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Marcha atrás en la prohibición de las gasolineras sin empleo

EDITORIAL
06/02/2018

 

EL GRUPO Parlamentario Popular dio ayer oficialmente marcha atrás a la decisión de prohibir las gasolineras que no tengan empleados. Estaba cantado que la Comisión Europea tenía a España y a otros países en el punto de mira de una decisión que provocó contestación social en la Comunidad autónoma porque causaba perjuicios a diferentes colectivos, sobre todo a los agricultores.
La decisión de rectificar y modificar la reforma del Estatuto de los Consumidores viene promovida desde la propia Administración central que pidió a la Junta de Castilla y León que abordara lo antes posible un cambio legislativo para evitar un expediente sancionador, como le había ocurrido a Italia y a Grecia.
Aunque ha transcurrido casi año y medio desde que se publicó en el Bocyl la reforma, este giro del Grupo Popular, que se une ahora a la pretensión de Ciudadanos, debe ser bienvenido. Sobre todo, porque frena otros posibles inconvenientes e incluso multas que podrían tener un coste mayor para el erario público.
No obstante, este giro debe ir acompañado con explicaciones e incluso compensaciones a todas aquellas entidades que hayan podido ser expedientadas por acatar la ley y/o verse obligadas a contratar a empleados en contra de lo que marca el derecho comunitario.
Es fundamental que los grupos que en su día defendieron esta prohibición faciliten ahora la aprobación de la Proposición de Ley que ayer anunció en las Cortes el portavoz del Grupo Popular,Raúl de la Hoz.
Castilla y León se alineará así a otras regiones y países que, habiendo prohibido este tipo de gasolineras, han reculado y corregido su posición para que la normativa sea compatible con el derecho de la Unión Europea.
El giro no sólo da la razón a Ciudadanos, sino también a la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León que lanzó una iniciativa legislativa popular con el respaldo de 16.000 firmas. También se alinea con la Comisión Nacional de la Competencia que advirtió de que algunas comunidades estaban poniendo barreras desproporcionadas a las gasolineras y obligaba a eliminar este tipo de normativa.
Puede ser que algunos de los argumentos de quienes promovieron esta prohibición tuviera una finalidad loable, pero sería bueno que antes de tomar este tipo de decisiones se analizaran los cambios más en profundidad y, sobre todo, se estudiara si la reforma atenta contra legislaciones como la europea que nos afectan. La marcha atrás que ahora se anuncia frena al menos otros males mayores que hubieran tenido si no es por la contestación social o por la instigación del propio Ejecutivo central a la Junta.

 

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