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Nuevo varapalo judicial que pone en jaque el plan del lobo

EDITORIAL
16/05/2018

 

NUEVO VARAPALO JUDICIAL contra el plan de caza del lobo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y van ya demasiados. Tantos que desde la Consejería de Fomento yMedio Ambiente se tiene que dejar de mirar para otro lado y tomar cartas en el asunto. Ya no vale el que se puede recurrir, aunque evidentemente está en su mano. O, al menos, no es posible que ese sea sólo el argumento que se esgrime una y otra vez.
Resulta evidente que algo no se está haciendo del todo bien cuando, una y otra vez, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León atiende los recursos de los conservacionistas y tumba los diferentes planes de caza del lobo. Y eso, precisamente, esos fallos en su normativa es lo que se tiene que analizar desde el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, para tratar de subsanarlos y sacar a la luz un plan con todos los predicamentos legales que haga imposible que pueda plantearse siquiera un recurso contra el mismo.
El auto de ahora suspende la resolución dictada por la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprueba el plan de aprovechamientos comarcales de lobo para las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019. La medida cautelar supone un «precedente», al resolver el tribunal «por primera vez» que la medida tendrá efectos prácticos en la población de lobos, ya que impide que se continúe con la caza del animal en tanto en cuanto el TSJ no resuelva definitivamente qué hacer con la nueva orden.
En las motivaciones, el auto recoge el hecho de que la resolución que se discute se basa en disposiciones normativas anteriores que han sido anuladas antes por la misma sala. Sentencias que, según se expone, parten de un mismo presupuesto, que hace que el lobo no puede ser considerada una especie cinegética, porque para ello es necesario que en atención a sus niveles poblacionales, distribución geográfica e índice de reproductividad, puede ser objeto de caza, y tal exigencia o garantía no consta cumplida, por no obrar en el expediente informativo los informes que lo avalen. La sala entiende que las alegaciones de la administración para defender el plan son genéricas y no considera acreditados los perjuicios a los que se aluden.
Además, mantiene que las sentencias dictadas, aún no siendo firmes, aportan los suficientes elementos de juicio para «poder sostener» que ejecutar la resolución paralizada «puede ocasionar perjuicios de imposible o difícil reparación».
_Argumentos jurídicos todos ellos que evidencian los fallos en la orden y en los recursos contra las sentencias que la cuestionan y que suponen un varapalo judicial que pone en jaque en plan del lobo.

 

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