio Ambiente sustituyó, como recoge el fallo, el informe requerido de este organismo. En esta línea, se denuncia «con el mismo carácter de omisión» la carencia del documento informativo del Comité Técnico de Seguimiento del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en la Comunidad. El TSJ incide en la falta de «motivación suficiente y técnica» que justifique el contenido del decreto que lo regula.

Argumentos jurídicos, a los que añade la inexistencia de «estudios previos, serios y rigurosos» de su incidencia en el medio natural, como tampoco se señalan, a decir de la sentencia, la consistencia de los «seguimiento de manadas llevados a cabo a los que en el texto se referencia». También anota una falta la «comprobación de las poblaciones» de lobos; de hecho, «ni siquiera se hace referencia a un estudio previo de su incidencia en la especie». Todos ellos argumentaciones jurídicas, perfectamente ajustadas a derecho, pero no a la realidad que se vive en muchos lugares de la montaña de Castilla y León donde lo que está en peligro de extinción son las personas, como demuestra la sangría de población. Territorios en los que la única alternativa pasa por una ganadería, que es necesario proteger también frente a una especie que, evidentemente debe proteger, pero que genera una problemática a solucionar. Si ya bajo control es difícil de solventar, sin el problema es aún de mayor magnitud.

Ahora, la Junta y los técnicos deberán corregir el plan del lobo para adaptarlo a la legalidad, pero se hace obligado conciliar esta legalidad con la realidad que se vive en esas zonas que ven en la ganadería, que el lobo amenaza, su única salida de supervivencia.

Europa, no esta sentencia que está ajustada a derecho, se tiene que hacer cargo de estas pérdidas por que su legislación sobre la protección de las especies no puede recaer sobre el bolsillo de los castellanos y leoneses. Como sucede, por ejemplo, en esos 5,5 millones de euros, ahí es nada casi mil millones de las antiguas pesetas, que se gasta en un censo del urogallo, aunque falta que todavía se aviste alguno.

 

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